CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En enero de 2017, cuando vieron llegar camiones con tubos, material de construcción y maquinaria pesada cerca del ejido Villahermosa, los agricultores de Mexicali, Baja California, bloquearon la carretera.

Protestaban porque en esa tierra seca, con lluvias muy inusuales y temperaturas que rozan los 50 grados centígrados en verano, se construiría un acueducto con recursos públicos para una planta que produciría cerveza con destino exclusivo al mercado estadunidense. Para ellos, la empresa Constellation Brands les quitaría la poca agua que riega sus cultivos.

Su temor estaba bien fundado: la fábrica en cuestión implicaba el consumo anual de 20 millones de metros cúbicos de agua. En su opinión, eso no era buena noticia, aunque anunciara la inversión de 1,500 millones de dólares y prometiera la creación de 750 empleos directos en una ciudad de cerca de un millón de habitantes.

Entre los manifestantes estaba Rubén Pérez Rojas. El acueducto de casi 47 kilómetros empezaría en su parcela hasta llegar al ejido Choropo. Temía que le expropiaran ese terreno de 20 hectáreas donde había sembrado trigo.

Meses más tarde se unirían a las protestas más activistas y productores, entre ellos Luis Rosales Ramírez, agricultor del ejido Michoacán, cuya parcela también padece los estragos de la sequía. En su última cosecha de trigo, a mediados de 2022, según contó, perdió 26 de las 120 toneladas que le garantizarían el sustento de su familia y la nueva siembra. La causa: el agua de riego le llegó a destiempo.

Fue tanto el inconformismo que, ante la petición de los pobladores de Mexicali, la administración de Andrés Manuel López Obrador se involucró en el conflicto. Como solución, organizó una consulta popular el 22 de marzo de 2020, en la que los ciudadanos rechazaron a la cervecera con el 76.1 por ciento de los votos. La obra ya tenía 65 por ciento de avance. Y aunque el resultado no era vinculante, el gobierno federal anunció un plan de “salida ordenada” de la multinacional y la mudanza de su planta a Veracruz, en un término de 24 meses, porque allá “hay mayor disponibilidad de agua”.

Hoy, cuando faltan tres meses para que se venza el plazo, Constellation Brands se aferra legalmente a mantener los dos títulos de concesión de agua que quedaron a nombre de su filial BC Tenedora Inmobiliaria S. DE R.L. DE C.V desde 2019. Para ello se amparó contra una resolución de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la que se ordenó que debía retirarlos.

Esta investigación publicada por Vanguardia, Aristegui Noticias, Proceso, Punto Norte Info y CONNECTAS revela que Constellation Brands, a través de su filial, pretende mantener los títulos de concesión: uno para "explotar, usar o aprovechar cauces, vasos, zona federal o bienes nacionales" y otro para descargar aguas residuales. También detalla cómo los procedimientos para la consecución de tales títulos han sido cuestionados y recoge posibles irregularidades como que la empresa comenzó a preparar el terreno para construir su planta en 2016, cuando aún carecía de la licencia de uso del suelo.

Un hallazgo adicional es que la “salida ordenada” no está oficializada en documentos, sino que depende de la buena voluntad de Constellation Brands. Este proceso es coordinado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

A estas conclusiones se llegó después de revisar más de 100 documentos y analizar respuestas a unas 90 solicitudes de información y una decena de entrevistas.

La multinacional sostiene que está desmantelando el interior de la planta, pero solo ha autorizado una visita de Semarnat para supervisar el avance. La entidad oficial tampoco ha diseñado el plan de restauración ambiental que debería darse con su retiro de Mexicali, según se deriva de las respuestas a solicitudes formuladas, vía transparencia, a Semarnat y  a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En medio de esa falta de claridad, la población campesina de la zona y los activistas que protestaron contra la cervecera están inquietos por el futuro de la planta y de las concesiones.

La disputa involucra a los gobiernos de Baja California y su capital Mexicali y a miembros de diversos colectivos que surgieron en 2017 para defender el agua de su región y que fueron protagonistas de las protestas masivas y de enfrentamientos con la policía. Algunos todavía resienten las consecuencias legales, pues tienen carpetas de investigación abiertas en su contra. Incluso, en enero de 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en donde se determinó que las autoridades violaron el derecho humano al agua, luego de que Rubén Pérez Rojas y sus colegas agricultores interpusieron una denuncia por la construcción del acueducto de 47 kilómetros que sería de uso exclusivo para la empresa, también conocido como Acueducto Ejido Villahermosa–Mexicali.

Pelea por el agua

Para cumplir con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, entre 2017 y 2019, Constellation Brands cedió a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), de manera gratuita, los derechos de agua de uso agrícola que había adquirido mediante la compra a ejidatarios de la región.

Al mismo tiempo, firmó un contrato con esa entidad en el que la ciudad se comprometió a darle 7 millones de metros cúbicos anuales para la construcción de la planta y su operación en la primera etapa. Más tarde, en agosto celebraron otro contrato para suministrar máximo 15 litros por segundo de agua potable a la empresa.

