CIUUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco de la reforma constitucional para dejar en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la operación de la Guardia Nacional (GN), organizaciones de la sociedad civil del norte del país hicieron un recuento de casos de violaciones graves a derechos humanos que demuestran que “la militarización no es la solución”.

En un pronunciamiento firmado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte de Chihuahua; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), de Nuevo León; el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y la Casas del Migrante de Saltillo, de Coahuila, y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), resaltaron que, más allá de que la reforma constitucional violenta tratados internacionales de derechos humanos y la misma Constitución, se ha demostrado que “la militarización no ha tenido un impacto significativo en garantizar la paz y la justicia de los ciudadanos”.

Las organizaciones apuntaron que la estrategia de sustitución de policías civiles por fuerzas armadas “agravó la violencia en distintas zonas del norte del país y propició la violación de derechos humanos como en los casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”.

Recordaron que en los estados donde tienen su influencia, la “guerra contra el narcotráfico” del presidente Felipe Calderón dejó una herencia de graves violaciones a derechos humanos por la “implementación de estrategias donde miembros del Ejército participaron en instituciones de seguridad pública como los llamados ‘Modelo Coahuila’ en 2008; ‘Nuevo León Seguro’, en 2007, y ‘Operativo Conjunto Chihuahua’, en 2008”.

Las organizaciones hicieron un recuento de los efectos, destacando que, en el caso de Coahuila, en 2006, 14 bailarinas “sufrieron abuso sexual por varios militares”, como resultado de una militarización que en un principio se focalizó a combatir a la delincuencia organizada, ahora se ha enfocado en los migrantes.

Apuntaron que, por la presencia castrense, Coahuila “ocupa el sexto lugar con 4 mil 453 integrantes de las Fuerzas Armadas después de Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Chihuahua”, además de que cuenta con “tres mega cuarteles, tres bases miliares, tres bases aéreas, un cuartel Puerta Amarilla, seis centros de operación militar y hasta el pasado 22 de septiembre llegaron 300 militares a través del Mando Especial Laguna, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”, sin contar con que en Coahuila hay un Bachillerato Tecnológico Militarizado desde 2017.

En Nuevo León, se recuerdan las ejecuciones extrajudiciales de Rocío Elías Gallegos y Juan Carlos Chavarría en el municipio de Anáhuac, y de Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, casos registrados en 2010, así como los asesinatos de Jorge Otilio Cantú a manos de militares, y de Gustavo Acosta, por marinos, en 2011, mientras que hay dos sentencias por desaparición forzada.

En Chihuahua, uno de los casos más emblemáticos es la desaparición forzada de  Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, en 2009, lo que motivó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a México y fijo parámetros para la ejercer controles sobre las fuerzas armadas en materia de seguridad pública.

Las organizaciones de la sociedad civil exigieron una “estrategia de seguridad pública desde una perspectiva ciudadana”, que “convengan con las necesidades de la población, así como de quienes ya han sufrido una violación a sus derechos humanos por parte del Ejército y continúan esperando reparación, así como medidas de no repetición”.