CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora del PAN, Kenia López Rabadán presentó una denuncia en la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) en contra del partido Morena y quien resulte responsable por la utilización electoral de los programas sociales.

La legisladora acusa a Morena como probable responsable de haber implementado una “onerosa campaña para influir en la ciudadanía”, mediante la colocación de propaganda en la que se condiciona la entrega o la continuidad de programas sociales.

Al entregar la denuncia, la senadora acusó que son inaceptables porque violan la Constitución y agravian a todos los mexicanos al condicionar la entrega de apoyos en programas como las pensiones de adultos mayores, becas a jóvenes y niños, los apoyos a mujeres y al campo e inclusive coacciona el voto a efecto de que el Metro pueda seguir con una tarifa de cinco pesos o para que sigan aplicándose las vacunas.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN explicó que los artículos 7 y 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, sancionan con prisión de hasta tres años a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, para lograr la emisión del sufragio en algún sentido.

Igualmente se sanciona con hasta nueve años de prisión a quien condicione la prestación de un servicio público o el cumplimiento de programas gubernamentales a cambio del voto e inclusive si se trata del condicionamiento de programas de naturaleza social -tal y como en el presente caso ocurre- se aumenta la pena en un tercio.

Denunció que en días pasados se colocó en equipamiento y mobiliario urbano de diversas entidades federativas, publicidad electoral que hace alusión a programas sociales.

“Esto sólo es el principio de la ilegal forma en que se va a comportar el partido en el poder en los siguientes comicios presidenciales, ya que de forma sistemática ha violado los principios de equidad e imparcialidad en las diversas contiendas”, señaló.

López Rabadán manifestó que utilizar con fines electorales los programas sociales y las vacunas destinadas para la población es de lo más bajo que ha realizado el partido en el poder.

“Dichos actos ilegales impactan en la revocación de mandato, pero también en los seis procesos electorales locales que actualmente se están llevando a cabo, por lo que resulta urgente que la autoridad ministerial suspenda este tipo de prácticas deleznables y lleve a la justicia a los responsables”, concluyó.