CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Con la única presencia de la embajadora Luz Elena Baños como transmisora del mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Estado mexicano omitió responder cuestionamientos de integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la sociedad civil sobre la militarización de la política de seguridad pública a partir de 2019.

Durante la audiencia temática “Militarización de la Seguridad Pública en México”, solicitada por más de una decena de organizaciones civiles, en el contexto del 185 periodo de sesiones de la CIDH, la representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA) fungió como la voz de López Obrador ante el organismo para descalificar el escrutinio internacional sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el país.

Tras un largo informe plagado de cifras de presuntos aseguramientos de sustancias ilegales, de cálculos arbitrarios de lo que en recursos monetarios significan y de detenciones de supuestos integrantes de bandas delictivas, Baños cerró la intervención alertando que la conclusión era el mensaje que el presidente López Obrador dirigía a los participantes de la audiencia.

“En el México de ahora a diferencia de los gobiernos neoliberales, cuando ustedes guardaban silencio cómplice, no se violan derechos humanos y ninguna corporación militar comete actos de barbarie como torturas, masacres o ajusticiamientos. Los conminamos respetuosamente a que dejen de servir, dejen de simular y dejen de actuar como ariete del conservadurismo y de otros países del mundo”, concluyó la embajadora Baños, quien ante los cuestionamientos surgidos se limitó a señalar que tomaba nota y que transmitiría la información a la Presidencia.

Ante esas palabras, la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla, y la comisionada relatora del país, Esmeralda Arosamena de Troittiño, recordaron que el monitoreo de la CIDH de cómo la presencia militar se ha acentuado en materia de seguridad en México ha sido permanente y que la recomendación de desmilitarizar formaba parte relevante de las recomendaciones que en 2015 hizo el organismo tras su visita de país.

Arosamena alertó que pese al tiempo que lleva la militarización de la seguridad, desde 2006, “las evidencias hablan de que no ha dado los resultados que esperábamos”.

Mantilla cuestionó cuáles eran los datos duros sobre el impacto de la militarización en la seguridad pública y la forma de medirlo, alertando que el riesgo de alegar datos positivos en la disminución de la criminalidad y en el respeto al debido proceso “quiere decir que se va a eternizar y eso nos estaría llevando a algo problemático, a Estado militar”.

Tras lamentar que en la audiencia no se haya dado respuesta a los cuestionamientos y urgir a entregar los comentarios de México en el plazo establecido, Mantilla abundó que “lo que se ha planteado en esta audiencia es de extrema preocupación y lo que se ha planteado a través de sus distintas relatorías, atentas a escuchar a sociedad civil, pero también a contribuir con el Estado (…) en el ánimo de entablar un diálogo que no tiene que ver con izquierda ni derecha, ni con conservadores o liberales, sino respetar el estándar de los derechos humanos que es una política de dignidad, intrínseca a la personas”.

El relator especial sobre Libertad de Expresión, Pedro Vaca, cuestionó sin obtener respuesta de la embajadora mexicana para quién iba dirigido el comentario “sobre el conservadurismo”, si era para los solicitantes de la audiencia o para los integrantes de la CIDH.

“No creo que esa etiqueta sea para quienes estamos aquí, al menos para mí, yo creo que esa etiqueta vuelve simples situaciones complejas y animaría al Estado que no use este tipo de etiquetas ni a sociedad civil ni a quienes defendemos derechos humanos, mucho menos en la región como la nuestra, en tanto que simplifica aspectos que son complejos”, reprochó Vaca.

En la audiencia también participó el representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado, quien recordó que por lo menos desde hace 20 años, la ONU ha alentado a la desmilitarización de la seguridad pública en el país.

“La estrategia emprendida desde 2006 de militarizar la seguridad no ha logrado reducir la violencia de forma sostenible, y por el contrario se han registrado graves violaciones a derechos humanos, la mayoría de los cuales han quedado impunes”, expuso el representante de la ONU-DH,

Fernández Maldonado alertó que la militarización no sólo contraviene la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos firmados por México, sino que “ha agravado la violencia contra las mujeres, contra niñas, niños y adolescentes, contra personas indígenas y afrodescendientes, así como contra personas migrantes, periodistas y defensores”.

Los integrantes de organizaciones civiles como México Unido contra la Delincuencia, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, de Intersecta y del colectivo #SeguridadSinGuerra, expusieron datos duros sobre los efectos de la militarización de la seguridad pública en los derechos humanos, así como el proceso de agudización de la militarización durante la administración de López Obrador, a través de reformas legislativas, así como la resistencia de las Fuerzas Armadas de rendir cuentas al Congreso de la Unión y negarse a transparentar sus actuaciones anteponiendo la seguridad nacional.

Con base en datos oficiales, las organizaciones señalaron que desde la creación de la Guardia Nacional hasta agosto de 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recabado mil 163 quejas en su contra, mientras que de 2019 a agosto de 2022 se registraron mil 560 quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 308 contra la Secretaría de Marina.

Frente a la magnitud de las denuncias por violaciones a derechos humanos, la CNDH sólo ha emitido 15 recomendaciones, de las cuales seis corresponden a hechos ocurridos en esta administración, lo que revela “el rol complaciente que la CNDH ha jugado ante la profundización de la militarización”.

En materia de justicia, según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), de enero a diciembre de 2021 sólo se han emitido 28 sentencias condenatorias contra elementos del Ejército, siendo la mayoría “portación de armas”, mientras que ante el Comité contra Desapariciones Forzadas (CED), el Estado mexicano reportó que de 2010 a 2021 sólo había tres sentencias condenatorias por ese delito contra miembros de las Fuerzas Armadas.

Apuntaron que de las 227 acciones civiles que durante la actual administración se le han trasferido al Ejército, 148 no están relacionadas con la seguridad pública, mientras que el presupuesto de las Fuerzas Armadas se ha incrementado en 163% de 2006 a 2021, con excedentes presupuestarios que van de los más de 66 mil millones para la Sedena y de más de 20 mil millones para la Semar.

En cuanto a los efectos contra mujeres, se alertó que encuestas del Inegi han determinado que al menos 68 mil mujeres han denunciado violencia física, emocional o sexual contra miembros de Fuerzas Armadas, en tanto que en el último censo sobre población penitenciaria realizado en 2021, se determinó que nueve de cada 10 personas detenidas por miembros de Fuerzas Armadas fueron agredidos durante el arresto, “lo que hablaría no de manzanas podridas sino de una política de actuación”.

Los integrantes de las sociedad civil alertaron que el hackeo a las bases informáticas de la Sedena por parte del colectivo Guacamaya revelaron la contratación en esta administración del software Pegasus, evidenciada con el espionaje de periodistas y defensores, de la clasificación como personas peligrosas y “grupos de presión” de activistas; el diseño de iniciativas de ley, entre otras irregularidades.

Las organizaciones pidieron a la CIDH que requiera al Estado mexicano información sobre los marcos normativos que rigen las acciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas; que rinda cuentas sobre las investigaciones en 2017 y 2022 sobre el espionaje a periodistas y defensores a través de Pegasus; que pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la militarización en México; sobre los planes de profesionalización de las policías para desmilitarizar la seguridad pública y que cuestione al Estado si se encuentra en un estado de excepción que justifique la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.