CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de las frecuentes embestidas del presidente Nayib Bukele contra el reconocido medio salvadoreño El Faro y la prensa crítica, el Citizen Lab confirmó que al menos 22 de sus periodistas fueron hackeados con el spyware Pegasus en 2020 y 2021, hecho que Amnistía Internacional tachó de “inaceptable”.

Entre las víctimas de la poderosa herramienta de espionaje --desarrollada por la empresa israelí NSO Group-- destacan Carlos Dada, fundador del medio digital, así como integrantes del equipo de reporteros y editores, entre ellos los hermanos Óscar y Carlos Martínez, María Luz Nóchez o Roxana Lazo.

El periodista mexicano Daniel Lizárraga, ahora editor en El Faro, tiene la peculiaridad de haber sido espiado con Pegasus por los gobiernos de dos países distintos: el de Peña Nieto, que atacó su celular después de la publicación del reportaje sobre la Casa Blanca –que coordinó en el equipo de investigación de Carmen Aristegui--, y presuntamente el de Bukele.

En julio pasado, Lizárraga fue expulsado de El Salvador, tras la negativa del gobierno de Bukele en otorgarle documentos para trabajar en el país centroamericano.

Pioneros en la detección de Pegasus, los expertos de Citizen Lab –una unidad de la Universidad de Toronto-- realizaron análisis forenses de 23 dispositivos, propiedad de 22 periodistas, en los cuales encontraron “resultados positivos muy confiables de infección con Pegasus”.

Los expertos del Citizen Lab analizaron los dispositivos de los periodistas a raíz de que éstos fueron alertados por la empresa Apple sobre tentativas de intervención de sus celulares mediante Pegasus. Apple demandó a la empresa NSO Group después que Proceso y otros 149 medios internacionales exhibieran los abusos perpetrados con el spyware en varios países del mundo, en la investigación global Pegasus Project.

Esta investigación mostró, entre otros, cómo el gobierno de Peña Nieto utilizó Pegasus de manera masiva para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos, abogados, sindicalistas u opositores políticos, en un caso que permanece impune a pesar de las evidencias exhibidas y de carpetas de investigación abiertas hace más de cinco años.

Fenómeno de la política centroamericana –y de cierto modo en América Latina--, Bukele goza de una tasa de aprobación superior al 80%, a pesar de que ha dado un giro autoritario a su gestión, silenciando a los opositores y negando los señalamientos de corrupción que el gobierno de Estados Unidos emitió contra tres de sus colaboradores cercanos, entre ellos su jefa de gabinete.

En septiembre de 2020, el presidente dio una conferencia de prensa en la cual anunció la apertura de una investigación contra El Faro por lavado de dinero, semanas después que el periódico digital revelara las negociaciones secretas del gobierno con el grupo criminal Mara Salvatrucha.

Citizen Lab reveló que los ataques con Pegasus contra los teléfonos de periodistas de El Faro fueron perpetrados por lo menos entre julio de 2020 y noviembre de 2021, es decir, cuatro meses después de la publicación de Pegasus Project.  

“Desde que el presidente Bukele tomó posesión, en 2019, la situación de los derechos humanos en el país se ha deteriorado de manera rápida. La libertad de expresión ha sido uno de los derechos que ha enfrentado más obstáculos, con servidores públicos que han expresado públicamente y reiteradamente su rechazo en aceptar la disidencia, y han buscado desacreditar a quiénes exhiben las prácticas de las autoridades que violan o amenazan los derechos humanos”, denunció Amnistía Internacional en un comunicado.