COLIMA, Col. (apro).- Con fundamento en el Artículo 3 Constitucional, que establece la gratuidad en la educación hasta el nivel superior, un estudiante ganó un juicio de amparo para que la Universidad de Colima se abstenga de cobrarle por concepto de cuotas y colegiaturas durante el resto de su carrera.

El juez segundo de Distrito en esta ciudad, Francisco Javier García Contreras, ordenó también a la institución educativa devolver al quejoso el pago realizado durante el presente ciclo escolar, que asciende a 2 mil 580 pesos.

Asimismo, consideró inconstitucional el Reglamento Escolar de la Universidad de Colima, que en sus artículos 9, 26 y 82 condiciona a los estudiantes a cubrir los aranceles para ingresar a la institución y no tener deudas para reinscribirse.

En la sentencia del juicio 940/2022, de la que el corresponsal posee una copia, se determinó que al imponer o condicionar al quejoso el pago de cuotas de inscripción para poder continuar cursando el nivel superior se violó su derecho humano a la educación reconocido tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y en la propia Ley de Educación del Estado de Colima.

De acuerdo con la resolución judicial, el Estado “tiene el deber de promover y atender todos los tipos y modalidades de educación, como la inicial y superior, que sean necesarias para la consecución de distintos objetivos sociales, lo que implica que la educación básica, media superior y superior que imparta el Estado debe ser obligatoria, universal, laica, pero sobre todo gratuita”.

En el caso de la educación superior, el juez invocó el Artículo 3 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 1, párrafo primero, y Transitorio Tercero punto II de la Ley General de Educación Superior, publicada esta última el 20 de abril de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, donde se advierte que la gratuidad empezó a implementarse gradualmente a partir del ciclo escolar 2022-2023”.

El abogado Octavio Muñoz Mendoza, quien asesoró al quejoso, informó que la demanda de amparo fue promovida el pasado 30 de agosto, tres semanas después de que el estudiante había realizado su pago de colegiaturas en la Facultad de Derecho, en tanto que la resolución fue firmada por el juez el 7 de noviembre anterior.

Señaló que la obtención del amparo es una buena noticia para el estudiante quejoso, pero “ojalá que también sea una interpelación para la Universidad de Colima para que cambie su reglamento, pues no puede ser que mantenga un reglamento que es inconstitucional”.

Muñoz Mendoza añadió que se ha argumentado que la Universidad de Colima no tiene cómo sostenerse, “como si la colegiatura fuera su única fuente de ingresos, pero en este año 2022 tiene asignado un presupuesto de casi 2 mil 225 millones de pesos, entonces si los 28 mil estudiantes pagaran un promedio de 3 mil pesos las colegiaturas no representarían ni el 4 por ciento del presupuesto general”.

Consideró que no es posible que la Universidad de Colima sostenga que no hay recursos para funcionar y que depende específicamente de las colegiaturas, por lo que “es necesario que esa casa de estudios asuma su responsabilidad, cambie su reglamento y se administre de una manera más adecuada para que no tenga que cobrarles a los estudiantes por un derecho humano que está estipulado en la Constitución y que se tiene que respetar”.

El abogado recordó que la Ley General de Educación señala que la gratuidad como derechos humanos en las universidades tendrá que estar garantizada a partir del ciclo 2022-2023, “por esta razón es que en este ciclo a este estudiante se le ha concedido el amparo”.

Octavio Muñoz anticipó que seguramente la Ucol presentará recursos contra esta sentencia, sin embargo estimó que es muy difícil que pueda revertirla, porque “la Ley General de Educación es muy clara; ojalá que la Universidad asuma esta responsabilidad y cambie su reglamento; no es una exigencia berrinchuda, es un derecho, y todos estamos en posibilidad de exigirlo”.