CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), instruyó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), informar públicamente sobre las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de su personal, por presuntos actos de corrupción.

Así como el cese de trabajadores por supuestas irregularidades como lo expresó la extitular del SAT, Raquel Buenrostro en octubre de 2021, durante una reunión con integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 

A través de un boletín, el INAI señaló que en el caso de las denuncias, el SAT deberá precisar, en cada caso, la fecha en que fue presentada; nombre y cargo de la o las personas denunciadas; el delito; el hecho o asunto que ameritó la denuncia; el total del daño patrimonial y/o monto involucrado; el estatus de la denuncia, y la cantidad de detenidos y su situación jurídica actual.

Y sobre el tema de los ceses, el SAT debe informar la fecha del despido; nombres y cargos de las personas despedidas; delegación o área a la que pertenecían; el hecho o asunto que ameritó el despido; las leyes, reglamentos o normas violadas, especificando los artículos, y el total del daño patrimonial y/o monto involucrado.

“En cualquier acto donde se advierta el mal uso de recursos públicos, siempre se debe privilegiar el derecho de acceso a la cosa pública, es decir, el derecho a acceso a la información de la ciudadanía, en general, ya que da cuenta del efectivo ejercicio de los impuestos que son recaudados por el Servicio de Administración Tributaria”, expresó el comisionado del INAI Adrián Alcalá Méndez. 

Al respecto, Alcalá Méndez comentó que entre los factores que favorecen la corrupción, se encuentra “la excesiva extensión” del secreto o reserva de información sobre la gestión pública, así como la falta de normas jurídicas de control y de exigencia de responsabilidades.

“En México, la transparencia y la rendición de cuentas son pilares imprescindibles de la gestión pública, toda vez que las decisiones que se tomen por parte del gobierno deben estar al alcance de toda la sociedad, con el fin de tener una constante vigilancia y control de los recursos públicos y que los mismos se ejerzan con estricto apego a lo que marca la legalidad”, indicó.