CIUDAD DE MÉXICO (apro).-A 16 años del operativo policiaco en San Salvador Atenco y más de tres de la sentencia contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la tortura sexual cometida en agravio de al menos once mujeres en aquel despliegue ordenado por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, la impunidad y el incumplimiento de las medidas ordenadas por el tribunal regional.

Sofia de Robina Castro, abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que representa a las once de Atenco, apuntó que “hoy más que nunca, las medidas ordenadas por la Corte IDH son más que pertinentes ante las evidencias de tortura sexual que siguen viviendo las mujeres y la falta de controles sobre la Guardia Nacional”.

La abogada retomó datos de la última Encuesta Nacional de Personas Privadas de Libertad (ENPOL) 2021, que revela que el 64.4% de las mujeres privadas de la libertad sufrió algún tipo de violencia en el momento de su detención y antes de ser puesta a disposición del Ministerio Público, de las cuales 39.8% sufrieron agresiones físicas y de estas 15.5% fueron de carácter sexual, 4.8% fueron violadas y 4.6% sufrieron lesiones en sus órganos sexuales, es decir, “el 25% de las agresiones físicas fueron de carácter sexual”.

De Robina recordó que entre las medidas estructurales que ordenó la Corte IDH está el fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de casos de Tortura Sexual y la creación de un Observatorio Independiente sobre uso de la fuerza de las instituciones policiales a nivel federal, es decir, la Guardia Nacional, que se mantienen sin cumplimiento.

La abogada señaló que el año pasado, tras el 15 aniversario del caso Atenco, las mujeres y sus representantes fueron convocadas a una reunión para abordar el tema del Mecanismo, “un encuentro encabezado por el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, en el que estuvieron representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (Conavim), así como de la Fiscalía General de la República (FGR)”.

Pese a ese primer paso, “lo cierto es que no tenemos un diagnóstico sobre el alcance de a tortura sexual en México, y el Mecanismo no funciona”.

En cuanto al Observatorio Independiente, De Robina agregó que a finales de 2019 en una respuesta a la Corte IDH el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se negó a aceptar la medida, cuando las sentencias del tribunal son inapelables, alegando que la Guardia Nacional contaba con el Órgano Interno de Control (OIC).

“No hemos sabido de un cambio de postura, tan es así que la Corte IDH marca ese punto de la sentencia como incumplido, y lo más grave es que el responsable de ese OIC es un general que en su momento estuvo encargado de la Procuraduría de Justicia Militar, señalado de cometer actos de tortura”, dijo De Robina.

Se trata del general David Enrique Velarde Sigüenza, a cargo del OIC desde enero del año pasado, y que durante el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, estuvo al frente de la PJM, proliferando durante su gestión acusaciones de personal castrense de haber sido víctimas de tortura y de fabricación de delitos.

En términos de justicia y atención médica y psicológica, “la situación no es mejor, el caso sigue en la impunidad y las mujeres siguen sin entender cómo es posible que tras una sentencia de un órgano internacional siga habiendo descoordinación institucional que lo único que hace es agraviarlas aún más”.

A pesar de ello, “las mujeres siguen alzando la voz y están por reiniciar una nueva etapa de la campaña ‘Rompiendo el Silencio’, sumando voces de otras mujeres víctimas de tortura sexual,  que ponga en evidencia que el problema persiste”.

Ante este escenario, el Centro Prodh consideró “indispensable” que el Estado mexicano cumpla con la sentencia de la Corte IDH en el caso “Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs México”,  que ordenó  en materia de acceso a la justicia, “la investigación y sanción a todos los elementos estatales y federales, incluida la cadena de mando”.

“Las mujeres sobrevivientes continúan luchando para que haya una investigación seria y diligente sobre la tortura sexual, que considere todas las responsabilidades por las violaciones a derechos humanos cometidas en el operativo del 3 y 4 de mayo.

“No obstante, la Fiscalía del Estado de México continúa prodigando la impunidad, sin que la Fiscalía General de la República impulse decididamente el acceso a la justicia en este caso emblemático de la violencia contra las mujeres en el país”, puntualizó la organización.