CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobernador Héctor Astudillo Flores acusó a la policía comunitaria de San Miguel Totolapan, denominada Movimiento por la Paz y la Justicia, de tener nexos con el grupo delictivo de “La Familia” y promover acciones del narco en la región de la Tierra Caliente. Además, dijo que ordenó remover a comandantes de la Policía Ministerial y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), adscritos a la región de la Tierra Caliente, ante “el riesgo de posible vinculación” con la delincuencia. La decisión de Astudillo Flores advierte que la colusión de autoridades con el narco alienta la violencia en la entidad y exhibe a la FGE, dirigida por Xavier Oléa Peláez, como el epicentro de la corrupción gubernamental en Guerrero. El mandatario local canceló este jueves una gira de trabajo en la capital y se encerró con su gabinete de Seguridad en el puerto de Acapulco, tras el enfrentamiento armado entre sicarios de “La Familia” y “Los Tequileros” en el poblado de La Gavia, que dejó un saldo de ocho muertos, entre ellos cinco hombres incinerados en una pira humana. Posteriormente, dirigió un mensaje desde el principal destino turístico de la entidad, luego de que la autodefensa de San Miguel Totolapan volvió a cercar la cabecera con unidades de transporte público y hombres armados para impedir el paso a policías estatales y soldados a la comunidad de La Gavia, considerada el bastión de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero. Héctor Astudillo explicó que el conflicto que ha incrementado la violencia en San Miguel Totolapan se debe a la confrontación de los grupos delincuenciales de “La Familia”, que dirige Jonhy Hurtado Olascoaga El Mojarro, afincado en el municipio de Arcelia, y “Los Tequileros”, liderado por Raybel Jacobo de Almonte. “Ambos, han construido apoyos (sociales), al servicio de sus respectivos intereses”, aseguró. El gobernador reiteró que se reforzará la seguridad en esta franja de la entidad controlada por el narco, para tratar de evitar que los grupos delictivos y “sus cómplices” –a quienes no identificó-- actúen con impunidad, hostiguen a la población, atenten contra la vida y el patrimonio de las familias en la región de Tierra Caliente. Luego, el funcionario envió un mensaje a los líderes delincuenciales que operan en la zona: “El gobierno del estado actúa con una disposición permanente al diálogo. Pero la tolerancia asumida para evitar confrontaciones violentas tiene un límite establecido por la ley y cuando éste se trasgrede debemos actuar con determinación, en el marco del respeto a los derechos humanos”. Desde el año pasado, Apro y Proceso han documentado la ola de violencia en la región de la Tierra Caliente y la Zona Norte donde operan guardias comunitarias vinculadas con el narco y la confrontación entre grupos criminales que han dejado una estela de desplazados, ejecutados y desaparecidos. También ha reportado los constantes señalamientos y denuncias que involucran a criminales y políticos del PRI, PRD y MC, no sólo en el negocio del trasiego de heroína, sino también con empresas mineras en esta zona donde el gobernador Astudillo Flores promueve la inversión extranjera a costa de la seguridad de la sociedad.