MONTERREY, N. L. (apro).- La titular de la oficina Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez debe presentar una denuncia formal sobre la presunta venta de niños en el DIF estatal, en la anterior administración de Jaime Rodríguez El Bronco, como lo denunció en días pasados en una publicación en redes sociales, demandó la diputada Anylú Bendición Hernández.

La legisladora de la Bancada 4T consideró reprobable que la esposa del gobernador no atienda como se debe un problema tan serio como es el tráfico de menores en el refugio de Capullos, que dio a conocer en Instagram.

“Me parece reprobable que Mariana Rodríguez no atienda este caso como se merece. Considero que si ella tiene conocimiento de este problema no debería tomarlo como un asunto equis, el que presuntamente se vendieran niños, pues ella como titular de la oficina Amar a Nuevo León, debería tomar cartas en el asunto y presentar las denuncias correspondientes para deslindar responsabilidades”, dijo la legisladora local.

En el video que dio a conocer el lunes en sus historias de Instagram, Rodríguez Cantú dijo frente a la cámara: “Si yo les contara todo lo que hizo la administración pasada con Capullos, se me infartan. O sea, cómo vendían niños. Equis, esa es otra historia que luego les platicaré”.

Sobre los señalamientos, El Bronco simplemente señaló en una entrevista en la localidad, lo delicado de los dichos de la esposa de Samuel García: “Es algo muy delicado abrir la boca para decir lo que se piensa en ese momento”.

La diputada de la 4T insistió en que el tema debe ser abordado con seriedad, por lo que se comprometió a enviar un exhorto a la oficina de Amar a Nuevo León, para que comunique la solución que tomará para resolver el problema de la presunta venta de menores.

“Sin duda, esto no debe tomarse a la ligera, porque estamos hablando de la integridad de infantes, seguridad y cuidados de los mismos”, dijo.

Luego de que se conociera el mensaje del tráfico de niños, Rodríguez Cantú borró el video y luego difundió otra publicación en la que señaló que lo que encontró al llegar al DIF estatal eran “atrocidades” difíciles de demostrar, aunque ya son investigadas al interior de la institución.