CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con 86 periodistas asesinados desde 2011, 40 más desplazados de sus zonas de trabajo por la violencia, los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos “se agravaron desde que comenzó la gestión de Andrés Manuel López Obrador”, quien, como otros funcionarios, “utilizan las ruedas de prensa oficiales para desacreditar el trabajo de comunicadores y medios críticos”, situación que dificulta el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.   

La conclusión forma parte de un informe realizado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), titulado “Bajo riesgo”, que analiza los mecanismos de protección a periodistas en los cuatro países considerados por la organización internacional como los más peligrosos del continente: México, Honduras, Colombia y Brasil.

“Es urgente detener esta espiral de violencia cuyas consecuencias son dramáticas para las democracias de la región”, afirmó el director de la oficina de América Latina de RSF, Emmanuel Colombié, al señalar que “la vulnerabilidad de los periodistas no es una fatalidad que debe asumirse”.

La revisión de los sistemas de protección de los cuatro países permitió a la organización presentar 80 recomendaciones, enfocadas a atender las deficiencias identificadas y mejorar la eficacia de los mismos.

En el caso mexicano, RSF tiene identificados al menos 74 asesinatos de 2011 a 2020, a los que se sumaron siete en 2021 y cinco en lo que va de 2022, casos en los que la organización resalta en su informe que compartían un perfil, “cubrían noticias locales sobre corrupción, narcotráfico, violencia, seguridad pública y asuntos relacionados”.

En su análisis del Mecanismo de Protección, la organización destaca que, “el mayor obstáculo” para que avance “es el propio discurso oficial del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que nunca ha abandonado su postura de criticar y desprestigiar abiertamente a periodistas y defensores de derechos humanos”.

Se agrega, que, durante la gestión de López Obrador, “los ataques sistemáticos a periodistas y defensores de derechos humanos se agravaron”, persistiendo “las amenazas, las agresiones físicas y digitales, el uso arbitrario del sistema de justicia, las desapariciones y los asesinatos; se multiplicaron las campañas de desprestigio, el hostigamiento y las intimidaciones a organizaciones y medios de comunicación”.

Al incluir las denuncias de que la agencia de noticias Notimex “es la responsable de usar ‘bots’ con mensajes intimidatorios”, el informe de RSF resalta que “varios mandatarios municipales y de los estados, así como el propio presidente López Obrador utilizan las ruedas de prensa oficiales para descreditar el trabajo de comunicadores y medios críticos”, lo que genera “un marco sumamente complejo y desafiante para el funcionamiento del mecanismo de protección mexicano”.

Al recordar que en un informe de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya consideraba a México como “el más peligroso del continente para el ejercicio del periodismo”, el documento resalta lo infructuosa que ha resultado la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en el combate a la impunidad, pues de las mil 140 investigaciones iniciadas desde su creación en 2010 a 2018, “sólo el 16.3% terminó en procesos o juicios, y de las diez sentencias obtenidas con base en las investigaciones, seis tenían por lo menos un servidor público involucrado”.

El documento destaca que pese a existir una legislación robusta a favor de la libertad de expresión y que México se ha ratificado la mayoría de instrumentos regionales e internacionales, prevalece un “clima de autocensura” que se advierte en el desplazamiento forzado de unos 40 periodistas, como parte de una “crisis de derechos humanos” reconocida por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, encargada del Mecanismo de Protección.

Tras una profunda revisión el marco legislativo bajo el que opera el Mecanismo de Protección y un análisis de su funcionamiento, RSF advierte que el organismo cuenta con un presupuesto para este año de unos 400 millones de pesos,  que tiene una nómina de 45 personas, para atender a un padrón de mil 459 beneficiarios, hasta junio de 2021,  para los que se tiene contratado a una empresa, RCU Sistemas S.A., encargada de materializar los planes de protección, y que para RSF cuenta con “un catálogo limitado”.

Entre las deficiencias de operación que identifica la investigación de la organización resalta la falta de coordinación interinstitucional y en los estados para la protección de periodistas, sobre todo si se considera que “una parte importante de los agresores son agentes de las fuerzas de seguridad del Estado”, y que ha costado la vida de al menos siete periodistas que estaban bajo la protección del Mecanismo.

El análisis destaca que ante la violencia que enfrentan algunos comunicadores, en 70 casos el Mecanismo ha ofrecido refugio temporal como medida de protección, y “ha optado por ampliar las medidas de remoción, considerando que el tipo de protección que ofrecen los escoltas es limitado ante el riesgo en algunos casos”.

El documento incluye los cuestionamientos de las organizaciones de la sociedad civil y de usuarios del Mecanismo sobre el proyecto del gobierno de López Obrador de modificar la legislación para crear un Sistema Nacional que “termine trasladando la responsabilidad de la política de protección a los estados, desobligando al mecanismo federal de su papel”.

Entre las acciones programadas para marzo de 2022, RSF considera “un paso importante” que se pretenda lazar una campaña de reconocimiento a la labor de periodistas y defensores, pero que “décadas de omisión no serán superadas con una campaña presidencial de comunicación”, pues “la historia demuestra que proteger a los periodistas y defensores no es una prioridad de los gobiernos”.

Para la organización, los cambios más urgentes que requiere el Mecanismo de Protección están en la articulación de organismos públicos, en el personal técnico que lo compone, el diseño institución, la previsión presupuestal, las medidas implementadas, el trato a los periodistas, el marco normativo, la metodología y procedimientos, la confiabilidad y la transparencia y participación social.