CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social TIC lamentaron la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la investigación denominada #EjércitoEspía, realizada por estos organismos no gubernamentales con el apoyo de Citizen Lab de la Universidad de Toronto y en colaboración con medios de comunicación como Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso.

La respuesta del presidente brindada hoy a la periodista Nayeli Roldán niega hechos que han sido documentados de forma contundente. A la par, pretende deslegitimar y descalificar a Ricardo Raphael, una de las tres víctimas de espionaje, quien junto a Raymundo Ramos y un periodista de Animal Político, fueron infectados con el malware Pegasus durante la presente administración”, indicaron.

Por ello, expresaron su enérgica condena ante el uso de la tribuna pública para la revictimización de quienes han padecido espionaje por su labor informativa y de defensa de los derechos humanos.

A través de un comunicado oficial, los organismos advierten que la labor del Citizen Lab en la documentación sobre vulneraciones a la seguridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y opositores políticos goza de reconocimiento a nivel mundial. 

El presidente no presenta una sola evidencia científica que refute la intervención de comunicaciones de dos periodistas y un defensor de derechos humanos durante su administración”, refiere el comunicado y agrega: 

“Por otro lado, más allá de su dicho, el Presidente no refuta la evidencia documental que da cuenta de contratos que ha sostenido la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) desde 2019 con Comercializadora Antsua S. A de C.V., empresa intermediaria con representación exclusiva en México de la empresa israelí NSO Group, desarrolladora del malware Pegasus”, indicaron.

En este contexto, consideran como “grave” el hecho de que la Sedena haya negado la existencia de dichos contratos a la ciudadanía, así como a instancias como la Fiscalía General de la República (FGR), y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Enseguida, afirmaron que la promesa del presidente AMLO de que dicha información “se va a transparentar” queda sin sustento porque a la fecha, el Ejército se ha negado a aportarla pública y abiertamente pese a la misma exigencia presidencial en noviembre de 2019 y en julio de 2021. 

“La postura del presidente sobre la investigación #EjércitoEspía resulta inexplicable cuando el trabajo de investigación de #GobiernoEspía, que reveló el espionaje contra activistas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas en 2017 -realizado por las mismas organizaciones firmantes con apoyo del Citizen Lab- fue respaldado y considerado serio y legítimo por quienes hoy gobiernan el país”, le recordaron las organizaciones al mandatario.

Al respecto, consideran “extremadamente preocupante” el hecho de que el presidente López Obrador acepte y legitime la labor de “inteligencia” de las Fuerzas Armadas, cuando el Ejército “no cuenta con facultades constitucionales y legales” para realizar este tipo de funciones y mucho menos, sin control judicial. 

Luego, recordaron que por los hechos expuestos desde el domingo 2 de octubre, en el marco de la investigación #EjércitoEspía, interpusieron una denuncia penal para que la FGR cumpla con su labor de investigar diligente, imparcial, profesional, seria y objetivamente. 

Sabemos que habrá reticencia a hacerlo desde la institución encargada de procurar justicia, como la ha habido desde 2017 que presentamos denuncias en el marco de la investigación #GobiernoEspía”, reprocharon las organizaciones.

No obstante, dijeron que van a mantener la exigencia de que se forme una comisión de investigación internacional independiente que pueda ayudar sustantivamente en el esclarecimiento de casos de espionaje ocurridos en el sexenio pasado y en el presente. 

“Si el interés de este gobierno es llegar a la verdad, existen vías y mecanismos para hacerlo más allá de la palabra de una persona”, sentencia el comunicado.