Ciudad de México (Apro).- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está entregando más contratos y convenios modificatorios para terminar el Tren México-Toluca, pero millones de pesos están cayendo en el pozo sin fondo en que se ha convertido ese megaproyecto ferroviario debido a que la administración de Enrique Peña Nieto lo inició sin contar con la totalidad del derecho de vía.

Para 2021 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una serie de irregularidades entre los 3 mil 500 millones de pesos extras que el gobierno federal decidió inyectar en el proyecto en junio del año pasado.

El 22 de octubre de 2021 el gobierno federal decidió ampliar en 2 mil 383 millones de pesos el contrato otorgado en 2014 al consorcio encabezado por la empresa española CAF --que también es proveedora de los trenes del Tren Maya-- para el suministro de material rodante.

Con este nuevo compromiso el contrato inicial subió 35% --pasó de 13 mil 570 millones de pesos a 18 mil 100 millones de pesos--, y su plazo se triplicó: pasó de mil 243 a 3 mil 313 días naturales. En un principio, el contrato debía terminar en mayo de 2018, ahora se estima que sea hasta el 31 de diciembre de 2023.

Respecto a la construcción de una estación del tren en la cuarta sección del bosque de Chapultepec, llamada “Vasco de Quiroga”, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) adjudicó directamente dos contratos por 562 millones de pesos en 2021, pero cayó en los mismos vicios que las administraciones pasadas: no tiene la “liberación total de los derechos de vía”, por lo que se atrasó mucho la construcción.

La ASF envió sus auditores al lugar de las obras y éstos detectaron “la presencia de interferencias por cimentaciones existentes, líneas de energía e instalaciones de la Universidad de la Salud (UNISA), además de la presencia de árboles que no puede derribar por no contar con las autorizaciones correspondientes, lo que provocó un atraso en la ejecución de los trabajos al 31 de mayo de 2022”.

En otra auditoría, la ASF determinó que el gobierno federal había pagado 135 millones 309 mil pesos en exceso en el ajuste de costos y el finiquito de un contrato otorgado a las empresas Cotrisa e ICA en 2014, el cual fue ampliado 10 veces hasta que finalmente los trabajos terminaron en junio de 2020, cuatro años después del plazo original.