Los ejidatarios mexiquenses afectados por el tren México-Toluca –una obra interminable del Grupo Atlacomulco iniciada en 2014 y cuya inversión creció en los últimos años– no cejan en su lucha y reiteran: “Lo único que queremos es justicia: un pago justo por nuestras tierras y la reparación de los daños”. Ya han presentado varios amparos y denuncias contra el director de Asuntos Legales de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario de la SCT, Miguel Ferrusquía Canchola, por los múltiples agravios. TOLUCA, Edomex (Proceso).– Los atropellos y actos de corrupción provocados por la obra del tren México-Toluca continúan dándose en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al grado de que tres ejidos mexiquenses interpusieron ya una denuncia penal conjunta ante la Fiscalía General de la República (FGR) y otra ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por “fraude” y “actos de corrupción” cometidos por “diversos servidores públicos” de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a cargo de Javier Jiménez Espriú, quien intenta concluir esa polémica obra ferroviaria impulsada por el Grupo Atlacomulco. Los ejidos Ocoyoacac, San Miguel Ameyalco y San Juan Coapanoaya presentaron el pasado 12 de abril su querella ante la SFP. Catorce días después, interpusieron su denuncia penal ante la FGR. En ambas acusan concretamente al director de Asuntos Legales de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario de la SCT, Miguel Ferrusquía Canchola, de “fraude procesal”, “corrupción”, “engaños” y “autoritarismos” de los que, dicen los promoventes, han sido víctimas. La tesorera del ejido Ocoyoacac, Graciela Peña Reyes, se lamenta: “Con el gobierno actual la situación se puso peor. Antes, por lo menos las autoridades escuchaban las quejas de nosotros los ejidatarios. Pero ahora ya no hay ningún diálogo, de plano nos cerraron totalmente las puertas”. Con ella coincide el presidente del comisariado ejidal de San Miguel Ameyalco, Álvaro Maravilla Macario, quien asegura: “No hemos visto ningún cambio con la llegada del actual gobierno. ¡Nada! Continúan dándose los mismos atropellos contra nosotros los ejidatarios, que seguimos pidiendo justicia igual que siempre.” Peña y Maravilla señalan que Ferrusquía Canchola, quien ocupa ese cargo desde el sexenio anterior, sigue siendo el funcionario encargado de pagar las afectaciones provocadas por la obra del tren, cosa que no ha hecho con los tres ejidos. “Precisamente por eso decidimos denunciarlo”, dicen los representantes ejidales a Proceso. [caption id="attachment_555605" align="alignnone" width="702"] Obra del Tren Interurbano México-Toluca. Foto: Benjamín Flores[/caption] Las quejas En sus denuncias –dirigidas a los titulares de la FGR y de la SFP, Alejandro Gertz Manero e Irma Eréndira Sandoval, respectivamente–, los ejidatarios enumeran los ilícitos cometidos por el subalterno de Jiménez Espriú. Señalan, por ejemplo, que se “alteraron los avalúos” de sus tierras ejidales, pues les dieron “un valor más bajo” que al de otros terrenos aledaños adquiridos por “personas oportunistas”, quienes vendieron a precios altísimos especulando con la tierra. Fue un “valor arreglado” con Ferrusquía Canchola, afirman en sus denuncias. Además –prosiguen–, la obra ferroviaria finalmente ocupó superficies ejidales “mayores a las convenidas”, sin que se les pagara a los afectados por estas áreas adicionales. Ferrusquía tampoco cumplió con los acuerdos de restaurar –con árboles, áreas verdes, limpieza y electrificación– las áreas ejidales que resultaron dañadas por la obra, las cuales hoy están convertidas en vertederos de cascajo, quedando inhabilitadas para las labores agrícolas. Los ejidatarios se quejan también de que jamás se les “consultó” sobre la obra ni tampoco se les presentó un estudio de impacto ambiental ni un “proyecto de remediación y mitigación”. De pronto llegó la maquinaria, dicen Peña y Maravilla, y empezó a trabajar en sus tierras. Y cuando preguntaron sobre la situación, les respondieron que “no tenían por qué darnos explicaciones”. Cuentan que