CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El colaborador del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez y actual director de la Promotora Turística del gobierno de Guerrero (Protur), José Luis González de la Vega Otero, promueve junto a inversionistas del estado de Puebla, un desarrollo turístico en la región de la Costa Chica donde actualmente grupos armados se disputan el control del trasiego de drogas para abastecer el mercado de consumo de cocaína en el puerto de Acapulco.

En dos años, la Secretaría de Marina (Semar), ha decomisado más de tres toneladas de cocaína en las playas de la región Costa Chica y detenido a más de cinco personas personas de origen mexicano, colombiano y ecuatorianos que transportaban el alcaloide en lanchas tipo Imemsa con doble motor fuera de borda, indican reportes oficiales.

Incluso, el pasado 5 de julio de este año, guardias comunitarios del poblado pesquero de Barra de Tecoanapa, municipio de Marquelia, localizaron un submarino emergido en el mar. La embarcación elaborada con fibra de vidrió tenía una longitud de al menos 20 metros y al interior, solo encontraron bidones para combustible.

Desde el viernes 12, han ejecutado a una decena de personas en distintos hechos violentos registrados en los municipios de Acapulco, San Marcos y Copala que exhiben una batalla por el control de las rutas marítimas y terrestres de la cocaína que arriba a la Costa Chica y se concentra en en el principal destino turístico de Guerrero.

Ayer fue localizado un auto incendiado y en su interior un cuerpo calcinado, sobre el camino que conecta la cabecera municipal de San Marcos y el balneario de Tecomate Pesquería y un día antes fueron dejados los cuerpos de cuatro hombres desmembrados en Acapulco y uno más en las inmediaciones del balneario de Playa Azul del municipio de Copala.

En estos crímenes, las autoridades ministeriales encontraron mensajes escritos en cartulinas y firmados por la misma persona que se define como El comandante 18 y advierte sobre un recrudecimiento de la violencia y una guerra entre los miembros del Cartel Independiente de Acapulco (CIDA), y un remanente del cartel de los Beltrán Leyva.

Precisamente en esta franja costera de los municipios de San Marcos, Copala y Marquelia, el gobierno de Evelyn Salgado Pineda impulsa un desarrollo turístico enfocado en la construcción de viviendas de lujo, hoteles y centros recreativos pese a la violencia generada por el trasiego de drogas al puerto de Acapulco.

El proyecto 

El pasado 26 de octubre, el actual director de Protur en Guerrero, José Luis González de la Vega Otero recibió en sus oficinas de Acapulco, a funcionarios municipales de la Costa Chica, así como a “inversionistas” procedentes del estado de Puebla.

A través de redes sociales, el organismo público responsable de adquirir, administrar y comercializar las reservas territoriales que serán los nuevos polos turísticos en Guerrero informó que durante el  encuentro se acordó que el gobierno de Salgado Pineda va a reforzar la ruta del proyecto de infraestructura turística denominado Costera Acapulco - Sur San Marcos.

Este proyecto tiene el propósito de “ser un polo turístico de interés internacional, que detonará a la región de la Costa Chica como ejemplo nacional en inversión inmobiliaria del sector turismo”, señaló la oficina de González de la Vega Otero.

“En el encuentro, el director de PROTUR, saludó a parte del gabinete de ese municipio y abundaron en la consolidación de las áreas de oportunidad para atraer más inversiones, derrama económica y empleos directos e indirectos para esa zona de Guerrero”, señala el comunicado oficial de Protur.

Desde el gobierno de Héctor Astudillo, se impulsó este proyecto  turístico en los balnearios de Tecomate Pesquería del municipio de San Marcos y Playa Azul en el municipio de Copala y se mencionó como los inversionistas a Gabriel Posada Cueto de Grupo Proyecta; Raúl Morales de Grupo Mercatus y Eduardo Sánchez Navarro de Grupo Questro, todos procedentes del estado de Puebla.

El proyecto en esa franja costera contempla parques ecológicos; campos de Golf; hoteles; estancias para el descanso; áreas de recreación; turismo de aventura y deporte hípico, y se considera como el complejo turístico inmobiliario más importante de Guerrero y México.

La labor del gobierno estatal se va a enfocar en “brindar apoyo” a los inversionistas con el objetivo de desarrollar la zona costera, pese a que esta zona costera es lugar de arribo de cargamentos de cocaína procedente de Sudamérica y actualmente está sumida en una crisis de violencia.

La trayectoria 

En marzo de 2014, José Luis González de la Vega Otero fue designado como secretario particular de César Duarte Jáquez, el exgobernador de Chihuahua que en los próximos días será extraditado de Estados Unidos a México, acusado del desvío de mil 200 millones de pesos.

Su objetivo era “imprimir una nueva dinámica” en la Secretaría Particular del ex gobernador postulado por el PRI, señala un boletín emitido en ese entonces donde se indica que González de la Vega ha demostrado “eficacia” en los diversos cargos que ha ocupado en las Secretarías de de Comunicaciones y Transportes, aspe como Hacienda y Crédito Público, en el IMSSS y el Conalep a nivel federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Posterior al escándalo generado por los excesos del ex mandatario chihuahuense, González de la Vega se desempeñó como secretario de Educación durante de 2015 a 2018, en el gobierno de Héctor Astudillo Flores, cargo que ya había ocupado de 2005 a 2011 en la administración de Zeferino Torreblanca Galindo donde fue acusado por estudiantes normalistas de ser un represor.

Obra pública en zonas controladas por el narco 

En enero de 2020, Apro informó que el exgobernador Héctor Astudillo Flores había destinado recursos federales por casi 600 millones de pesos para obra pública en regiones controladas por el narcotráfico, donde la confrontación entre grupos armados ha exhibido presuntos nexos de autoridades locales con la delincuencia. 

Las 59 obras que el Congreso local aprobó al Ejecutivo en diciembre de 2019, cuyo monto total ascendió a 595 millones 130 mil pesos, fueron ejecutadas por el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado de Guerrero (CICAEG), Javier Taja Ramírez, a quien la administración astudillista condonó adeudos fiscales por más de 28 millones de pesos a su empresa Grupo Innovador Constructor de Guerrero, el año pasado.

En ese entonces se informó que de las 14 obras etiquetadas para la región de la Costa Chica, que no suman ni 15 kilómetros, destacaba el camino de un kilómetro que costó 21 millones de pesos en el municipio de Copala, rumbo al balneario de Playa Azul, lugar disputado ahora por la delincuencia.