CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A tres años de ocurrido, la Fiscalía General de la República (FGR), aclaró que no ha ejercido la atracción de la investigación sobre el accidente del helicóptero en el que falleció la exgobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo, el senador y exgobernador Rafael Moreno Valle, ocurrido en diciembre de 2018, debido a que no se ha determinado la existencia de ningún delito federal.

En un comunicado, la FGR explicó las circunstancias en que delegó el caso a las autoridades poblanas:

“Que desde diciembre de 2018, en que ocurrió el accidente del helicóptero donde viajaba la gobernadora de Puebla y su esposo, convocó a la Fiscalía del Estado de Puebla para que la investigación correspondiente se llevara en ese estado, con la participación permanente de la FGR, para así mostrar la transparencia y la imparcialidad en ese caso, en el que no estaba aún determinada la federalidad”.

La aclaración de la FGR llegó luego de que, durante la conferencia matutina de este 22 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pediría a la FGR actualizar el caso.

De acuerdo con el comunicado de la FGR, los peritajes técnicos al respecto quedaron a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes e Incidentes de Aviación, dependiente de la Agencia Federal de Aviación Civil.

La dependencia, a cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero, afirma que dichos dictámenes establecieron las premisas técnicas suficientes para poder obtener la vinculación a proceso de cinco empleados de la empresa que brindaba el mantenimiento de la aeronave accidentada, que fueron acusados por delitos de homicidio y daño en propiedad ajena culposo, que son de competencia local.

Sin embargo, el 26 de diciembre de 2021, la revista Proceso publicó un reportaje firmado por Gabriela Hernández, titulado “Helicopterazo de Moreno Valle: Un perro de la Marina detectó explosivos, pero ya no lo confirmaron”, en el que un perito revela hallazgos, pero también omisiones y errores de procedimiento en las investigaciones sobre el incidente, como el hecho de que el día del accidente, un elemento canino de la Secretaría de Marina detectó explosivos en los restos de la nave.

Este semanario también entrevistó a los abogados de los mecánicos de la aeronave, quienes denuncian que las autoridades del estado de Puebla no investigaron el caso a fondo y actúan "bajo consigna".

Unos párrafos del texto:

Alrededor de las 14 horas del 25 de diciembre de 2018 un perro de la Secretaría de Marina (Semar), adiestrado en detección de explosivos, se sentó tres veces sobre restos del helicóptero Agusta A109S, matrícula XA-BON.

Dos fuentes diferentes confirmaron a Proceso que, luego de la escena descrita, "altos mandos" presentes se apresuraron a afirmar que "el perro se había confundido", por lo que este indicio ni siquiera se asentó en el informe y nunca se tomó en cuenta en las investigaciones sobre las causas del desplome del helicóptero ocurrido el 24 de diciembre de 2018.

Uno de los especialistas que participó en las indagatorias del incidente proporcionó a este semanario una serie de fotografías en las cuales se observa al perro sentado sobre escombros de la aeronave -esa es la manera con la cual los animales adiestrados indican haber detectado los indicios-. La escena también quedó captada en un video.

"Se limitaron a decir que fue una confusión, hecho que era altamente improbable, pues el entrenamiento de esos perros es especializado y costoso. Afirma, que lo procedente era llevar un segundo binomio canino para confirmar o descartar lo que el primero detectó, pero no se hizo.

En tanto que los investigadores que pretendieron indagar a fondo o que cuestionaron la versión oficial fueron apartados del caso y sujetos a presiones.

Para el perito también fue inusual que la investigación sobre explosivos se realizó 24 horas después del incidente, cuando en realidad es uno de los primeros peritajes que debe practicarse sobre los restos de la aeronave.

En el lugar se encontraban ese 25 de diciembre José Armando Constantino Tercero, director de Análisis e Incidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil; Óscar Vera Orea, capitán de Fragata de la Marina; Julio César Chávez Ramos, delegado en Puebla de la entonces Procuraduría General de la República, y Alejandra Flores Ventura, directora de Unidades de Investigación Especializadas de la Fiscalía General del Estado, entre otras personas.

El mismo 25 de diciembre el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño -hoy gobernador de Sonora-, declaró en conferencia de prensa:

"La Secretaría de Marina ha informado a la mesa de trabajo que sus peritos en materia de incendios y explosivos, después de un análisis exhaustivo y cuidadoso de los restos de la aeronave, no encontraron explosivos o sustancias ajenas al combustible que hayan explosionado dentro de la aeronave accidentada."

Pero en marzo de 2019, el portal especializado en transparencia Serendipia pidió a la Semar (solicitud de información pública 0001300001219) una copia de ese peritaje y la dependencia le respondió que no lo tenía en sus archivos.

El perito entrevistado revela que a lo largo de las investigaciones hubo otros indicios que no se tomaron en cuenta o evidencias que contradicen la "causa probable" que concluyó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), sobre la falla simultánea de los dos actuadores lineales del helicóptero.

Sostiene que, desde un principio, las indagatorias parecieron seguir "un guion" que iba orientado a responsabilizar al "eslabón más débil" y con menos recursos para defenderse: los técnicos del taller de mantenimiento de la aeronave. En tanto que los investigadores que pretendieron indagar a fondo o que cuestionaron la versión oficial fueron apartados del caso y sujetos a presiones.