CIUDAD DE MÉXICO (apro). –Este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene programada la discusión de un amparo a favor de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), quienes fueron víctimas de desaparición forzada el 25 de mayo de 2007, por parte de elementos del Ejército mexicano.

El proyecto realizado por la ministra Margarita Ríos Farjat propone confirmar la sentencia emitida por una juez de amparo en la que destaca la orden de que los militares que trabajaron en Oaxaca, lugar de donde desaparecieron los activistas, durante el mes de mayo de 2007 rindan declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR) y que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval publique un extracto de la resolución en un diario de circulación nacional.

Cruz Sánchez y Reyes Amaya fueron víctimas de desaparición forzada durante un operativo militar realizado en un hotel de Oaxaca en el que participaron elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), policías ministeriales y de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca.

En la época, el estado era gobernado por Ulises Ruiz Ortiz a quien las comunidades indígenas de la región, maestros, campesinos y proletariados de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), pedían su renuncia.

Mientras que, al haber sido un operativo militar, este debió ser del conocimiento del entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa, quien el año anterior acababa de declararle la guerra al narcotráfico que provocó un incremento en las desapariciones y homicidios en el país.

El asunto será discutido en la Primera Sala donde se requieren sólo tres votos para avalar la propuesta de la ministra Ríos Farjat que incluye además la confirmación de que las autoridades del estado de Oaxaca y del Ejército mexicano fueron responsables de privar de la libertad a los activistas, violar su integridad personal y, en caso de acreditarse, privarlos de la vida.

Así como la orden de realizar una investigación científica, pronta, seria, diligente y exhaustiva y que por ello, las víctimas y sus familiares tienen derecho a la reparación integral del daño a través de diversas medidas, tales como la orden de que la FGR reconozca a la Comisión Especial de Búsqueda para coadyuvar al ministerio público en las diligencias para localizar a los activistas.