desaparición forzada

Familia de Claudia Uruchurtu espera que AMLO cumpla promesa de justicia; fue asesinada en 2021

El 26 de marzo de 2021, la activista de derechos humanos quien denunció a la exedil por varios ilícitos, fue vista por última vez en las inmediaciones del palacio municipal de Asunción Nochixtlán, luego de participar en una manifestación contra las autoridades del lugar.
lunes, 28 de noviembre de 2022 · 10:41

GINEBRA (apro).-La madre y hermanas de Claudia Uruchurtu víctima de desaparición forzada en Nochixtlán Oaxaca y de presunta ejecución extrajudicial, esperan que la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer justicia en este caso se cumpla, pues este martes se dicta sentencia en el juicio contra la alcaldesa de Morena, Lizbeth Victoria Huerta y sus cómplices.

“El Señor presidente de la República nos prometió que no habría impunidad, que fuera quien fuera habría verdad y justicia, a sus palabras nos atenemos”, dijo a Proceso Elizabeth Uruchurtu, de nacionalidad británica.

“Fue muy doloroso lo que acaba de pasar en Nochixtlán en Oaxaca, en donde desaparece una luchadora social, se abre investigación y un participante, como testigo protegido, da a conocer que la habían asesinado  y que la orden había salido presuntamente de la presidenta municipal del partido de Morena y la instrucción es sea quien sea, no llegamos aquí para eternizar la corrupción y la impunidad. Que se aclare”, afirmó López Obrador en la mañanera del 11 de mayo de 2021.

Uruchurtu fue este domingo a la marcha de AMLO para tratar de acercarse al presidente, pero fue imposible, no obstante, logró cruzar algunas palabras con el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, a quien le recordó el caso de la desaparición forzada de la activista oaxaqueña y le expresó su temor de que con el cambio de gobierno, la edil pudiera salir en libertad. El nuevo gobernador morenista Salomón Jara tomará posesión el 1 de diciembre y se presume que es cercano a Huerta, pues ha salido en su defensa.

Según lo narrado por Uruchurtu, Ebrard le dijo que hablaría con López Obrador para hacerle saber la situación y la urgencia del caso ya que este lunes es la última audiencia y quizá se dicte la sentencia el martes.

“Estamos muy preocupadas de que el Tribunal Superior de Oaxaca mantenga su imparcialidad y no permita la injerencia de intereses políticos’’, recalcó Uruchurtu.

“De lograrse una sentencia condenatoria, sería la primera vez en la historia de Oaxaca que se castigue a funcionarios públicos por el delito de desaparición forzada. Nunca se había llegado tan lejos en un proceso penal. Esto lo vuelve un caso paradigmático para el sistema de justicia no sólo en Oaxaca, sino en México”, remarcó.

“A pesar de las dilaciones, las dificultades y lo revictimizante que ha sido el proceso judicial, consideramos importante continuar con la esperanza en que el Poder Judicial del Estado de Oaxaca sea capaz de impartir justicia, y que las autoridades entiendan la oportunidad histórica que tienen en las manos para condenar a los perpetradores’’, valoró.

El 26 de marzo de 2021, la víctima Claudia Uruchurtu, activista de derechos humanos quien denunció a la exedil por varios ilícitos, fue vista por última vez en las inmediaciones del palacio municipal de Asunción Nochixtlán, luego de participar en una manifestación contra las autoridades del lugar.

Parlamento británico discute el caso de Claudia

El caso también ha cruzado las fronteras del país, ya que las hermanas de Claudia, además de la nacionalidad mexicana son británicas cuestión por la que algunos parlamentarios del Reino Unido visitaron el estado para asesorar la situación de primera mano.

El diputado laborista británico Dan Carden durante su visita a Oaxaca manifestó que existe preocupación porque a un año y 8 meses de la desaparición de Claudia Uruchurtu sus restos siguen sin aparecer y los detenidos, siguen sin ser sentenciados.

Por su parte, el 14 de noviembre la coordinadora del Comité de Asuntos Exteriores del parlamento británico Alicia Kearns, quien también estuvo en Oaxaca, habló sobre la desaparición forzada de Claudia con el ministro de exteriores James Cleverly e incluso comentaron sobre la posibilidad de la imposición de sanciones para aquellas naciones en las que se abusan sistemáticamente los derechos humanos.

“Hay una epidemia de feminicidios y corrupción en México y esta es la clave para poder usar sanciones’’, dijo Kearns en la sesión del Comité de Asuntos Exteriores con el ministro Cleverly.

“Sé que no comentará si usaríamos las sanciones en casos específicos, pero sí quiero plantear el caso de Claudia Uruchurtu, sus hermanas son ciudadanas británicas. Actualmente tenemos en la corte por primera vez en la historia que funcionarios mexicanos electos han sido llevados a la corte por lo que parece ser el asesinato de un defensor de los derechos humanos. Se trata de una cuestión de corrupción’’, argumentó.

“¿Conoce usted este caso y lo plantearía específicamente a sus homólogos mexicanos? Porque este es el tipo de situación en la que Gran Bretaña podría usar sanciones.’’, insistió la parlamentaria británica.

Advirtió que, con la entrada de Jara, el nuevo gobernador de Oaxaca “quien se cree que consideraría liberar a estas personas y, por lo tanto, negar el acceso a la justicia en el primer caso en que podría cambiar la historia de México, ¿es este el tipo de caso en el que cree que se podrían usar sanciones? ¿Y lo plantearía con sus homólogos mexicanos?’’, cuestionó Kearns.

“Entiendo que hemos planteado esto a nivel de funcionarios en México. Analizaré más detalles sobre qué medidas se pueden escalar y serían las más apropiadas’’, respondió Cleverly.

Por su parte, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU envió al gobierno de México la petición para llevar a cabo una acción urgente a raíz de la desaparición de Claudia, sin embargo, falló la búsqueda inmediata.  

Luego de su visita a México el CED afirmó que “en México, la impunidad es un rasgo estructural que propicia la repetición y ocultamiento de actos de desaparición forzada. La impunidad también es un factor que contribuye a la revictimización y socava el impacto de cualquier iniciativa para erradicar y prevenir las desapariciones forzadas’’.

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