CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Autoridades de Estados Unidos entregaron a elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) al exgobernador de Chihuahua, César Duarte para ser procesado en México por asociación delictuosa y peculado por 96.6 millones de pesos.

Fuentes federales confirmaron que esta tarde el exmandatario estatal fue entregado en el aeropuerto de Miami, Florida para concretar la extradición por la que será puesto a disposición de un juez de Chihuahua.

De acuerdo con la FGR, desde 2018 el gobierno de Chihuahua entregó a la federación las carpetas de investigación y órdenes de aprehensión emitidas contra el exmandatario estatal por diversos delitos pero no fue sino hasta el año 2019 que el caso fue reactivado.

De este modo, el 8 de octubre de 2019, la juez de control del distrito judicial Morelos, en Chihuahua, emitió orden de aprehensión por peculado y asociación delictuosa.

Por ello, desde el 18 de diciembre la FGR solicitó el apoyo a la Secretaría de Relaciones Exteriores para tramitar la solicitud de extradición ante el gobierno de Estados Unidos, proceso que culmina hoy con la entrega del ex gobernador.

La gobernadora de Chihuahua Maru Campos anunció que el exgobernador César Duarte ya fue extraditado.

"Tal como he dicho en distintas ocasiones, les reitero que en mi gobierno no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores", informó la mandataria. 

Será enviado a Chihuahua 

La FGR informó que una vez en territorio mexicano, el exgobernador será puesto a disposición de las autoridades de Chihuahua.

“Será la Fiscalía General de la República la que conforme a sus facultades y atribuciones procederá a la entrega del reclamado a las autoridades del Estado de Chihuahua a fin de que pongan al señor César “D” a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, de dicha entidad, en virtud de que el 8 de octubre de 2019, libró la orden de aprehensión en contra del reclamado y ante quien se iniciará el proceso penal correspondiente”, señaló mediante un comunicado.

“A dicha persona se le acusa de que presuntamente, en acuerdo con diversos servidores públicos y personas ajenas a la función pública, logró efectuar acciones que resultaron en el desvió de recursos públicos por la cantidad de más de 96 millones de pesos mexicanos, extraídos entre los años 2011 y 2014”, subrayó.