COLIMA, Col. (apro).- La presidenta municipal de Manzanillo, la morenista Griselda Martínez Martínez, advirtió que ha faltado transparencia en el proceso de arrendamiento de 157 patrullas por parte del gobierno estatal, en el que se comprometieron recursos federales por cerca de 300 millones de pesos por los próximos tres años.

A mediados de noviembre pasado, poco más de dos semanas después de haber asumido la gubernatura, la también morenista Indira Vizcaíno Silva anunció que a finales de ese mes empezarían a llegar a Colima patrullas “que se adquirirán a través de un arrendamiento financiero y con recursos del fondo para la seguridad”, para ser entregadas a la Policía Estatal, a la Fiscalía General del Estado y a los ayuntamientos.

Hasta la fecha, cuando ya fue entregada a las corporaciones policiacas la mayoría de las patrullas, la mandataria estatal no ha informado los detalles del arrendamiento, entre ellos la identidad de la empresa seleccionada, el mecanismo de asignación del contrato ni el monto de los recursos públicos involucrados en la operación.

Luego de que en los últimos días fue blanco de severas críticas en algunos medios locales, por negarse a recibir las veinte patrullas que la gobernadora pretende destinar a Manzanillo, la alcaldesa de ese municipio declaró que se encuentra analizando detalladamente la propuesta, pues “aún hay muchos detalles que no han sido transparentados y se desconocen algunos aspectos del documento que se tendría que firmar en caso de que se acepten las unidades”.

Griselda Martínez explicó que entre las cosas que le preocupan se encuentra el hecho de que la empresa arrendadora tenga la referencia satelital de las patrullas, además de que consideró que “siempre será mejor para las administraciones públicas comprar los bienes en lugar de arrendarlos, pues es más económico; rentando se paga 3 veces más caro de lo que cuestan las unidades y se queda uno sin ellas”.

La edil manzanillense indicó que el contrato se firmó 15 días antes de que concluyera el mandato del exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez, “lo que es más preocupante, porque no conozco un acto honesto del exgobernador”.

Así también, señaló que existe inquietud porque el Congreso del Estado no fue enterado de la naturaleza de esa operación. “Hay un financiamiento que tampoco quedó registrado en el presupuesto, ¿por qué el Congreso del Estado no se entera de lo que está ocurriendo?”.

Martínez expuso que otro aspecto de preocupación es “la relación de personajes del PRI en el tema”, pues “hasta exgobernadores y medios de comunicación quieren presionarme para que yo reciba estas patrullas que, sabemos, son de una empresa del Estado de México y que su representante es un prominente priista del grupo de (Enrique) Peña Nieto, y que esa empresa nació justamente en el gobierno del expresidente, por lo que debemos estar alerta”.

A finales de diciembre, el diario digital Avanzada publicó de manera extraoficial que las patrullas fueron arrendadas, mediante adjudicación directa, a la empresa Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V. Sofom E.N.R., cuyo director es Luis Humberto Montaño García, diputado federal suplente por el PRI en la LVIII Legislatura, en el periodo 2000-2003, y en 2008 director de Administración y Finanzas del Instituto de la Función Registral del Estado de México, cuando Peña Nieto era gobernador.

De acuerdo con la publicación, el costo total del arrendamiento de 152 patrullas equipadas fue de 296 millones 982 mil 848 pesos por un periodo de 36 meses.

En una rueda de prensa posterior, la gobernadora fue cuestionada sobre los señalamientos de la alcaldesa de Manzanillo, las razones por las que su gobierno aceptó el contrato firmado en los últimos días del gobierno de Peralta Sánchez y el monto total del costo del arrendamiento de las patrullas.

La titular del Ejecutivo pidió que respondiera la secretaria general de Gobierno, María Guadalupe Solís Ramírez, quien argumentó que en su momento le fue informado a la presidencia municipal de Manzanillo que una vez que se entregan las patrullas el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública se queda con la información satelital sobre la ubicación de las unidades, “nadie más, ninguna otra empresa, ningún empresario”.

La gobernadora Indira Vizcaíno señaló que el proceso de arrendamiento se realizó durante la transición de un gobierno a otro, porque “implicaba una presentación de un proyecto al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública porque los recursos con los que se está llevando a cabo este contrato son federales y estatal, pero mayormente federales, y este proyecto tenía que ingresarse antes de que nosotros tomáramos protesta”.

Vizcaíno afirmó que lo primero que se revisó fue el proceso administrativo, que se encuentra “absolutamente en regla”. Cuestionada si no era más barato comprar las patrullas que arrendarlas, la mandataria respondió que “quien lo señala tendría que dar detalles al respecto”.

—¿Cuánto van a pagar por todo este arrendamiento? —surgió otra pregunta a la gobernadora.

—Te soy sincera, no tengo la cifra exacta, esa la podrían obtener a través del portal de transparencia o podrían también informárnoslo la secretaria del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Lo que sí te puedo decir es que es un proceso que nos implicaba tener desde el primer día 157 patrullas en la calle, que de lo contrario no hay los recursos suficientes en el recurso estatal para haber adquirido en un solo momento y poner a disposición de las y los colimenses este número de patrullas para poder atender una de nuestras prioridades que es la seguridad.

Sin embargo, aunque Indira Vizcaíno remitió a los reporteros al portal de transparencia del gobierno estatal para conocer el monto económico del contrato, hasta este martes no se encontraba publicada de oficio la documentación relativa al arrendamiento de las patrullas.