CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el escrito formal de acusación contra el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Ricardo Lozoya Austin, en el caso Odebrecht, documento en el que solicitó una pena de 39 años de cárcel contra el exfuncionario y de 21 años de prisión contra su mamá, Gilda Margarita Austin Solís, por su probable responsabilidad en los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa.

De acuerdo con el documento entregado por la FGR al juez de control que lleva el caso, en ambos casos se solicita la pena máxima y se solicita imponer la sanción económica más alta prevista en la ley, por lo que en el caso de Emilio Lozoya se le requiere el desembolso de 5 mil 450 días de multa y en el de su madre de 4 mil 50 días multa.

Por lo que hace a las penas impuestas, en el caso del exdirector de Pemex, la pena de 39 años de prisión que se le pretende imponer es el acumulado de sumar 15 años de cárcel por el delito de lavado de dinero, 14 más por cohecho y 10 por asociación delictuosa.

Para el caso de Gilda Austin Solís, la pena de 21 años de prisión es el equivalente a una suma de 10 años de cárcel por asociación delictuosa y 11 por lavado de dinero, debido a que es copartícipe. No obstante, para la madre de Emilio Lozoya, la FGR propone el beneficio de la prisión domiciliaria, derivado de que tiene más de 70 años de edad.

Con el escrito formal de acusación, la FGR acota cada vez más la posibilidad de que la defensa del exdirector de Pemex obtenga un criterio de oportunidad para evitar que sea condenado por los tres delitos que se le imputan.

En el documento se acusa a Lozoya de recibir sobornos por 6 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, recursos que habrían servido para la adquisición de un inmueble de lujo en Ixtapa, Zihuatanejo, valuado en 1.9 millones de dólares, pese a que el condominio fue adquirido legalmente por su esposa Marielle Helene Eckes en 2013.

La reparación del daño está fijada en 7 millones 385 mil dólares, ya que la acusación incluye operaciones con recursos de procedencia ilícita por un millón 385 mil dólares que se habrían “lavado” mediante un complejo sistema de depósitos y transferencias de cuentas abiertas en el extranjero, principalmente en naciones que se consideran como paraísos fiscales.

La defensa cuenta con un plazo de hasta 10 días para dar respuesta a la Fiscalía, mientras que Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera cuentan con un plazo de 3 días para exponer vicios de la acusación y solicitar correcciones a la misma en su calidad de víctimas directa e indirecta.

Posteriormente, el juez de control cuenta con un plazo de hasta 40 días para convocar a la audiencia intermedia o de calificación de pruebas, en la cual se aprobarán los medios de prueba que serán considerados y aprobados para debatirse en el juicio penal.

Sin embargo, la defensa puede solicitar un único aplazamiento por 10 días, previa autorización del juez, de acuerdo con el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales.