CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Abogados privados de víctimas de la Línea 12 del Metro acusaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) envió un “ultimátum” y promueve “reuniones secretas” con las personas afectadas, para presionarlas con el fin de aceptar la reparación del daño que la autoridad quiere y dejar sin responsabilidad a la empresa CICSA, de Grupo Carso, constructora del tramo que colapsó el 3 de mayo de 2021.

Cuestionada al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reaccionó: “Se va a informar la próxima semana. No, no hay presión, yo creo que es algo muy bueno que, además del apoyo que ya se había dado por parte de la Comisión de Víctimas y el Seguro del Metro, la Fiscalía esté logrando este apoyo adicional a través de este esquema de reparación del daño”.

Tales declaraciones ocurrieron luego de que ayer, en su segundo informe anual, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy, aseguró que a la fecha, se han suscrito acuerdos reparatorios con 80% de las víctimas directas e indirectas del colapso de una trabe metálica del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, ocurrido el 3 de mayo de 2021, cuando 26 personas murieron y 98 resultaron heridas.

El pasado 3 de noviembre, el titular de la Ceavi, Armando Ocampo, aseguró que ésta representa a más del 80% de las víctimas de la tragedia.

Ceavi dio “ultimátum”: Estupiñán

Cristopher Estupiñán, abogado privado de 20 víctimas de la tragedia de la Línea 12 del Metro, denunció que sus defendidos recibieron un “ultimátum” de la Ceavi y presuntos empleados de Grupo Carso, del magnate Carlos Slim, para aceptar una indemnización y un acuerdo reparatorio “y librar a la empresa de toda responsabilidad o quedarse sin nada”.

El integrante del despacho Carbino Legal, denunció que antes del segundo informe de la fiscal Godoy, sus defendidos “recibieron sorpresivas visitas en sus hogares” de personal de la CEAVI y de quienes se presentaron como de la empresa Grupo Carso, sin previa cita ni abogados ni asesores jurídicos acreditados, “para hostigarlas y presionarlas a fin de que firmen un convenio de reparación integral en el que se libere de cualquier responsabilidad a las empresas”.

En un comunicado, añadió que lo ofrecido es “un monto determinado de manera unilateral, sin previa consulta y sin darles la oportunidad a las víctimas de analizarlo y revisarlo con sus asesores jurídicos”. Acusó que tampoco se les permitió tener una copia del documento para su revisión, “alegando burdamente que para eso está el personal de la Comisión, para orientarlos”.

Y acusó que esa orientación “responde a los intereses políticos del actual gobierno, quien busca seguir sumando puntos políticos aprovechándose del dolor y de la tragedia sucedida. No le importa una verdadera reparación”.

Estupiñán calificó como “vergonzoso” que a pocos días de que se cumplan 9 meses de la tragedia, la fiscal Ernestina Godoy anuncie el cumplimiento de casi el total de acuerdos reparatorios “aún sin tener ninguna sentencia en el juicio que sigue aplazado hasta el próximo 7 de marzo”.

En esa fecha se realizará la tercera audiencia en las salas de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, donde se pretende imputar los delitos de homicidio y lesiones dolosas, así como daños a la propiedad contra 10 exfuncionarios, entre ellos, 5 del Proyecto Metro, incluido su entonces director, Enrique Horcasitas.

Quieren evitar investigación: Benítez

El abogado Teófilo Benítez, representante de al menos 8 víctimas de la tragedia, aseguró que Grupo Carso, con ayuda de la Ceavi busca a las víctimas de “manera secreta” para ofrecerles una reparación del daño, además de que personal de gobierno ha solicitado “dádivas” a cambio de favores para las víctimas.

Y advirtió:

Lo que pretenden es evitar que las diversas asesorías jurídicas particulares, sigan insistiendo en investigar y generar imputación en contra de las empresas que pudieran tener responsabilidad en el colapso del tramo elevado de la Línea 12.

En un comunicado, añadió que la fiscal, Ernestina Godoy, “debería velar por el debido proceso y una adecuada impartición de la justicia para que las víctimas obtengan una reparación del daño apegada a derecho”. Agregó que los acuerdos reparatorios “no deben hacerse por debajo del agua, ni mucho menos” con ayuda de instituciones como Participación Ciudadana o la Ceavi, “ya que éstas instituciones no son conducidas con transparencia y honradez, toda vez que sus propios enlaces han solicitado dádivas a cambio de favores para las víctimas, cuando se supone que esto es un derecho al que tienen las víctimas sin que les cueste un solo centavo”.

Por ello, añadió que “serán denunciados todos los servidores públicos adscritos a dichas instituciones que solicitaron dádivas a las víctimas, así como sus titulares por no haber hecho del conocimiento a las autoridades correspondientes de sus condicionantes para que las victimas recibieran el apoyo que por ley les corresponde”.

Teófilo Benítez dijo que durante su informe de labores, Godoy Ramos omitió “cumplir su compromiso de formular imputación en contra de las personas morales que resulten responsables”, como lo dijo en el comunicado del 14 de octubre de 2021 la FGJ local.

Aseguró que la funcionaria “ha faltado a la verdad, al asegurar que se han celebrado acuerdos reparatorios con aproximadamente el 80% de las víctimas, cuando apenas han sido citadas las víctimas este 20 de enero a las 12 del día y las dejaron esperando por que aún no sabían qué les podían ofrecer”.

Y recordó que, “hasta el momento”, solo se ha celebrado un acuerdo reparatorio entre Carso Infraestructura y Construcción S.A. (CICSA) y el Gobierno de la CDMX, por el daño material generado por el colapso.