CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Organizaciones defensoras de derechos humanos y víctimas presentaron hoy una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que esclarezca el espionaje ilegal perpetrado con el spyware Pegasus contra periodistas y defensores de derechos humanos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Durante una conferencia de prensa, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, Amnistía Internacional, SocialTIC y Animal Político refrendaron que presentarán la denuncia a pesar de su “falta de confianza” hacia la FGR, que no ha hecho nada para investigar las denuncias contra el espionaje gubernamental presentadas desde 2017.

Ayer, Proceso, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Animal Político y Aristegui Noticias dieron a conocer el caso #EjércitoEspía, que reveló cómo el periodista Ricardo Raphael, un colega de Animal Político y el activista Raymundo Ramos fueron espiados con el spyware Pegasus durante la presente administración, a pesar de que el presidente prometió en reiteradas ocasiones que su gobierno ya no utilizaba ese sistema de intrusión.

“Lo anterior implica la posibilidad de dos escenarios: el primero, es que el presidente mintió al pueblo de México. O bien, el segundo, que las fuerzas armadas espían a espaldas del presidente y desobedecen la orden directa de su comandante supremo”, sostuvieron las organizaciones.

Los reportajes publicados ayer revelaron cómo la Sedena escondió una y otra vez un contrato que celebró en 2019 con la empresa Comercializadora Antsua, S.A. de C.V., la cual contaba con la representación exclusiva de la empresa israelí NSO Group para vender Pegasus en México.

Luis Fernando García, director de R3D, recalcó que “creemos, con sucedió en el pasado, que no son los únicos casos (…) seguramente los hay”, por lo que invitó a periodistas y defensores de derechos humanos a acercarse con su organización para realizar análisis de celulares.

Durante la conferencia de prensa, Raphael recordó que, en su caso, una grabación obtenida mediante el espionaje ilegal terminó en manos privadas, específicamente en las de Isabel Miranda de Wallace, quien la utilizó para acusar al periodista de pertenecer a un cártel y de canalizar recursos ilegales hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Ojalá y otros periodistas se animen a revisar sus celulares, porque dudo que hayamos sido los únicos espiados”, refrendó el comunicador.

“En México, espiar es un delito impune, absolutamente impune”, lamentó por su parte Daniel Moreno, el director de Animal Político, al agregar que “el presidente nos prometió que ya no iba a haber espionaje, y lo hubo”.

Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional en México, recalcó por su parte que la información se da a conocer en medio de una “verdadera embestida militarista en México”, marcada por el decreto que pasó la gestión de la Guardia Nacional a la Sedena, y por la discusión candente sobre la ampliación del mandato de la Sedena para operar en labores de seguridad pública hasta 2028.

“¿Quién dio la orden de espiar a Ricardo Raphael, quién dio la orden de espiar a Raymundo Ramos, y quién dio la orden de espiar a un periodista de Animal Político?”, preguntó la activista.

Respecto a la exigencia de justicia a la FGR, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 en México, señaló que “sabemos que en el camino tendremos muchas piedras” pero insistió en que como defensores de derechos humanos y periodistas tienen la obligación de utilizar a las instituciones del Estado mexicano para esclarecer el caso, y de orillar otras instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a pronunciarse.