CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la última década, América Latina se consolidó como el continente más peligroso para ejercer el periodismo, de acuerdo con un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que registra 139 asesinatos cometidos en México, Colombia Brasil y Honduras, entre 2011 y 2020.

En el documento “Bajo riesgo. Análisis de los programas de protección de periodistas en América Latina”, la organización destaca que 80% de los crímenes contra periodistas cometidos en el mundo se concentraron en esos cuatro países, y la mitad de las víctimas habían recibido amenazas antes de ser ejecutadas.

El texto clasifica a México como “el país más peligroso para la profesión, con al menos ocho casos de periodistas ejecutados (en 2020), a veces de forma salvaje, por investigar los vínculos entre el crimen organizado y la clase política”.

La investigación --realizada en asociación con Volt Data Lab y el apoyo de la UNESCO-- analiza los perfiles de los periodistas sacrificados, así como el trabajo que realizaban y sus coberturas profesionales.

De los 139 casos analizados, la mitad se desempeñaban como reporteros, fotoperiodistas o camarógrafos, como parte de algún medio de comunicación, dando cobertura en 46% a temas relacionados con crimen organizado, 39% política, 23% corrupción, y al menos 21% asuntos locales.    

El informe resalta que en 92% de los casos, “las circunstancias del crimen revelan que los agresores atacaron a un periodista que estaba en su mira”, en tanto que en sólo 10 de los 139 casos, la muerte “se produjo durante la realización de coberturas de riesgo, en la que el periodista recibió un disparo sin que necesariamente fuera dirigido en su contra”.

De igual manera, establece que 58% de las víctimas fueron ultimadas “cerca de sus oficinas, en sus casas o en trayecto entre sus domicilios y el lugar del trabajo”, y que por la forma en que ocurrieron los homicidios, es posible determinar que los agresores seguían a los periodistas, “y resulta evidente que su ejecución había sido planeada por asesinos profesionales”.

Destaca que en al menos 25% de los homicidios de periodistas ocurridos de 2011 a 2020, “sobre todo en México”, las víctimas fueron secuestradas antes de ser ejecutadas, y en esos casos concretos “la mayoría de los cadáveres encontrados después presentaban señales de tortura”, incluso mutilación.

Tras señalar que en ese periodo el 93% de las víctimas fueron hombres, Reporteros Sin Fronteras apunta que ese porcentaje no significa que la situación de las mujeres periodistas es mejor.

Siendo que en América Latina el 41% de los periodistas son mujeres, a ellas “se las silencia con violentas campañas de amenazas y acoso, generalmente en internet, lanzadas contra ellas y sus familias, a veces directamente por autoridades en su zona”.

El documento revela que 56% de los periodistas asesinados vivían en localidades de menos de 100 mil habitantes, en tanto que 54% de aquellos que vivían en municipios de entre 100 mil y 500 mil habitantes, habían recibido amenazas previas a su ejecución.

“Estas cifras no coinciden necesariamente con el tópico popular del periodista de investigación que trabaja para un gran periódico con sede en una capital y al que asesina por revelar información de relevancia nacional”, apunta RFS en su estudio, luego de señalar que los periodistas asesinados entre 2011 y 2020 en México, Brasil, Colombia y Honduras, “vivían lejos de los grandes centros urbanos, a menudo trabajaban en situaciones precarias, para varios medios, y cubrían temas que afectaban muy de cerca a autoridades y poblaciones locales”.

El análisis de los 139 homicidios revela que al menos 45% de los casos pudo haberse evitado, toda vez que las víctimas informaron haber recibido amenazas, “bien en los medios para los que trabajaban, bien desde sus cuentas en las redes sociales, o incluso directamente ante las fuerzas de seguridad de las ciudades donde residían”.

Peor aún, de los 139 periodistas asesinados, sólo 10 “--entre los que no se contaba ninguna mujer-- se beneficiaron de las medidas de protección del Estado”, cifra que representa 7.2% del total de las víctimas y casi 16% de los periodistas amenazados.
 
La organización considera preocupante el nivel de violencia en las cuatro naciones latinoamericanas, cuando “no son países oficialmente en guerra”, y alerta que los periodistas “fueron silenciados porque el contexto político y de seguridad pública de su región no garantizaba las condiciones para ejercer su profesión con seguridad”.

Finalmente, el informe advierte que la mayoría de las víctimas trabajaba para medios “demasiado precarios o frágiles para asegurar su protección, y el 10% de ellos eran periodistas independientes o colaboraban con radios comunitarias”.