CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Uso arbitrario de la fuerza, detenciones arbitrarias, acoso sexual e incluso violación sexual, son algunos de los abusos cometidos por integrantes de la Guardia Nacional y de las fuerzas armadas en funciones de contención de migrantes, detectados por organizaciones de la sociedad civil en el reciente informe “Bajo la bota”, coordinado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).

Durante la presentación del documento, la directora de la FJEDD, Ana Lorena Delgadillo Pérez alertó que la militarización de las fronteras norte y sur del país, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, como resultado de acuerdos migratorios con Estados Unidos, se ha traducido en la “externalización de las fronteras” del país vecino del norte.

Aunque reconoció que la militarización de la migración no es nueva en México, Delgadillo resaltó que en los últimos tres años “México optado por la implementación de una política migratoria sin enfoque de derechos humanos, haciendo uso de la Guardia Nacional y otros cuerpos militares como un aparato de control migratorio, aun cuando esto va en contra de las disposiciones normativas en materia migratoria y el derecho internacional de derechos humanos, que carece de aparatos de control para para realizar actividades de contención y disuasión migratoria”.

Durante la presentación, el responsable de la Relatoría Especial para Personas Migrantes de Naciones Unidas, Felipe González, admitió que desde que era relator especial para las migraciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2008, persistía la preocupación por la militarización de la política migratoria, que “más allá de que los militares cometan abusos, se trata de un problema estructural, la militarización necesariamente es violatorio a derechos humanos”.

Tras resaltar la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que considera inconstitucional las revisiones migratorias en autobuses, González alertó que pese a que México ha reformado su legislación para prohibir la detención de infantes, “esta práctica no ha terminado, se sigue deteniendo y expulsando a niñas, niños y adolescentes”, a pesar de recomendaciones expresas del Comité de Trabajadores Migratorios, el Comité de Derechos del Niño y la Relatoría Especial a su cargo, todos de Naciones Unidas.

El informe “Bajo la bota” y un micrositio, se basa en el trabajo de organizaciones civiles de entrevistas a 100 migrantes en Hermosillo, Ciudad Juárez, Tijuana y Tapachula, así como la sistematización de 144 respuestas a solicitudes de información.

El documento contiene también entrevistas a funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), de la Comisión Mexicana para los Refugiados (Comar), la Guardia Nacional y a miembros de la sociedad civil encargados de albergues.

El documento incluye testimonios de mujeres migrantes y solicitantes de asilo afrodescendientes y africanas en su tránsito por México, que “han sido víctimas de violación sexual, acoso e intimidación por parte de elementos de la Guardia Nacional”, casos que “no son aislados” sino que son “cada vez más comunes en los procesos de control” cometidos por miembros de la Guardia Nacional y del INM.

Alicia Moncada, investigadora de la FJEDD, narró que para el informe se pudieron recabar denuncias sobre “detenciones arbitrarias e ilegales basados en perfilamiento racial” cometidas por elementos de la Guardia Nacional, sobre todo en Tijuana y Tapachula, focalizándose las detenciones en “narrativas xenofóbicas que ponen en mayor vulnerabilidad a la población afrodescendiente”.

Agregó que los elementos de ese cuerpo militarizado, incurre también en “expulsiones” de personas migrantes de forma violatoria, pues escoltan a los migrantes a la frontera con Guatemala sin evaluaciones previas contraviene el asilo, el debido proceso de asilo y el derecho a la no devolución, a través de estas expulsiones colectivas”.

Durante la investigación, las organizaciones que participaron en el informe documentaron el uso excesivo de la fuerza en el paso de caravanas migrantes, se arman operativos móviles para “detener a las personas y exigirles que se suban a autobuses que las transportaran a la frontera con Guatemala”, así como la destrucción de documentos que acredita sus solicitudes de asilo “por considerar que son falsos”, sin tener elementos de prueba.

El documento destaca que desde su creación en 2019 a la fecha, el número de integrantes de la Guardia Nacional se ha incrementado en 102%, al pasar de 59 mil 191 elementos y creció 113 mil 844, lo que equivale a un 102% , del total 85% carece de certificado único policial y 27 de los 32 titulares de las delegaciones de la Guardia Nacional tampoco están certificados.

Apunta que en enero de 2022, se destinó para el Plan de Migración y Desarrollo en la Frontera Norte y Sur, se canalizaron  28 mil 397 efectivos castrenses, 13 mil 663 pertenecen al Ejército;  906 de la Marina y 13 mil 828 a la Guardia Nacional.

El informe formula recomendaciones tanto a los gobiernos mexicano y estadunidense, en las que conminan al cese del uso de fuerzas armadas en tareas migratorias, en eliminar las detenciones, en la derogación de acuerdos migratorios que han fomentado la militarización, respetar el principio de no devolución, cesar la política de “externalización” del control migratorio, colaborar en garantizar la protección de las personas migrantes y evaluar las consecuencias de los acuerdos migratorios en materia de derechos humanos.