CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez de control adscrito al Reclusorio Norte volvió a imponer la prisión preventiva justificada al exdirector de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, luego de que un tribunal federal le ordenara revisar las medidas cautelares que le había impuesto en noviembre del año pasado en el caso de los presuntos sobornos que recibió de la constructora brasileña Odebrecht.

En una audiencia pública semipresencial, con Lozoya y uno de sus abogados defensores en la sala, mientras el juez de control, José Artemio Zúñiga dirigía a través de videoconferencia, el impartidor de justicia consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditó un cambio en las condiciones objetivas del proceso penal que enfrenta el exdirector de Pemex, por lo que confirmó la prisión preventiva justificada en su contra.

Durante la audiencia que se realizó por órdenes expresas del tribunal de apelación, el juez Zúñiga Mendoza también determinó la existencia de un alto riesgo de fuga del imputado por su capacidad económica, sus redes familiares en el extranjero y el antecedente de que fue necesario emitir una orden de aprehensión y librar un proceso de extradición para que compareciera en el proceso penal que enfrenta.

Para el juzgador federal, otra razón para ratificar la prisión preventiva justificada que le impuso a Emilio Lozoya son las manifestaciones que ha hecho la Fiscalía en el sentido de que va a buscar enjuiciar al exdirector de Pemex por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.

Explicó que la pena mínima por la suma de estos delitos es de 12 años, mientras que la máxima podría alcanzar 35 años, sanción que el imputado podría tratar de evadir derivado de que la etapa intermedia del proceso penal se encuentra muy próxima a concretarse.

De hecho, se prevé que en el mes de febrero se realice la audiencia intermedia para el análisis sobre la legalidad y pertinencia de los datos de prueba, con el propósito de depurar las que pudieran ser ilegales o no idóneas para acreditar los delitos que se le imputan a Lozoya.

En este marco, el juez de Control dio respuesta a las exigencias del tribunal federal que le ordenó volver a revisar la prisión preventiva justificada que le impuso a Lozoya en el caso Odebrecht, excluyendo de los argumentos cualquier alusión al caso Agronitrogenados en el que apenas hace una semana se ordenó su libertad condicional.

Por lo anterior, el juez reiteró que a diferencia de julio del 2020, cuando se celebró la audiencia de vinculación a proceso de Emilio Lozoya y en la que se le impuso la portación de un brazalete electrónico y la prohibición de salir de la zona metropolitana del Valle de México como únicas medidas cautelares, era necesario el cambio de una medida cautelar laxa por una que garantizará la comparecencia del exdirector de Pemex en las siguientes dos etapas del proceso penal, es decir, la audiencia intermedia y el juicio.

El juez de la causa agregó que a diferencia de la primera etapa del proceso penal, cuando se dio a conocer que Lozoya buscaba un criterio de oportunidad para obtener beneficios procesales, la defensa del imputado no ha logrado un acuerdo con la Fiscalía y tampoco se ha concretado la reparación del daño, con lo que se acredita “el cambio de condiciones objetivas” en el caso Odebrecht.

Por lo anterior, declaró infundado el argumento de que la cooperación de Lozoya sea una garantía de que el imputado no va a evadir la acción de la justicia y reiteró que la orden de aprehensión girada en contra del exdirector de Pemex es uno de los datos de prueba que sirven para acreditar la existencia del riesgo de fuga en el caso Odebrecht.

La resolución desfavorable para Emilio Lozoya causó su molestia durante la audiencia y al final de la misma rompió una copia impresa de la apelación que había ganado su defensa para repetir la parte de la audiencia relativa a la imposición de medidas cautelares.