CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, presentó dos recursos de apelación para impugnar las resoluciones que le imponen la prisión preventiva justificada en las causas penales que enfrenta por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, confirmaron fuentes judiciales.

Encarcelado en el Reclusorio Norte desde el pasado 3 de noviembre, luego de que se le dictara prisión preventiva justificada en el caso Odebrecht, Lozoya busca que las medidas cautelares que lo mantienen en prisión sean revocadas por un tribunal unitario de carácter en materia penal de la Ciudad de México.

En el caso Agronitrogenados, el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga, le impuso la prisión preventiva justificada apenas el pasado 10 de noviembre, con el argumento de que hubiera sido incongruente imponerle otra medida cautelar cuando previamente ya había resuelto mantener a Lozoya en prisión por el caso Odebrecht.

El cambio de medidas cautelares en ambos procesos fue solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR) por una negativa de la defensa para llegar a un acuerdo reparatorio con Pemex, así como por la aparición pública de Lozoya en un restaurante de lujo en compañía de empresarios y amigos personales.

La FGR calificó la aparición pública de Lozoya como “falta de pudor procesal”, mientras que la defensa combatió ese argumento señalando que en la Constitución mexicana ya no se castiga “la vagancia”, además de advertir que la libertad condicional a la que estaba sujeto como medida cautelar previa, no le impedía la visita a ningún lugar público.

En ambos casos, la defensa de Lozoya solicitó prórrogas para el plazo de investigación complementaria, mismas que el juez concedió a regañadientes. En el caso Odebrecht, el plazo se vence el 3 de diciembre, mientras que en el caso de Agronitrogenados la ampliación del plazo que se le otorgó apenas el día de ayer fue de 14 días.

Lozoya enfrenta imputaciones penales por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, ninguno de los cuales amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que gozó de libertad condicional por 15 meses mientras negociaba con la FGR en calidad de testigo colaborador.