CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que solicitó a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales (Interpol México) de la Fiscalía General de la República (FGR) y al Instituto Nacional de Migración (INM) la emisión de una Ficha Roja y Alerta Migratoria, respectivamente, contra el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso capitalino, Christian “N”.

La solicitud se da, luego de que ayer la institución dirigida por Ernestina Godoy informó que obtuvo una orden de aprehensión contra el exjefe delegacional en Benito Juárez, Christian Von Roehrich, por su presunta responsabilidad en los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidor público, así como el diverso de asociación delictuosa.

En un comunicado, este viernes la Fiscalía local informó que su Dirección General de Supervisión y Seguimiento de Ordenamientos Judiciales pidió el apoyo de la Interpol México y Migración para poder cumplimentar dicha orden. 

Recordó que inició una indagatoria en torno a exservidores públicos de la alcaldía Benito Juárez, lo que permitió identificar a otros individuos que, “al desempeñar sus funciones en la anterior administración en esa demarcación, posiblemente habrían realizado actividades financieras a nombre otros funcionarios, de quienes se notificó su aprehensión el día de ayer”.

Se refirió a Ismael “N” quien fue contralor interno, asesor de la entonces Jefatura Delegacional, director de Recursos Materiales y Servicios Urbanos y director General de Administración; José Ramón “N”, exsubdirector de Servicios Generales; y Alejandro “N”, subdirector de Servicios Generales.

Según la FGJCDMX, las indagatorias realizadas hasta el momento le han permitido abrir una nueva línea de investigación, “con sólidos datos de prueba aportados por uno de los exservidores públicos ya procesados, que podrían configurar posible asociación delictuosa”. 

Y es que, dijo, luego del sismo del 19 de septiembre de 2017, la alcaldía Benito Juárez “erogó cerca de 207 millones de pesos asignados a presuntas empresas fantasmas. Esta asignación fue mediante tres contratos: dos de ellos emitidos por un monto exacto destinados a dos empresas diferentes por concepto de arrendamiento de maquinaria para trabajos de demolición, más un contrato adicional por mantenimiento de inmuebles públicos afectados”.