personal de la constructora española OHL y de la empresa liberadora GAP incluso llegó a golpear a ejidatarios de Ocoyoacac. Mientras, los ejidatarios de San Miguel Ameyalco siguen siendo víctimas de amenazas. Refiere al respecto Maravilla: “De pronto nos mandan personas para amenazarnos. Llegan y nos dicen que nos quedemos quietos, que no hagamos protestas porque pueden meterse con nuestras familias”. Y respecto a los bajos precios que recibieron por sus predios, Peña Reyes detalla: “A nosotros nos pagaron entre 400 y 600 pesos el metro cuadrado, siendo que a los propietarios de otros terrenos colindantes se los pagaron a 4 mil pesos. Recibieron un pago hasta 10 veces mayor”. –¿Qué razón les dieron para pagarles tan bajo? –Ferrusquía argumentó que nos dieron ese pago porque nuestros terrenos ya habían sido expropiados en 1982, por lo que nos hacían un favor al remunerarnos por un área que ya ni siquiera nos pertenecía. De manera que, dijeron, más nos convenía quedarnos callados y dejar de protestar. “Pero ese argumento es falso. Jamás fueron expropiados nuestros terrenos. En 1982 se intentó hacerlo, pero hubo un fuerte movimiento ejidal que impidió la expropiación. Ese movimiento lo recordamos muy bien. Pensaron que los actuales líderes ejidales, por ser de una generación más joven, no teníamos memoria, y trataron de abusar de nosotros a base del engaño.” Engaños y abusos Indican los entrevistados que en instancias oficiales, como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, no hay ningún registro de dicha expropiación, sencillamente porque jamás la hubo. “Todo fue una maniobra de la oficina de Ferrusquía para pagarnos a muy bajos precios nuestras tierras”, recalca Peña. –¿Y a quiénes les pagaron a 4 mil pesos el metro cuadrado por sus terrenos? –A la Fundación Moreno Toscano, por ejemplo, cuyos terrenos colindan con los de nosotros. También a la familia del exalcalde de Ocoyoacac, Joel Cerón, que cuando supo del proyecto del tren empezó a comprar terrenos a precios muy bajos, para luego venderlos a 4 mil pesos el metro cuadrado. Hubo gente que lucró con la obra del tren. Sospechan los ejidatarios que Ferrusquía, por ser quién pagaba y determinaba los costos a su antojo, se coludió con esas personas “oportunistas” que aluden en sus demandas y a quienes les pagó mayores cantidades. “Suponemos que Ferrusquía cometió fraude, aprovechando que tenía el manejo del dinero. Es muy raro que a unos les haya pagado más y a otros menos, por terrenos de la misma área”, dice Maravilla. –¿Pudo haber recibido “moches”? –Es probable. Incluso tenemos información de que él reportó que a los tres ejidos nos pagó a 4 mil pesos el metro cuadrado, siendo que fue mucho menos. ¿Quién se quedó con la diferencia? No lo sabemos. Por eso pedimos que se investigue. En la entrevista, realizada en Toluca, a los líderes del ejido Ocoyoacac y San Miguel Ameyalco los acompañan otros ejidatarios y su asesor legal, Eric Reider, quienes de pronto toman la palabra para complementar las quejas. Indignados, comentan que la obra ferroviaria aparte está ocupando una superficie de sus tierras mucho mayor a la acordada, como ya lo mencionan en sus denuncias ante la FGR y la SFP. Cuenta Peña: “Al principio no nos dimos cuenta de esta situación, pero luego empezamos a medir la superficie ocupada por la obra. Contratamos a topógrafos para que hicieran el peritaje. Y comprobamos que, tan sólo en el ejido Ocoyoacac, el área ocupada es de aproximadamente 8 mil metros cuadrados, el doble de extensión de los 4 mil 776 metros acordados”. La secunda Maravilla: “En el ejido San Miguel Ameyalco nos pasó lo mismo. La obra del tren se comió más terreno del que nos mal pagaron”. Y para colmo, dicen, la SCT tampoco les cumplió sus promesas de “embellecimiento” de las zonas ejidales afectadas, que consistiría en limpiar primero el escombro de la obra, luego plantar árboles, acondicionar áreas verdes, remozar caminos y tender electrificado, entre otras mejoras. Muy al contrario, se lamentan, la vía ferroviaria “partió en dos” sus ejidos, dejando incomunicados a los pobladores