CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El desbordamiento de la violencia en Jalisco motivó a que asociaciones de mexicanos migrantes en Estados Unidos se sumen a la exigencia de renuncia del gobernador Enrique Alfaro, así como del alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus.

Se trata del Movimiento Migrante, es decir, de los mexicanos establecidos en California y del Consejo de Federaciones de Migrantes de Jalisco, que el 23 de octubre pasado enviaron una misiva al persidente Andrés Manuel López Obrador para expresar su preocupación por los acontecimientos violentos en vías públicas y lugares de convivencia, donde lo que prevalece, señalaron, es la ausencia de autoridades.

“Por las reiteradas demostraciones de incapacidad, descaro e incluso probable complicidad ante la oleada de violencia en Jalisco”, es que las mencionadas organizaciones pidieron al presidente López Obrador que, mediante vías legales, le revoque el cargo a Enrique Alfaro, y a Pablo Lemus, quienes, acusan, han abandonado sus responsabilidades. 

La violencia en Jalisco se refleja en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante 2022 se han registrado a escala nacional 20 mil 722 homicidios, pero la mayoría se concentran en 50 municipios del país, considerados como prioritarios, entre ellos seis del estado gobernado por el emecista Enrique Alfaro: Tlaquepaque, Tlajomulco, Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Lagos de Moreno.

Entre enero y agosto el estado tuvo una tasa de 16.27 homicidios por cada 100 mil habitantes, según datos del Secretariado Ejecutivo. Si se evalúa sólo el informe de septiembre, Jalisco es el quinto lugar en números absolutos, al registrar 172 homicidios. 

Desapariciones

En tanto, Jalisco es la entidad con el mayor registro de desapariciones en números absolutos, con más de 15 mil personas. Atrás están Tamaulipas con 12 mil y el Estado de México con 11 mil, de acuerdo a los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. 

La violencia en esa entidad ha sido objeto de amplia polémica. En días pasados el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que, cuando la oposición acusa la existencia de “baños de sangre” en el país, lo primero que se le viene a la mente son los estados de Guanajuato y Jalisco, hoy gobernados por el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, respectivamente.

Durante una reunión con diputados en la Ciudad de México le preguntaron: “Cuándo se manejan estos términos de baños de sangre, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente?”. A lo que respondió: “Pues Guanajuato, Jalisco, Michoacán, que están muy convertidos en paraísos de la incidencia delictiva y nuestro compromiso es que esto no siga sucediendo y ayudar a los gobiernos de esos estados”.

Uno de los episodios recientes de la ola de violencia que se vive en la entidad fue la balacera ocurrida el 21 de octubre en el restaurante Sonora Grill, de la colonia Lomas Providencia, en Guadalajara, que dejó como saldo cuatro heridos y tres muertos, entre ellas Salvador Llamas Urbina, funcionario municipal de Puerto Vallarta y consejero nacional de Morena, así como Fernando Muñoz Ortega, excapitán y excomisario de Puerto Vallarta.

El episodio es referido por las organizaciones migrantes, en relación a que la secuencia de hechos, compartida por usuarios de redes sociales, se puede ver cómo una patrulla de la Policía de Guadalajara está parada frente al restaurante al momento en que inician las detonaciones de arma de fuego y el policía que conducía la unidad oficial de inmediato acelera la marcha y se retira, lo que ha causado indignación.

De acuerdo con el Movimiento Migrante, este hecho expone con contundencia las omisiones de la autoridad, pues en los videos que circulan se puede observar que la Policía de Guadalajara huye en el momento de los hechos en lugar de hacer frente a la emergencia, de ahí que en la misiva cosideren que los gobiernos estatal y municipal abandonan sus funciones y llamen a su remoción.