Entre 2018 y 2019, la CESPM tramitó ante Conagua la inscripción de los derechos de agua a su favor. También le pidió cambiar el tipo de uso de agrícola a público urbano, con el fin de poder redistribuir el excedente entre la población.

El proceso de cesión de los derechos de agua se realizó sin la autorización de Conagua, por lo que en 2021 esta determinó retirarle uno de los títulos de concesión. También decidió quitarle uno más para descargar aguas residuales porque entre 2019 y 2021 no usó ese permiso.  

Constellation, sin embargo, interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el cual le fue concedido, pero aún no se dicta sentencia.

En su defensa, el representante legal de la empresa reconoció la existencia de un convenio de cesión, pero argumentó que no se había formalizado y, por lo tanto, todavía podía solicitar la autorización de Conagua para ese fin. También argumentó que aunque la ley local la obligaba a entregar los derechos de agua a la CESPM, esta podría interpretarse como un fraude porque esa norma contradice lo dispuesto por la Ley de Aguas Nacionales. Según esta última, se debe avisar a Conagua para que analice su viabilidad.

Respecto de la decisión de Conagua de retirarle el título de concesión para descargar aguas residuales, la cervecera argumentó que hasta ese momento no había desarrollado actividad industrial que ocasionara tales descargas. Conagua replicó que no hay documento que acreditara que la empresa le avisó que no utilizaría ese título de concesión.

Conagua decidió retirarle las dos concesiones y luego multó a Constellation Brands con 174,759 pesos por haber construido dos puentes vehiculares sobre el Canal Lobo Norte y el ramal del Dren Colector del Norte sin contar con el título de concesión, y le ordenó retirar dicha infraestructura.

Constellation tampoco aceptó pagar la multa, y arguyó que sí contó con los permisos, pero no pudo renovarlos como consecuencia de los resultados de la consulta popular de 2020. Agregó que lo anterior también le impidió retirar la infraestructura.

Pero la cervecera se contradice. Pese a la votación y a que le faltaban algunos permisos continuó construyendo la planta. Esto le valió otra multa por 43,440 pesos en diciembre de 2020.

La disputa legal se da pese a que Constellation Brands aceptó las 300 hectáreas que le facilitó el gobierno mexicano en Veracruz para mudar allí el proyecto; en esa zona también tiene 17 concesiones para extraer 3,972,355 metros cúbicos de agua, de acuerdo con los datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). En abril de 2022, López Obrador anunció el inicio de la construcción de la planta en aquel estado, pero hasta octubre no había autorizaciones para un proyecto cervecero, según solicitudes de información.

Al cierre de edición, Conagua omitió responder sobre lo aquí expuesto. También se buscó a Constellation Brands, pero contestó que no se darían entrevistas, ni se respondería al cuestionario. Sin embargo, compartió un comunicado emitido hace meses y que señala que "estamos en el proceso de traslado de suministros y equipos de nuestro predio en Mexicali a otras instalaciones”.

Catalino Zavala Márquez, secretario general de Gobierno de Baja California, afirmó que el contrato para otorgarle a la empresa 7 millones de metros cúbicos de agua al año ya no está vigente, pero no fue entregado un documento que avalara esa aseveración, y que la cancelación de ese contrato está en revisión legal porque la empresa pagó 68 millones de pesos de derechos de agua entre 2017 y 2018.

Agregó que Constellation, mediante su filial, solo alcanzó a ceder a favor de CESPM 314.28 hectáreas mediante 14 protocolizaciones ante notario, lo que equivale a 3,721,075 metros cúbicos de agua, de los 7 millones originalmente solicitados.

También sostuvo que, hasta el momento, la empresa no ha pedido autorización para otro proyecto en ese predio.

Silencio y opacidad

Constellation Brands llegó a Mexicali desde 2015. Los empresarios, junto con funcionarios públicos de Baja California, impulsaron el proyecto en una superficie de 388.5 hectáreas del ejido Choropo. La inversión era de 2,000 millones de dólares.

Según documentos, la meta era alcanzar los 20 millones de hectolitros de cerveza en cinco años para ser “líder en el mercado mundial” y aprovechar la cercanía con California, Estados Unidos, su mercado de cerveza importada más grande en ese país.

Esta compañía ya tiene plantas en los estados de Sonora y Coahuila para producir las cervezas de Grupo Modelo que se envían a Estados Unidos. Para extenderse más, en marzo de 2016, mediante su filial BC Tenedora Inmobiliaria, presentó su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la ahora Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California.

Un mes después, la Secretaría dio el visto bueno, pero condicionado, porque además de que faltaban requisitos como el dictamen de uso de suelo, la empresa debía presentar una “propuesta definitiva de abastecimiento de agua”.

