PUEBLA, Pue. (apro).– Tras el encarcelamiento de Francisco Romero Serrano, extitular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el gobernador Miguel Barbosa Huerta busca colocar en ese ente, encargado de fiscalizar las cuentas públicas, a Amanda Gómez Nava, quien a la fecha es secretaria de la Función Pública del estado.

Este martes, Salomón Céspedes Peregrina, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, dio a conocer que Gómez Nava, Salvador Sánchez Ruanova y Álvaro Sánchez Jiménez integran la terna finalista para ocupar la titularidad de la ASE.

Pero desde que arrancó el proceso, se da por hecho que la candidata del gobernador es Gómez Nava, quien ni siquiera pidió licencia para separarse del cargo que ocupa en el gabinete barbosista.

Fue seleccionada en la terna finalista pese a que, durante su comparecencia con los integrantes del órgano de gobierno del Congreso, no pudo contestar la pregunta sobre qué es una cuenta pública y cómo se integra.

Y así como se aprobaron reformas para facilitar la remoción de Romero Serrano, el legislativo modificó artículos de la Constitución del Estado y de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior de Puebla para que Gómez Nava pudiera postularse para ser auditora superior.

Las reformas incluyeron quitar requisitos como ser originaria de Puebla, tener al menos cinco años de radicar en la entidad, luego de que la funcionaria apenas llegó a la entidad en octubre de 2020, cuando Barbosa la nombró secretaria de la Función Pública.

Igual se modificó el impedimento establecido por la Ley para los funcionarios que hubieran ocupado cargos en el gobierno estatal o federal en los tres años anteriores a su nombramiento, pues se exceptuó de ello a los titulares de órganos de control interno.

El diputado panista, Rafael MIcalco Méndez, advirtió que el nombramiento de Gómez Nava como titular de la ASE implicaría un evidente conflicto de intereses, pues tendría que auditarse a sí misma por ser funcionaria del actual gobierno estatal y fiscalizaría al gobierno de Barbosa, con quien tuvo una relación contractual.

Refirió que el artículo 35 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización de Puebla señala que el personal de la ASE debe abstenerse de conocer sobre cuentas públicas de entidades en los que hubiere prestado servicios de cualquier índole o naturaleza o con los que hubiere tenido cualquier clase de relación contractual durante el período que abarque la revisión.

Igual el diputado blanquiazul, Oswaldo Jiménez López, dijo que no permitirán que se vuelva a imponer a un auditor como fue el caso de Francisco Romero Serrano, quien igual, en su momento, se criticó su designación por ser cercano a Barbosa Huerta.

Romero Serrano se encuentra actualmente en prisión tras ser acusado por supuesto lavado de dinero, aunque el exauditor asegura que se trata de una persecución política luego de que no siguió consignas políticas en su desempeño al frente de la ASE.

La designación del nuevo titular de la Auditoría tendrá que ser definido este jueves por las dos terceras partes de los votos de los diputados locales.