CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la crisis migratoria en México, organizaciones civiles urgieron al Estado mexicano a atender las necesidades de salud y las solicitudes de asilo de miles de personas que cruzan la frontera sur, en su viaje hacia el norte del país.

Médicos Sin Fronteras y Asylum Access México, alertaron sobre las necesidades de salud y de protección internacional en las fronteras del país, en comunicados diferentes. 

Con un despliegue de médicos, psicólogos y trabajadores sociales en Tapachula, Chiapas, para atender la emergencia humanitaria, Médicos Sin Fronteras denunció que “la situación de decenas de miles de personas migrantes de América Central y del sur de México es de una vulnerabilidad extrema debido a las continuas deportaciones desde los Estados Unidos, y al fracaso de las políticas de asilo”,

La organización resaltó que tanto en el norte como en el sur de México, las personas migrantes sufren condiciones de hacinamiento y falta de acceso a servicios médicos y sociales, de ahí que MSF decidió mandar un equipo de profesionistas a Tapachula, “donde según las autoridades se aglomeran unos 40 mil migrantes, 500 de los cuales partieron el sábado 4 de septiembre de madrugada en una caravana hacia el norte del país para protestar por su situación de abandono, sin servicios, alojamiento o trabajo”.

Apuntó que en Tapachula su personal atendió por “heridas en los pies a varias personas y ha tratado a pacientes por deshidratación, dolores de cabeza, musculares y atendiendo un caso de hipoglucemia”.

El coordinador del proyecto de migrantes de MSF en México, Christoph Jankhöler sostuvo que en el ámbito psicológico les preocupa “los cuadros de ansiedad, depresión y desesperanza que presenta la población ante la falta de respuesta de las autoridades”.

De la revisión de la población migrante en Tapachula, los integrantes de MSF concluyeron que hay personas de Honduras, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Haití o Cuba, siendo una parte significativa mujeres y niños, quienes “están en el limbo desde hacer meses a la espera de la resolución de su estatus migratorio: muchas cruzaron recientemente la frontera con Guatemala, mientras que otras fueron deportadas por Estados Unidos a la frontera norte de México y después trasladadas al sur del país por las autoridades mexicanas”.

MSF expuso que en el norte del país, en Reynosa, Tamaulipas, se encuentran unas dos mil personas originaras primordialmente del norte de Centroamérica, viviendo en carpas de campaña, “expuestas a un calor inclemente, sin acceso adecuado a los servicios básicos y en grave riesgo de inseguridad”, asentadas a unos 200 metros del puente internacional que une a esta ciudad con Hidalgo, Texas.

La organización internacional describió que en la Plaza de la República de la ciudad fronteriza mexicana “hay apenas 18 sanitarios públicos disponibles, o sea uno por cada 110 personas aproximadamente, y quien quiera bañarse o lavar ropa debe pagar 10 pesos mexicanos (medio dólar) para usar las duchas y los fregaderos por máximo 10 minutos”.

Agregó que en esa zona, “el agua potable (que a veces escasea), la ropa, los alimentos, las colchonetas, las carpas, las medicinas y consultas médicas han sido provistas por la sociedad civil”.

La responsable de asuntos humanitarios de MSF en Reynosa, Anayeli Flores, explicó que en la frontera norte, los migrantes que huyen de la violencia en sus países de origen, han encontrado como única opción solicitar asilo y esperar la autorización.

“Ni el gobierno mexicano ni estadunidense brindan apoyo, pese a que sus políticas restrictivas son las que mantienen a estas personas en condiciones de vulnerabilidad, violando el derecho internacional a solicitar refugio”, apuntó la defensora.

Entre marzo y agosto, MSF brindó 902 consultas médicas, por afectaciones de carácter respiratorio, digestivo y cutáneo, “relacionadas con el grave hacinamiento y falta de higiene”, en tanto que apoyó orientación dada por trabajadoras sociales y la entrega de agua potable.

