CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El impacto de la reducción presupuestaria en los centros de reclusión federales ha generado el desabasto de medicamentos, de noviembre pasado a la fecha en al menos diez reclusorios federales, alertó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al emitir medidas cautelares para la población penitenciaria.

A través de un comunicado, la CNDH indicó que de enero a diciembre de 2021 recibió “un total de mil 543 quejas en materia penitenciaria, de las cuales 958 quejas señalaron como derecho vulnerado el derecho a la salud, correspondiendo a un 62.1% del total de quejas recibidas durante el año que acaba de terminar”.

Explicó que, del total de quejas recibidas por la población penitenciaria, 796 fueron concluidas durante el trámite, lo que representa un 97.36% del total, entre las cuales en 27 quejas “se emitieron Acuerdos Conciliatorios (2.14%), en uno se emitió una recomendación especial (0.13%)”, mientras que en 162 casos el trámite continúa.

El organismo informó que personal a su cargó constató los días 6 y 7 de enero que en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) de Ocampo, Guanajuato; Almoloya de Juárez, Estado de México; Guadalupe Victoria y Gómez Palacio en Durango; Guasave, Sinaloa; Hermosillo, Sonora; Coatlán del Río, Morelos; Buenavista Tomatlán, Michoacán; Ramos Arizpe Coahuila y Mihuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, “existe escasez de medicamentos controlados y de alta especialidad, lo cual fue corroborado por las personas privadas de libertad, quienes precisaron que el poco medicamento que les proporcionan no corresponde con las indicaciones médicas, pues se les entrega incompleto o en dosis menores, situación que ha agravado del mes de noviembre de 2021 a la fecha”.

Ante la prevalencia de quejas, la CNDH solicitó “la urgente adopción de medidas cautelares” al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OAPDRS) para garantizar “la dotación y suministro de medicamentos y de alta especialidad, en favor de las personas privadas de libertad” en los Ceferesos del país que los requieran.

El organismo puntualizó que desde finales del año pasado registró un incremento de quejas y solicitudes atendidas relacionadas con la falta de medicamentos de la población penitenciaria, principalmente aquella que padece enfermedades crónico-degenerativos, psiquiátricos y de especialidad.

Apuntó que la escasez de medicamentos “ha tenido como consecuencia que las personas privadas de libertad pasen largos periodos sin tratamiento, que el personal de esos establecimientos modifique las dosis y tipos de medicamentos prescritos por los médicos tratantes y/o se solicite a los propios internos o sus familiares que cubran los costos de los fármacos, lo que además se somete a un procedimiento que demora de 30 a 45 días, generando disgusto e inconformidad en la población interna”.

La CNDH puso como ejemplo de las consecuencias de la crisis el caso del Cefereso de Ocampo, en donde personal informó que “durante el mes de diciembre se presentaron dos incidentes con personas privadas de la libertad que intentaron auto agredirse y atentar contra su vida al no recibir medicamento controlado”.

Apuntó que el argumento que han dado las autoridades “para justificar tales irregularidades, se basa en el cierre de presupuesto y la falta de recursos para la adquisición de los medicamentos, teniendo que esperar hasta el mes de febrero de 2022 para que se autorice el presupuesto fiscal y se efectúen las gestiones para la adquisición y abasto de tratamientos”.

Según el organismo, dará seguimiento “puntual a la situación que prevalece en los diversos Ceferesos del país, para que las autoridades penitenciarias, en coordinación con las autoridades de las Secretarías de Salud, federal y estatales, realicen las acciones que garanticen el abasto suficiente de medicamentos que requieren las personas privadas de libertad”.

El organismo instruyó a las autoridades penitenciarias “que se les brinde atención médica integral, a fin de proteger su derecho a la salud en transversalidad con la protección de sus derechos a la vida a la integridad y a una calidad de vida en reclusión, debiendo centrar sus funciones conforme a los principios de debida diligencia, dignidad, trato humano e igualdad”.