Documentos analizados revelan que la compañía solicitó una prórroga de seis meses que vencía en diciembre de 2016 para allegar diversos papeles, entre ellos el Dictamen o Licencia de uso de suelo. Sin embargo, imágenes obtenidas por Google Earth revelan que la preparación del sitio comenzó en abril de 2016, aunque el permiso tiene fecha de emisión del 22 de julio del mismo año y la Secretaría lo recibió en noviembre.

De acuerdo con productores, nunca fueron consultados sobre el contrato en el que el Estado se comprometía a dar 20 millones de metros cúbicos de agua a la cervecera. Este se firmó en octubre de 2015 —antes de que se presentara la MIA del proyecto— entre representantes de Constellation Brands y de la CESPM, pero, tras las protestas, fue cancelado.

Salida desordenada

Agricultores y activistas protestaron contra la situación, que cada vez se agrava más con la creciente sequía que estropea las cosechas del Valle de Mexicali. En julio de 2022, por ejemplo, la Conagua declaró una emergencia por sequía en esa región.

Aun con ese contexto y con un acuífero sobreexplotado y con veda desde 1965, han visto cómo la industria toma fuerza. Por su cercanía con Estados Unidos, Mexicali se ha convertido en un punto estratégico para empresas estadounidenses.

Mientras los empresarios se benefician, crecen las preocupaciones de los agricultores y de los colectivos sociales, ya que la denominada salida ordenada carece de documentos que oficialicen la retirada, de acuerdo con solicitudes de información hechas a Semarnat.

Solo existe un documento con 24 diapositivas en el que la empresa presentó un cronograma de tres fases para retirar y mover diversos equipos a sus plantas de Coahuila y Sonora.

Aunque se creó una Comisión Especial para dar seguimiento, la comunidad es consultada parcialmente. Desde marzo de 2021 se efectúan reuniones mensuales por videollamadas, donde la multinacional presenta sus informes en un lenguaje incomprensible, según algunos miembros. Las dudas se envían por escrito y las responden un mes después.

De acuerdo con el análisis de las minutas, hasta agosto de este año Semarnat inspeccionó una vez dentro de la planta para verificar el desmantelamiento. En esta visita Leobardo Clark, ingeniero mecatrónico de la Universidad Autónoma de Baja California, hizo un reporte en el que afirmó que la planta  no puede producir cerveza porque no tiene el equipo necesario y varias de las construcciones quedaron en obra negra. Estas revisiones no son más frecuentes porque, según una de las minutas, no hay marco legal que lo permita y, por ser propiedad privada, requieren la autorización de la empresa.

En las minutas también se evidencia que nunca se entregó el documento base sellado y firmado como solicitaron los colectivos. La aclaración les llegó en la reunión del 30 de septiembre de 2022, cuando la empresa informó que concluyó el desmantelamiento físico. Esto causó incertidumbre porque, por fuera, la infraestructura está casi intacta, lo cual fue corroborado en un recorrido hecho en octubre. 

Para atender asuntos jurídicos, a petición de los colectivos se creó otra comisión que no ha logrado acuerdos para que se retiren las órdenes de aprehensión contra activistas o se revoquen las concesiones de agua otorgadas a la empresa. La comisión está conformada por instancias locales y federales.

Algunos ciudadanos, como Filiberto Sánchez, del colectivo Resistencia Civil de BC, confían en la palabra del presidente de la república sobre que no se producirá cerveza en la región.

Pero otros como León Fierro, de Mexicali Resiste; Martha Elvia García, del colectivo Plebiscito por el Agua en Baja California; Mariana Cervantes, del colectivo Defensa del Agua y Territorio de BC, y agricultores de la región, consideran que Constellation Brands, a través de su filial, solo está esperando a que López Obrador salga de la presidencia para retomar el proyecto o utilizar la infraestructura y el agua para otro negocio.

Otras opiniones, como la de Iván Martínez Zazueta, integrante de la Contraloría Ciudadana del Agua de Baja California, apuntan a que posiblemente la empresa venderá la planta de Mexicali, pues según uno de sus reportes financieros, desde abril de 2021, la Junta Directiva autorizó a la gerencia “vender o abandonar” la cervecera. Esta versión es incierta porque Constellation Brands reportó que continúa en pláticas con las autoridades mexicanas para determinar los siguientes pasos.

A pesar de que se cuestionó  a la empresa sobre cuáles son sus intenciones para el uso del predio, no hubo respuesta. Tampoco respondió Presidencia de la República sobre las reuniones que sostuvo el presidente López Obrador con los empresarios cerveceros.

Mientras tanto, los integrantes de los colectivos continúan sin saber a ciencia cierta qué pasará con el predio donde ya está avanzada la infraestructura para una cervecera. Tanto mutismo de la empresa y de las autoridades crea las condiciones para que las especulaciones tomen fuerza y se gesten nuevas protestas sociales en una región donde el agua es cada vez más escasa y la sequía sigue estropeando las cosechas.