 La organización contó que muchos de los pacientes también presentaron “dolores musculares y heridas en los pies por cuenta de las largas caminatas que han experimentado antes de se expulsados de Estados Unidos, y han desarrollado afectaciones emocionales como ansiedad y estrés, incluso trastornos psicológicos, debido a la combinación de violencia sufrida en sus lugares de origen o durante el camino con las precarias condiciones de hábitat y la incertidumbre sobre el futuro o la separación familiar”.

MSF advirtió que en la frontera norte de México hay mujeres no acompañadas, mujeres embarazadas, niñas y niños, adultos mayores población LGBTIQ, indígenas  y no hispanohablantes, que han sido expulsados de Estados Unidos al amparo del Título 42, que “constituye una flagrante violación al derecho internacional y que usa la pandemia de la covid-19 como pretexto para bloquear rápidamente  a las personas que buscan protección en ese país”, y mandarlas a México, con la complacencia de las autoridades mexicanas.

“La situación de las personas migrantes en México es insostenible -dijo Gemma Domínguez, coordinadora general de MSF en México-. Las políticas migratorias que criminalizan la migración, la falta de respuesta humanitaria adecuada, la violencia reiterada y la persecución contra las personas migrantes son inaceptables y ponen en peligro las vidas de miles de hombres mujeres y niños”.

Asylum Access mostró su preocupación por la deportación de personas con necesidad de protección internacional, a quienes no se les ha permitido solicitar asilo ante la Comisión Mexicana de Ayda a Refugiados (COMAR), pese a cumplir con los lineamientos de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

La semana pasada personal a su cargo fue testigo que “personas centroamericanas fueron deportadas en vuelos procedentes de Estados Unidos, así como de otros estados del norte y centro de México, al aeropuerto de Villahermosa, y después trasladados en autobuses suministrados por el Instituto Nacional de Migración (INM) al punto fronterizo de El Ceibo”, refirió el organismo.

Asylum Access México reveló que dos personas de origen hondureño, que salieron de su país de origen “para permanecer con vida”, a quienes dio acompañamiento jurídico, solicitaron asilo a las autoridades mexicanas por razones humanitarias en el punto de internación de El Ceibo.

Pese a la fundamentación jurídica, en la Constitución y en la Ley sobre Refugiados y la Ley de Migración, “las autoridades migratorias mexicanas de El Ceibo se rehusaron a  recibir los documentos argumentando que éstos se entregan a las autoridades de migración en Villahermosa, por lo que detuvieron a las personas para llevarlas a la estación migratoria de dicha ciudad”.

Aunque los migrantes reiteraron en varias ocasiones que la destinataria de los documentos era COMAR, las autoridades del INM les impidieron realizar el trámite contra lo que indica la legislación que establece que el INM debe avisar por escrito a la COMAR cuando una persona “exprese su deseo de iniciar el procedimiento de la condición de refugiado”.

Las personas a las que representa Asylum Access fueron deportadas a Guatemala, sin que en el INM se les proporcionara documentación que diera cuenta de la solicitud de refugio que hicieron a México, firmando documentos “que no tuvieron la oportunidad de leer”, tras sugerirles que realizaran la solicitud de refugio en Tenosique.

Alejandro Macías Delgadillo, directora de Asylum Access México consideró preocupante que en el país “se continúe violando sistemáticamente el principio de no devolución”, y que el INM se ha convertido en una entidad que “no respeta ni garantiza la protección de las personas”, a pesar de los tratados y convenciones a derechos humanos a los que se ha adherido el país.         

Al señalar que la obstaculización a los solicitantes de refugio se ha generalizado, contra el derecho de las personas a solicitar asilo, la defensora alertó que estos hechos se “suman a los actos ilegales y violentos registrados en las últimas semanas contra personas migrantes y con necesidad de protección internacional en la frontera sur”.

Asylum Access México envió un “extrañamiento al INM por la violación de la legislación mexicana”, exhortando a los directivos del organismo a “cumplir con sus responsabilidades y garantizar que las personas con necesidades de protección internacional no sean rechazadas en frontera y puedan ejercer su derecho constitucional de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en México”.

La organización llamó a la COMAR y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para intervenir conforme a las facultades que la Ley establece en la materia y garantizar que las personas sujetas de preocupación internacional no sean deportadas y puestas en riesgo por autoridades mexicanas”.