CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hoy, en la Gaceta Parlamentaria, apareció una propuesta a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio, de Morena, que propone la revocación del derecho que tienen las organizaciones civiles a recibir dinero de gobiernos o corporaciones extranjeras, si es que se dedican a “promover el golpismo”. 

Aunque la legisladora a cargo no subió a tribuna a leer su iniciativa en la sesión de hoy, se publicó en la Gaceta la exposición de motivos para reformar el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, justificando que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) deben regular y transparentar los recursos que reciben del extranjero, especialmente, si se dedican a desarrollar actividades de cabildeo y litigio en contra de México. 

En el documento se habla de que los “adversarios” de la llamada 4T son grandes capitales e intereses extranjeros que buscan mantener sus privilegios y, para ello, financian a ONG que promueven o retrasan cambios legislativos, recursos y juicios. 

“Estas organizaciones se escudan en la protección de grupos vulnerables, el medio ambiente o la defensa de los derechos humanos”, detalla. 

La propuesta de la legisladora cita a las conferencias matutinas del presidente del 7 de febrero de 2022 y del 7 de mayo de 2021, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a Claudio X. González y a Artículo 19. 

“Claro, es injerencia, es intervencionismo y es promover el golpismo”, declaró López Obrador. 

En la propuesta se busca que las ONG informen al SAT y a Gobernación el origen, monto y porcentaje de sus recursos que proceden de gobiernos, asociaciones o empresas extranjeras.

Y aclara que estas organizaciones pueden realizar litigios políticos siempre que tales actividades no sean remuneradas y no sean en favor de personas que les hayan otorgado los recursos. En caso contrario, se les revocará la autorización para recibir donativos deducibles.

Artículo 19 es la organización en defensa de la libertad de prensa que promovió y ganó un amparo en la SCJN para que la Cámara de Diputados regule y aclare las reglas de operación de la llamada "Ley Chayote", que se encarga de entregar recursos públicos a través de publicidad oficial a medios de comunicación. Actualmente, la Ley de Comunicación Social opera a discrecionalidad de las autoridades.