CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Amnistía Internacional y el colectivo #SeguridadSinGuerra urgieron a legisladores del Congreso de la Unión a comprometerse “a no aprobar la reforma militarista” que ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador, para dejar a la Guardia Nacional bajo la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Las organizaciones de la sociedad civil anunciaron una campaña para reunir las firmas de compromiso de los legisladores para rechazar cualquier reforma que acentúe la militarización de la seguridad pública y “defender la que creó una Guardia Nacional civil en la Constitución y mandató el regreso del Ejército y la Marina a sus cuarteles antes del 26 de marzo de 2024”.

A tres años de la creación de la GN, las organizaciones llamaron a diputados y senadores a “demostrar su compromiso con las víctimas, la construcción de paz y el respeto al pacto civilista que creó una Guardia Nacional civil en la Constitución y que el presidente de la República ha desnaturalizado pintándola de verde olivo”.

En un pronunciamiento adjunto a lo que las organizaciones llaman “la boleta civil”, que contiene los nombres de los coordinadores parlamentarios en ambas cámaras, del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde, se convoca a los legisladores a detener la militarización y alentar la formación de policías, en apego a la reforma constitucional publicada el 26 de marzo de 2019, y rechazar cualquier iniciativa “que ponga en duda el carácter civil de las instituciones de seguridad pública en México”.

Las organizaciones recordaron que la GN está compuesta mayoritariamente por integrantes de la Sedena y de la Secretaría de Marina (Semar), “en una proporción de sólo tres civiles de cada 10 integrantes”, y alertaron que “se está ordenando imponer el mando militar sobre los pocos civiles que quedaron de la Policía Federal violando la Constitución y el derecho internacional”.

Destacaron que “a la militarización plena de la seguridad que López Obrador quiere perpetuar, se suma el militarismo avanzado en la vida púbica con el enorme poder económico y político que el gobierno le está entregando a la Sedena y Semar en cada obra y contrato asignado a las Fuerzas Armadas”.

Para las organizaciones que convocan a los legisladores a rechazar la propuesta militarista de López Obrador, aceptar la transferencia de la GN a la Sedena “sería el último clavo en el ataúd del Estado democrático de derecho”.

Agregaron que, a pesar de que el presidente insista en que marinos y soldados “actúan ahora con responsabilidad, hay al menos ocho eventos de ejecuciones extrajudiciales en su sexenio”, de acuerdo a estimaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Al señalar que hay “cientos de quejas ante una CNDH omisa”, las organizaciones alertaron que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) ha identificado “al menos 15 mandos que en este sexenio ascendieron de puesto en una lista de 58 que de 2007 a 2018 fueron acusados de cometer tortura”.

Para los activistas que promueven firmas entre legisladores, “rechazar ahora la reforma militarista de López Obrador es un compromiso con las víctimas que deberían asumir tanto quienes aseguran ser oposición responsable como quienes prometieron una transformación”.

Amnistía Internacional y #SeguridadSinGuerra buscan obtener las firmas de los coordinadores en la Cámara de Diputados: el panista Jorge Romero Herrera; el priista Rubén Moreira Valdez; el perredista Luis Ángel Espinosa Cházaro; el coordinador de MC Jorge Álvarez Maynez; el morenista Ignacio Mier Verduzco; el petisa Alberto Anaya Gutiérrez, y el coordinador del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas.

Así mismo, los activistas buscan las firmas de los coordinadores parlamentarios en el Senado: Julen Rementería del Puerto, del PAN; Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI; Miguel Ángel Mancera, del PRD; Clemente Castañeda, de MC; Ricardo Monreal, de Morena; Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del PT, y Manuel Velasco Coello, del PVEM.