CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la divulgación del involucramiento del director de los Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex), el general Jens Pedro Lohmann Iturburu en el ocultamiento de la desaparición de tres jóvenes por miembros del Ejército mexicano en Chihuahua, la defensora de derechos humanos, Nayeli Martínez Vázquez, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para exigir la destitución del funcionario.

En el número 2353, Proceso publicó el testimonio de María de Jesús Alvarado Espinoza, familiar de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel Alvarado, desaparecidos en 29 de diciembre de 2009, en hechos atribuidos a personal del 35º Batallón de Infantería asentado en Nuevo Casas Grandes, caso que derivó en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

De acuerdo con Alvarado Espinoza, a solicitud del comandante de la V Región Militar, Felipe de Jesús Espitia, el general Lohmann Iturburu confirmó la participación de personal castrense en la desaparición de los Alvarado, tras realizar una investigación que incluyó el interrogatorio a soldados y a habitantes del Ejido Benito Juárez, de donde fueron sustraídos los jóvenes.

Alvarado Espinoza y la entonces directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Luz Estela Castro, atestiguaron la respuesta que un oficial militar dio a Lohmann confirmando la responsabilidad militar en la desaparición, hechos que después en su informe oficial fueron descartados.

Tras las revelaciones hechas por Proceso, la representante de la Defensoría Legítima del Pueblo, una organización de la sociedad civil radicada en la Ciudad de México, solicitó el pasado 10 de diciembre a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, “medidas cautelares urgentes dirigidas a la Secretaría de Gobernación con la finalidad de que el general Jens Pedro Lohmann Iturburu sea separado de su cargo inmediatamente”.

La activista recordó que el 1 de diciembre, el presidente López Obrador instruyó al actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dar posesión a Lohmann Iturburu como director de Birmex y que días después Alvarado Espinoza hizo señalamientos al militar en retiro desde su refugio en Estados Unidos.

Martínez Vázquez insistió en solicitar la separación del general de su cargo, “inmediatamente, con la finalidad de no revictimizar a las víctimas y en cumplimiento de los más altos estándares de respeto a los derechos humanos y nuestros compromisos adquiridos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo tomando en cuenta al conocimiento del caso por la justicia penal militar”, quedando el asunto sin resolver por las “autoridades competentes, independientes e imparciales”.

Nombramiento presidencial “dificulta las cosas”: CNDH

Al recordar que el nombre del general es mencionado en la sentencia de la Corte Interamericana, la activista lo consideró suficiente para solicitar su separación de Birmex.

 “Por su probable responsabilidad por acción u omisión en el caso Alvarado, un caso de graves violaciones a derechos humanos, como lo es la desaparición forzada por miembros del ejército, es que solicitamos su cese inmediato al citado general y aunque se ha anunciado que se investigará, no debe pasar desapercibido que existe una sentencia donde el Estado mexicano ya resultó responsable ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que otorgó una sentencia en contra de México el 28 de noviembre de 2018”, apuntó la defensora en su escrito de queja.

Indicó que “cualquier investigación particular que se quiera iniciar debe hacerse con el general Lohmann Iturburu fuera de un cargo público con la finalidad de que no tenga poder de intimidar, presionar o influir de alguna forma en los resultados de las investigaciones”.

Martínez Vázquez insistió en que “en atención al derecho a la verdad, a la justicia a la reparación y garantías de no repetición, se debe mantener fuera de la administración pública a servidores públicos que hayan participado en violaciones graves a los derechos humanos ya sea por acción u omisión”, al recordar “que, en la voz de María Alvarado, (Lohmann) ha sido señalado por encubrir la desaparición forzada de tres miembros de su familia”.

Pese a que, en la queja, la responsable de la Defensoría Legítima del Pueblo pidió a Piedra Ibarra agilizar el trámite “para que el general Lohmann Iturburu sea separado de su cargo por su participación en graves violaciones a los derechos humanos”, a más de un mes de presentar el escrito, la CNDH no ha dado respuesta a la petición de medidas cautelares.

Nayeli Martínez explicó en entrevista que el lunes 17 habló con la visitadora adjunta de la Quinta Visitaduría General, a la que se le asignó su petición, Araceli Celis Batún, quien le dijo que aún no tenía un número de queja para su escrito, y que “estaba en análisis”.

Una semana previa a esa llamada, se había comunicado con Celis Batún para dar seguimiento a su caso, a lo que la funcionaria de la CNDH le respondió que siendo el de Lohmann “un nombramiento hecho por el presidente (López Obrador), eso ponía las cosas difíciles” para actuar en consecuencia.

Apuntó que, en dos ocasiones anteriores, tramitó dos quejas ante la CNDH en contra del presidente López Obrador por “el discurso de odio en contra de clases medias y católicos, y por sus cometarios contra defensores de derechos humanos”, durante sus conferencias matutinas.  

Hasta ahora, las quejas presentadas en contra de autoridades federales ante el organismo, sólo ha derivado “en orientaciones para que presente quejas ante la Secretaría de la Función Pública”.

Sin embargo, Martínez Vázquez, admitió que en otros casos contra autoridades municipales y estatales, sus denuncias ante la CNDH han tenido éxito, como es el caso de una queja presentada en agosto de 2021, por la muerte de José Eduardo Ravelo Echevarría, presuntamente a causa de lesiones causadas  por policías municipales de Mérida, Yucatán, al ser detenido el 21 de julio de ese año, La queja  presentada por la defensora derivó  en la recomendación por violaciones graves a derechos humanos 50VG/2022.