CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) llamó a las autoridades de la Ciudad de México a “evitar la criminalización niñas, niños y adolescentes”, así como tomar medidas policiacas como el programa “Mochila Segura”, como respuesta al reciente caso en que un estudiante de secundaria ingresó un arma a la escuela.

El adolescente fue descubierto el lunes en el salón de clase de la Escuela Secundaria Diurna No. 79 República de Chile, en la alcaldía Iztapalapa, luego de que, al manipular el arma, resultó lesionado en un tobillo y una esquirla hirió a una de sus compañeras, de acuerdo a reportes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Por este nuevo acto de violencia, en un pronunciamiento firmado por Tania Ramírez, su directora ejecutiva, la Redim consideró preocupante que la violencia armada siga teniendo impacto en la niñez y adolescencia en el país, “ante la notable ausencia de una política de seguridad efectiva para prevenir estas situaciones”.

Puntualizó que lo ocurrido el lunes, debe provocar una reflexión “sobre los efectos que la violencia armada está teniendo en niños, niñas y adolescentes” y recordar que “es responsabilidad del Estado controlar y prevenir el ingreso de las armas, además de reconocer a la niñez como víctima estos hechos”.

Redim resaltó que según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en México circulan alrededor de 15 millones de armas, “de las cuales 85% ingresaron de manera ilícita y con las que se cometieron 67.4% de los homicidios dolosos en el país.

En el Balance 2021, apuntó, la Redim enfatizó que el año pasado 728 personas de 17 a menos años, fueron víctimas de homicidio provocado con arma de fuego.

Exhortó, sin embargo, a no caer en la tentación de “aplicar medidas reactivas como modelos policiacos”, como lo fue en el pasado el programa “Mochila Segura”, mismo que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “debido a la ausencia de un marco legal que lo sustente”.

A las autoridades de los tres niveles de gobierno, Redim les recordó que la sentencia de la SCJN estableció en febrero de 2021, ante una resolución de un amparo en revisión, que dicho programa, creado durante el gobierno de Felipe Calderón, viola los artículos 14 y 16 de la Constitución, además de que “también es violatorio de los derechos humanos de las infancias y adolescencias, incluyendo la intimidad y la privacidad, pues presupone que las personas jóvenes van a cometer algún delito”.

La organización de defensa de la infancia, puntualizó que ese programa “no resuelve la raíz del problema de seguridad y violencia que hoy padece México”, en el que los menores “son las principales víctimas de la grave crisis que en materia de derechos humanos se vive en un país sometido a un conflicto armado no reconocido por el Estado ni sus autoridades, pero que ha incrementado la presencia de armas en el territorio nacional”.

Insistió que en este contexto de violencia generalizada, “las infancias no son el peligro”, sino que es el sector poblacional con mayores riesgos, por lo que “no se puede disociar la atención de la violencia que se está viviendo en los últimos años, ni responsabilizar a la niñez y/o a las familias”.

La Redim hizo un llamado a que “el Estado trabaje en la prevención e implementación de una estrategia para la construcción y promoción de una cultura de paz en las escuelas y en todo el territorio nacional” y que en el sector educativo, se incluya a los niños, niñas y adolescentes, familias y docentes en proyectos de gestión de paz y resolución de conflictos.

“Instamos a las autoridades a atender y a cumplir con las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, quien estableció desde hace once años una revisión de la estrategia de seguridad que ha generado la actual militarización y aumento de la violencia en el país”, señaló la Redim.

La organización pidió a los actores políticos destinar recursos a la prevención, “en vez de destinar recursos públicos y políticos en la militarización del país como respuesta a la violencia armada”.