CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal en contra del altos mandos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el exsecretario Ejecutivo de Administración, Alejandro Ríos Camarena Rodríguez, y el secretario General de la Presidencia, Carlos Antonio Alpízar Salazar, quienes habían sido señalados por presuntos actos de corrupción mediante una denuncia anónima.

La exoneración de ambos funcionarios fue notificada por la FGR al Consejo de la Judicatura de forma directa, por lo que el organismo rector de jueces y magistrados federales determinó hacer pública el sentido de la resolución, pero sin dar a conocer una versión pública del documento.

“En relación con algunas notas publicadas sobre la denuncia en contra de titulares del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), nos permitimos informar sobre la notificación de la Fiscalía General de la República: como resultado de la denuncia anónima enviada a dicha institución, se determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de los servidores públicos del CJF”, señala el comunicado oficial.

De acuerdo con el texto del Consejo, el no ejercicio de la acción penal se determinó por la falta de elementos de prueba para acreditar los presuntos hechos de extorsión que se habían denunciado, además de que la denuncia anónima no señaló a víctimas ni testigos de los hechos ilícitos que se atribuían a los colaboradores del titular del Poder Judicial de la Federación, Arturo Zaldívar.

“Lo anterior, dado que a partir de la narración de los hechos, no se proporcionaron datos de prueba que permitieran generar líneas de investigación, ni tampoco se desprendían circunstancias específicas de tiempo, modo u ocasión”, señala el comunicado del CJF.

Además, se advierte que, si bien se había señalado a Alpízar Salazar y Ríos Camarena como posibles imputados, “no se indicaron hechos concretos en los cuales basar la investigación, ni se tuvo certeza de quién realizó la denuncia o incluso datos sobre posibles testigos o víctimas que hayan sufrido o presenciado un agravio”.

“Por tanto, con base en lo anterior, la Fiscalía resolvió que no se pudo contar con datos de prueba que ayudaran a la acreditación de los elementos del tipo del delito y, en consecuencia, determinó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal”, concluye la comunicación del Consejo de la Judicatura.

El comunicado oficial del CJF se da a conocer luego de que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) exigiera a ese organismo aplicar la política de “cero tolerancia” que se ha implementado contra los impartidores de justicia que enfrentan señalamientos por supuesta corrupción.

“Esta Directiva Nacional hace pública su preocupación por los señalamientos divulgados recientemente en diversos medios de comunicación, sobre presuntos actos de corrupción, pero atribuidos a funcionarios del CJF; cuando el servicio que corresponde a dicha institución, debe ser de la mayor transparencia y confiabilidad, en cuanto órgano encargado de la disciplina, administración y planeación de la función jurisdiccional federal”, señala el comunicado de la Jufed.

Presidida actualmente por el magistrado Froylán Muñoz Alvarado, la Jufed exigió al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal aplicar la "política de cero tolerancia asumida por la actual Presidencia; esto, para fortalecer la independencia e imparcialidad en el Poder Judicial de la Federación”.

El actual director de la Jufed, el magistrado Froylán Muñoz Alvarado, también hizo público un nuevo programa de esa organización para dar acompañamiento y asesoría jurídica a todos los juzgadores federales que sean sometidos a un procedimiento disciplinario y administrativo relacionado con el desempeño de sus funciones, con el propósito de que se respeten los principios constitucionales del debido proceso, la secrecía de los casos y la presunción de inocencia de los juzgadores señalados por este tipo de hechos.

Cabe recordar que Carlos Alpízar y Alejandro Ríos fueron denunciados por actos de supuesta corrupción y presunta extorsión a jueces y magistrados federales, a quienes se les iniciaban quejas por supuestas omisiones y extorsiones detectadas en el desempeño de sus funciones, a cambio de dinero y de emitir fallos favorables a personas con poder.