PUEBLA, Pue., (apro).- La Jueza de Control, Magally Escamilla, exhortó a los trabajadores docentes y administrativos de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) a retomar su actividades en el campus.

Aunque primero se aseguró que este regreso al campus sería bajo el rectorado de Armando Ríos Piter, por la noche, voceros del patronato nombrado por el gobierno estatal aclararon que, “tras reuniones y acuerdos”, se determinó que al frente de la universidad quedaría de manera interina el representante legal del organismo, Rodrigo Gurza.

“Se acuerda que Gurza esté al frente y que posteriormente, en base a acuerdos, se definirá cómo quedará”, informó el vocero del patronato, José Sánchez Navarro, quien no precisó si esto equivalía a una destitución de Ríos Piter como rector. 

En un comunicado firmado por Gurza y emitido tras el exhorto de la jueza Escamilla, se señala:

“La referida resolución judicial deja claro que ahora la responsabilidad de que la UDLAP funcione correctamente es de los profesores, académicos alumnos y demás integrantes de la comunidad universitaria”.

Sin embargo, la rectora interina nombrada por la anterior administración, Cecilia Anaya Berríos, respondió que es “imposible” regresar a las instalaciones.

“La comunidad de la Universidad de las Américas Puebla celebra las intenciones del poder judicial del estado para reabrir el campus universitario y normalizar las actividades educativas de la institución, pero el regreso a nuestras instalaciones es imposible cuando se insiste en legitimar como administrador de la universidad al grupo que la mantiene secuestrada desde el 29 de junio del año pasado”, expresó.

Anaya Berríos dijo que con este llamado para retomar el campus se recurría de nuevo a la “simulación” y era una “ofensa para la inteligencia”, pues lo que reclama la comunidad universitaria es que las instalaciones sean entregadas de manera formal por un juez y no sólo que los dejen entrar.

“Tienen que hacer la entrega formal como indica la resolución definitiva del juez tercero y salirse del campus. Sigamos el camino de la ley y no el de la confusión”, asienta la académica. 

Exhorto

Rodrigo Gurza, el representante legal del patronato presidido por Horacio Magaña y que fue nombrado por el gobierno estatal, señaló que la resolución de la jueza Escamilla permitiría el regreso a clases presenciales si el personal atiende este exhorto judicial.

Pero apenas este lunes, 290 empleados académicos y administrativos de la UDLAP emitieron un pronunciamiento en el que dejaron en claro que no quieren tener ni siquiera un acercamiento con Ríos Piter y desconocen al patronato que encabeza Magaña, al cual calificaron de espurio.

En un comunicado, el poder judicial de Puebla informó que, a petición de la Fundación Mary Street Jenkins, en una audiencia que se realizó el 28 de enero, la jueza de Control resolvió que deben generarse condiciones para reanudar las actividades presenciales en la UDLAP, “sin ningún tipo de empleo de la fuerza pública y con la coadyuvancia pertinente de la Secretaría de Educación Pública”.

“Lo anterior para garantizar la función social de la Universidad y el interés superior de los estudiantes”, precisa el comunicado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

“En la audiencia, la jueza hizo un exhorto al personal administrativo y docente de la Universidad de las Américas, así como a la Secretaría de Educación Pública, para que se constituyan en el campuso localizado en la ex hacienda Santa Catarina Mártir sin número, en el municipio de San Andrés Cholula, a efecto de verificar la total apertura de las instalaciones y condiciones de acceso”, agrega. 

Se menciona que hay evidencia de que el campus había sido ya restituido a la Fundación Mary Street Jenkins desde el 1 de noviembre de 2021, sin embargo, en esa ocasión se entregaron las instalaciones a la representación del patronato nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla (JCIAP).

Protestas

Desde la tarde, estudiantes de esta universidad bloquearon calles de los alrededores al campus para exigir el retorno a clases presenciales, pero bajo la administración de la rectora Anaya Berríos, que nombró el patronato de la familia Jenkins.

Hasta esta noche, un grupo de estudiantes se mantiene en los accesos de la UDLAP para reclamar que las instalaciones sean devueltas a la anterior administración.

Alrededor de las ocho de la noche, un representante de la empresa de seguridad privada a cargo del campus comunicó a los estudiantes que por indicaciones del abogado Rodrigo Gurza se abrirían las puertas a todo el que muestren su credencial de la casa de estudios.

También este día, diputados locales del PAN acudieron al campus de la universidad para confirmar que no se permitía el acceso de los alumnos al campus, pese a que un día antes el gobernador Miguel Barbosa Huerta sostuvo que la institución siempre ha estado abierta.

La diputada de Morena, Nora Escamilla, también acudió a las instalaciones acompañada por sus compañeros de bancada, Salomón Céspedes y Edgar Garmendia, y argumentó que no es la Policía estatal la que prohíbe el acceso a la UDLAP, sino guardias de seguridad privada que fueron contratados por particulares.