CIUDAD DE MÉXICO (apro).-. Ante un incremento sostenido de la violencia en México, y los cuestionamientos que ha generado la política de “abrazos no balazos” así como la profundización de la presencia de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) Jesuitas por la Paz, alerta sobre la viabilidad de reconstruir el tejido social a través de modelos policiales comunitarios y municipales, de los que la sociedad se ha ido apropiando.        

A través del estudio de casos, en su informe “Policía municipal y organización comunitaria: un desafío para la paz”, el CIAS resalta que en esta administración “se ha declinado la idea de combatir y enfrentar de manera frontal a los grupos delincuenciales, por lo que no quedan claras las estrategias que podrán coadyuvar a la pacificación” en el país, mientras la violencia y el incremento en el número homicidios y delitos continúa, poniendo “en entredicho las intenciones” de la estrategia presidencial.     

Ante un escenario incierto en materia de seguridad, en su informe el CIAS revisa las buenas prácticas en ocho municipios que durante la llamada “guerra contra el crimen organizado” lanzada por Felipe Calderón, fueron duramente golpeados por la delincuencia, y cuyas corporaciones municipales y comunitarias lograron “reinventarse, disminuir los delitos, aumentar la confianza ciudadana y reconstruir el tejido social”.

A través de entrevistas a directores de seguridad pública, a ciudadanos y policías municipales, la revisión de la incidencia delictiva, así como la aplicación de encuestas en los municipios analizados, el CIAS analiza las experiencias de las policías municipales de Chihuahua, Cherán, Tancítaro, Netzahualcóyotl, San Nicolás de los Garza, General Escobedo, San Pedro Garza García y Saltillo

Entre los factores comunes que comparten los municipios revisados, están los antecedentes de haber sido escenarios de violencia derivada de “la política de la Guerra contra el narco y los enfrentamientos entre grupos criminales”; se registró “la compenetración y sometimiento de algunas corporaciones a los intereses de grupos del crimen organizado”, provocando la desconfianza ciudadana en sus policías.

Además de que en esas localidades se advirtió “el debilitamiento institucional de las corporaciones y las implicaciones de las decisiones políticas de los gobiernos de los tres niveles, las cuales crearon un impacto en la dinámica de la violencia local y, en algunos casos, generaron violencia, mientras que, en otros, crearon las condiciones para su reproducción”.

Del análisis de casos, el CIAS constata “que las comunidades indignadas por el avance del crimen organizado en sus territorios necesitaron de una policía municipal preparada para trabajar en coordinación con la ciudadanía, y esto implicó procesos de recuperación de la confianza, el fortalecimiento del sentido de pertenencia al territorio y la adquisición de habilidades por parte de ambos actores para construir acuerdos”.

Casos de éxito

De las experiencias analizadas resaltan los de Cherán y Tancítaro, en Michoacán, surgidas prácticamente de la insurrección de las comunidades ante la violencia generada por los grupos de la delincuencia organizada coludidos con autoridades establecidas.

En el caso de Cherán, ubicado en la Meseta Purépecha, con una población de 20 mil 586 habitantes, la Ronda comunitaria, surge como una respuesta al hartazgo de los habitantes de este municipio indígena contra la deforestación de casi la mitad de sus bosques provocada por talamontes coludidos con autoridades municipales,

En 2011, la lucha por la recuperación del territorio empezó con la apropiación de la comunidad de sus propias calles, y después “la recuperación de sus modos tradicionales de gobierno centrados en la asamblea comunitaria. Una parte importante del proceso fue retomar la práctica de la ronda comunitaria”.

Diez años de existencia de la Ronda han devenido en la disminución sostenida de delitos graves, al pasar de 72 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2012 a 10 en 2020, y de 11 robos por cada 100 mil habitantes en 2014 a cero en 2020.

En el caso de Tancítaro, de 33 mil 453 habitantes, su auge económico por la producción de aguacate se convirtió en el principal atractivo para el incremento de delitos, entre 2006 y 2013, a partir de la presencia de cárteles como los Zetas, la Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.

En noviembre de 2013, los pobladores de Tancítaro se levantaron en armas “para defender su municipio” y expulsar a Los Caballeros Templarios, para después tomar la seguridad municipal en sus manos, tras la renuncia de 40 policías municipales. Construyeron casetas de vigilancia y conformaron una red de alrededor de 4 mil radios de onda corta.

En 2014 se creó el Cuerpo de Seguridad de Tancítaro (Cusept), “como un acuerdo entre aguacateros y autoridades locales para conformar una nueva policía que garantizara la paz del municipio”, siendo todos sus integrantes habitantes de la localidad y capacitados por la entonces Policía Federal.

El impacto del involucramiento ciudadano en el Cusept se vio reflejado en la disminución de delitos de alto impacto, al pasar de 108 homicidios por cada cien mil habitantes en 2013 a 18 en 2020, y de 37 robos de vehículo por cada cien mil habitantes en 2013, a 15 en 2020.

Al paso del tiempo y con el mayor involucramiento ciudadano en la seguridad de su municipio, el Cusept fue evolucionando y ahora se denomina Consejo Municipal de Seguridad de Tancítaro.   

Contra la corrupción policiaca

Los otros casos emblemáticos, tienen como factor común que la transformación de los cuerpos policiacos surgió a partir de la conjunción de esfuerzos entre autoridades, ciudadanía y empresarios, para hacer frente a la corrupción policiaca que se había confabulado con la delincuencia organizada.

De acuerdo con el análisis, los cuerpos de seguridad seleccionados son ejemplo de que  la reconstrucción del tejido social de las comunidades es posible a través de la “recuperación de la confianza” de los ciudadanos en sus instituciones de seguridad; la construcción de redes vecinales de apoyo;  la generación de “espacios formativos para que la población se reapropie de su territorio”.

Asimismo, estos modelos de seguridad ciudadana son posibles por “la recuperación de los espacios públicos para las comunidades; resignificando el concepto de servicio público; la articulación de espacios interinstitucionales para garantizar la seguridad; la formación y capacitación ciudadana “para identificar problemáticas y alternativas para su atención”, y favoreciendo la participación ciudadana en la evaluación de las corporaciones policiales.

Para los autores del informe, las experiencias estudiadas “señalan lo importante que es revisar las visiones de seguridad que promueven las autoridades locales y las mismas policías, y que determinan las prácticas y las actitudes que las concretan”.

El documento elaborado por el CIAS sostiene que los ejemplos mostrados advierten la importancia de “fortalecer la visión de seguridad ciudadana, proceso en el que los mandos policiales pueden ayudar a entretejer los esfuerzos de varios actores para lograr mejores niveles de seguridad; y en el cual los policías pueden ayudar a la cohesión comunitaria que tanta falta hace, así como fomentar la organización ante situaciones complejas y en las que la ciudadanía forma parte importante y toma protagonismo a través de redes vecinales y organizaciones civiles o empresariales”.