de una parte y otra. Y sus sembradíos fueron utilizados para tirar el desecho de la obra: enormes montículos de cascajo y fierro retorcido cubrieron sus milpas. Peña relata: “Hasta nos prometieron que iban a ponernos una escuela. ¡Nada cumplieron! Puros daños nos deja esa obra que partió en dos a nuestros ejidos. En el de Ocoyoacac, por ejemplo, se dejó incomunicados a los pobladores que viven en el paraje La Campana con los que viven en la colonia Juárez. “Dejó también fracturado un puente peatonal que, por lo mismo, ahora casi ni usamos. Es hoy un punto de delincuencia donde ya han violado a algunas jovencitas. Igual nos dejaron un camino todo estropeado. “Tendieron con malla ciclónica uno de nuestros espacios, al que hoy entran y salen con camiones que tiran escombro… Hasta nos han llegado a prohibir el paso a nuestras propias tierras, donde antes había vegetación, teníamos animales y sembrábamos maíz y haba. Nos costará mucho trabajo rehabilitarlas”. Intimidaciones Ante tantos atropellos, dicen los entrevistados, los tres ejidos decidieron hacer un “frente común”, realizar actos de protesta en la autopista México-Toluca e interponer sus denuncias. En ellas piden a las autoridades responsables de la obra que les entreguen los planos de construcción del tren, el estudio de impacto ambiental, los permisos de construcción y una evaluación de las afectaciones a sus ejidos. “Siempre hemos pedido esta información. Nunca la han dado”, dice Peña. –¿Cuál es finalmente el objetivo de ustedes con sus denuncias? –Lo único que queremos es justicia: un pago justo por nuestras tierras y la reparación de los daños. El asesor legal de los ejidatarios, Eric Reider, interviene: “Sigue habiendo mucha intimidación contra los ejidatarios. Las autoridades no los escuchan. Aunque con el cambio de administración llegaron nuevos funcionarios a la SCT, Ferrusquía Canchola continúa en el puesto, tapando las cosas mal hechas, como incumplimientos y malos avalúos”. Señala que ya entregó documentación sobre el caso a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, a cargo de Julio Scherer Ibarra. “Es importante que el presidente López Obrador, a través de Scherer, esté al tanto de lo que ocurre con la obra del tren”, dice. Impulsada por el Grupo Atlacomulco, el presidente Enrique Peña Nieto inició la construcción del tren en julio de 2014. Se anunció entonces que su costó sería de 38 mil millones de pesos y concluiría en 2017. Pero la obra se retrasó y aumentó en costo. Para mediados de 2018 se calculaba que sería de 59 mil 216 millones; es decir 21 mil 216 millones más de lo presupuestado originalmente. Antes de dejar la Presidencia, con su onerosa obra inconclusa, dijo Peña Nieto: “Yo espero que el nuevo gobierno retome la obra. Lo he platicado con el presidente electo, le he dicho que es un gran?proyecto”. Y así fue, López Obrador –a diferencia de lo que hizo con el aeropuerto de Texcoco– aceptó continuar con el tendido de 58 kilómetros de vía ferroviaria, realizado mediante invasión de tierras ejidales y comunales, represión policiaca y daños ecológicos, lo cual ha levantado protestas sociales en varios puntos de la obra (Proceso 1985, 1991, 2064, 2118 y 2166). La concesión de la obra la obtuvieron grandes empresas favorecidas por el gobierno de Peña Nieto y ligadas al Grupo Atlacomulco, como la española OHL, acusada de actos de corrupción, y La Peninsular, propiedad de la familia Hank Rhon, entre otras. En un mitin en Toluca, el 17 de junio del año pasado, López Obrador prometió: “Vamos a terminar el tren Toluca-Ciudad de México, porque el dinero del pueblo invertido en la obra debe aprovecharse”. Y calculó que, ya en la Presidencia, en un año terminaría la construcción. El plazo vence en diciembre próximo. Reider concluye: “La construcción del tren ha provocado muchísimos atropellos, ¡muchísimos! Ignoro si otros ejidos ya interpusieron alguna demanda penal, como lo hicimos nosotros. Pero eso sí, han puesto infinidad de amparos contra la obra”. Este reportaje se publicó el 2 de junio de 2019 en la edición 2222 de la revista Proceso