CIUDAD DE MÉXICO (apro). –El 21 de marzo de 2018 a las dos de la tarde, la periodista María Elena Ferral recibió una llamada de su colega Leobardo Vázquez Atzin, dueño del portal Enlace Informativo Regional. La voz al otro lado le dijo, casi sin respirar, que había recibido un mensaje por computadora que decía: “Te va a cargar la verga, marrano”.

Ferral le pidió unas horas a su amigo para juntar dos mil pesos y llevarlo desde el municipio de Gutiérrez Zamora hasta Xalapa, capital de Veracruz, para denunciar las amenazas y solicitar medidas cautelares para él.

Pero no le dio tiempo. Seis horas después, a las ocho de la noche, Elena lo llamó para decirle que saldrían temprano al día siguiente; sin embargo, quien contestó fue su esposa. Ivonne atravesaba una crisis nerviosa: “Lo acaban de venir a matar”, gritó.  

Segundos antes de esa llamada, Leobardo, de 48 años, fue asesinado frente a su familia mientras sazonaba cebollas en el patio de su vivienda, donde por las noches vendía tacos para ayudarse con los gastos familiares.

“Me lo ganaron”, le dijo Ferral a otro compañero del gremio. A partir de ese momento emprendió una búsqueda con contactos de todo tipo, hasta que entregó a las autoridades nombres y apodos de los presuntos responsables. Sin miedo, señaló a cuatro hombres ligados al cártel de Los Zetas. Dos de ellos, (Abraham “N” y Wenceslao “N”), fueron detenidos e imputados por el crimen de Leobardo Vázquez entre 2018 y 2019. Otro fue asesinado y el cuarto permanece prófugo.

La periodista simplemente resolvió el caso. Si algo había acumulado en 30 años de carrera, eran las mejores fuentes en todo el norte de Veracruz. Ferral conocía los abismos del poder en un territorio que abarca cuatro mil 300 kilómetros cuadrados y 20 municipios que, por su ubicación, concentran una compleja red de poder político y económico en la región Totonaca y parte de la Huasteca. Así ella se convirtió en objetivo para ser asesinada.

Revelaciones

El periodista Leobardo Vázquez no fue el único que buscó a María Elena cuando la muerte lo acechó. También lo hicieron políticos y líderes taxistas, quienes recurrieron a ella para contarle sobre las amenazas que habían recibido y los temores que enfrentaban ante la disputa por el poder. Todos los que la buscaron fueron asesinados.

Es por eso que sus columnas fueron documentando la violenta lucha por los intereses en juego en un territorio en el que por décadas caciques han concentrado y heredado cargos públicos a familiares, de acuerdo a la red de vínculos que, por primera vez, esta investigación de la Alianza de Medios MX, de la que Proceso forma parte, pone en evidencia.

Pero el poder político no fue lo único que Ferral exhibió. En esta zona de Veracruz, por la costa, atraviesa la carretera federal 180 que recorre seis estados del país y llega hasta la frontera con Estados Unidos. Conecta el tránsito de insumos esenciales para el comercio, pero también es una ruta indispensable para la migración, trata de personas, tráfico de drogas y combustible robado, de acuerdo con informes oficiales.

El 12 de marzo de 2020, una columna que podría parecer como tantas otras, no lo fue, decidió su vida. En su sitio web Quinto Poder de Veracruz, bajo el título “Polaca Totonaca”, Elena advirtió que la lucha por el poder, esta vez, sería “encarnizada”. Y así fue, su crimen formó parte de esa disputa.

Alianza de Medios MX investigó, en el último año, las posibles causas que provocaron el asesinato de Ferral, y una de las más fuertes hipótesis es que los grupos de poder de la región consideraban necesaria su muerte.

En un hecho inédito, medios de todo el país se unen para dar a conocer el entramado de este caso que hasta ahora involucra directamente a por lo menos 11 personas, que integran una red en el norte de Veracruz, una parte de ellas de alto perfil político-económico, en el que al parecer están involucrados policías y reporteros como parte de la logística del crimen.

A la fecha, seis personas fueron detenidas por el asesinato de Ferral, señalados como presuntos autores materiales. El resto —considerados autores intelectuales y cómplices—, están prófugos.

Sin embargo, las pesquisas y el cumplimento de las órdenes de captura se detuvieron. Una explicación podría encontrarse en que la responsable de investigar el crimen de Ferral, Marcela Aguilera Landeta (Fiscal de investigaciones ministeriales), tuvo una relación política estrecha con el presunto artífice de todo: Camerino Basilio Picazo Pérez. Ambos son políticos emanados del sector campesino del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y demostraron su cercanía en eventos públicos documentados en este reportaje.

Así, las predicciones de Ferral se cumplieron. Nueve políticos posiblemente ligados con el crimen, al frenarse las pesquisas, lograron competir en las pasadas elecciones del 6 de junio. Unos fueron derrotados en las urnas; pero otros, en cambio, se sumaron al proyecto de Morena a través de sus familiares y tomaron posesión como diputados locales y alcaldes, añejando cuatro años más el poder.

El asesinato de la periodista, ocurrido el 30 de marzo de 2020 (antes de las elecciones en Veracruz), fue el número 24 de los 25 que se han cometido contra periodistas en Veracruz en los últimos diez años, en la entidad que es considerada la más peligrosa para la prensa en América Latina, según informe de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras.

En este reportaje, para el que fueron entrevistados familiares de la columnista, investigadores del caso, abogados; se revisaron distintos documentos judiciales y se consultaron posturas de personas ligadas a la red de vínculos, se muestran los entresijos de un crimen que desafió al primer gobierno de izquierda en Veracruz, el de Cuitláhuac García Jiménez, quien prometió acabar con la impunidad en los crímenes contra reporteros en el estado.

Lee la investigación completa en Alianza de Medios MX.