CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un grupo armado ejecutó al presidente municipal perredista de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza Almeda, a su padre, el exedil Juan Mendoza Tapia, y al menos 16 personas más, entre ellos siete policías municipales y trabajadores del Ayuntamiento, en la convulsionada región de la Tierra Caliente del estado de Guerrero.

Los informes refieren que la mañana de este miércoles, un grupo armado irrumpió en la cabecera municipal de San Miguel Totolapan y se dirigió directamente a la sede del Ayuntamiento, donde abrió fuego de manera indiscriminada y después se dirigió a la casa del alcalde perredista, Conrado Mendoza Almeda, quien heredó el cargo de su padre, que se reeligió dos veces como alcalde, Juan Mendoza Tapia.

En las calles, el interior del Ayuntamiento y la casa del edil quedaron cuerpos de trabajadores administrativos y funcionaros asesinados.

Apenas el lunes 3 se reportó el asesinato de Nazario Domínguez Nájera y el crimen se lo adjudicó un grupo armado que se identificó como Los Tequileros; en su mensaje advirtió que llegó de nueva cuenta para reclamar esta plaza que dominó durante el gobierno de los mandatarios Ángel Aguirre Rivero y Héctor Astudillo Flores, a través del exalcalde y exdiputados local priista Saúl Beltrán Orozco.

No obstante, este municipio de la región de Tierra Caliente actualmente es dominado por el grupo delictivo La Familia Michoacana, que tiene su bastión en Arcelia, Guerrero, y en el sur del Estado de México.

Hasta el momento ninguna autoridad ha emitido un reporte oficial para explicar la causa del ataque al Ayuntamiento de San Miguel Totolapan y la ejecución del alcalde y el exalcalde, así como 16 personas más en este rincón de la Tierra Caliente de Guerrero.

La historia de guerra en San Miguel 

En mayo de 2018, Proceso publicó el reportaje titulado “Guerrero, donde el narco manda”, en el que se informó que la región de Tierra Caliente de Guerrero es eso: una zona sofocante por la violencia que causan los grupos armados de la delincuencia organizada, los cuales, ante la ausencia de la autoridad o en complicidad con ella, extienden sus tentáculos a la política y las actividades económicas, como la comercial y la minera. 

El texto agrega que el ejemplo de esa pesadilla que no para era en ese entonces el saqueo de negocios, de quienes se resisten a pagar el derecho de piso impuesto por La Familia Michoacana y el cierre de plantas de distribución de empresas que, como Coca-Cola, exigieron al exgobernador Héctor Astudillo que hiciera valer el estado de derecho.

Dos años antes, en diciembre de 2016, Proceso había publicado el reportaje “San Miguel Totolapan, en resistencia armada”, en el que se advirtió que mientras la violencia seguía desbordada en Guerrero, el exmandatario Héctor Astudillo se enfocaba en “negociar” con las bandas delincuenciales, en especial con las del Mojarro y del Tequilero.

Lo había hecho en enero, junio, agosto, septiembre, noviembre y en diciembre, tras el secuestro de un ingeniero oriundo de San Miguel Totolapan.

En esa ocasión, los totolapenses, hartos del vacío de poder, imitaron a sus vecinos de un poblado del municipio de Ajuchitlán del Progreso y formaron un grupo de autodefensa.