CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el contexto del Día Internacional de la Mujer, en la montaña de Guerrero, “la mujer indígena (…) no tiene motivos para festejar este día”, advirtió el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que ha documentado 202 casos de violencia contra mujeres en lo que va del año.

En un pronunciamiento, la organización hizo un recuento de las denuncias que ha recibido en el primer trimestre del año sobre mujeres violentadas en la región de la Montaña, que son víctimas también de la pobreza extrema, en la que se encuentran 2.8 millones de mujeres hablantes de lengua indígena, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Desarrollo Social (Coneval).

Tlachinollan detalló que en lo que va de 2022, ha documentado “317 casos de mujeres, de estas 202 denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia; 82 fueron de violencia económica perpetrados por los esposos, concubios y algún otro familiar obligado a proporcionar alimentos; 48 de violencia física; 43 de violencia psicoemocional (guardia y custodia, separación y divorcios); seis casos de violencia patrimonial (mujeres que fueron despojadas de sus bienes); nueve casos de agresión sexual contra niñas; nueve casos de feminicidio; cinco casos de criminalización de mujeres que denunciaron violencia y dos de venta de niñas y matrimonios forzados”.

La organización lamentó que, pese al discurso presidencial de que las mujeres eran las más beneficiadas de los programas sociales, Tlachinollan descartó que la política social sea suficiente “para revertir la pobreza secular de la mujer, por el contrario, se ha acentuado”, ya que “no existe una estrategia clara que potencie los esfuerzos y trabajo de la mujer indígena y revierta la situación de pobreza y marginación que vive”.

La organización destacó que en la Montaña las mujeres sufren violencia institucional al no contar con servicios de salud accesibles, “no disponibles y de mala calidad”, sin contar con que “el personal carece de perspectiva de género y pertinencia intercultural”, situaciones que han causado muertes maternas, infantiles y violencia obstétrica.

Tlachunollan alertó que las violencias contra las mujeres han aumentado con la pandemia por covid-19, “mientras los órganos de procuración e impartición de justicia que investigan sus casos incurren en dilaciones, falencias en las diligencias, pérdida y destrucción de indicios y que impide el esclarecimiento de los hechos y corrupción”.

Lo anterior sin contar con las “fallas estructurales como la falta de recursos humanos y económicos para varias agencias especializadas en atención a mujeres, ausencia de peritos en distintas materias, principalmente médicas legistas e interpretes indígenas”.

Tlachinollan apuntó que en lo que va del año “ha documentado cinco casos donde el Ministerio Público, lejos de investigar los casos de violencia, criminaliza a las mujeres indígenas por denunciar la violencia que sufren”, mientras que las autoridades “no han podido erradicar” la venta de niñas y matrimonios forzados, “mala práctica que persiste en algunos municipios de la Montaña”.

La organización alertó sobre la falta de acciones para revertir esa situación que afecta a niñas indígenas, al no existir campañas de reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y la niñas indígenas, “ni se atienden las causas estructurales de pobreza y marginación que propicia estas malas prácticas, por el contrario, los municipios implicados participan en los arreglos matrimoniales forzados o muchas de las veces obligan a las niñas que intentan deshacer estos matrimonios a devolver el dinero o de lo contrario las encarcelan”.

Tlachinollan exigió que “el estado remueva los obstáculos y barreras institucionales para que las mujeres puedan acceder a la salud, la educación y la justicia”, y que “se implementen políticas efectivas para revertir la pobreza y marginación de la mujer indígena y los niveles de violencia que lacera sus vidas”, así como acabar con “la violencia feminicida contra las mujeres indígenas de la Montaña.