CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Carlos Treviño Medina, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), no asistió a la audiencia programada para este martes en el penal federal del Altiplano, Estado de México, por considerar que “no hay condiciones de legalidad y seguridad jurídica que garanticen un juicio justo”.

Ante la inasistencia, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitará al juez que gire una orden de detención en contra del exfuncionario, mientras que el juez de control Daniel Ramírez Peña impuso a la defensa una multa de 4 mil 400 pesos.

En este juicio, la FGR acusa a Treviño Medina de presuntamente cometer los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien se encuentra en prisión domiciliaria, afirmó haber sobornado a Treviño con 4 millones de pesos para la aprobación del contrato de la planta de Etileno XXI suscrito en 2009 con Braskem, filial de Odebrecht.

A las 16 horas de este martes, el abogado Oscar Zamudio envió un escrito al juez Ramírez Peña, en el que justificó la inasistencia de Treviño a la audiencia, bajo el argumento de que “no hay condiciones de legalidad y seguridad jurídica que garanticen un juicio justo”.

En el escrito también cuestiona las determinaciones judiciales que, en su opinión, fueron dictadas contra el debido proceso, y puntualizó que su cliente no puede asistir a la audiencia sin un fallo que aclare quién es competente para tramitar el caso, si un juez de la Ciudad de México o uno de Almoloya.

También pidió al impartidor de justicia no considerar la inasistencia como un desacato, ya que “es la única manera de evitar la consumación de una violación procesal”, que consiste en permitir que un juzgador resuelva su situación jurídica sin ser competente y sin haber contado con el tiempo necesario para preparar su defensa.

La semana pasada Carlos Treviño pidió a Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Reclusorio Norte, atraer el caso, ya que la causa penal está directamente relacionada con el proceso del exsenador panista Jorge Luis Lavalle, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, por presuntamente recibir sobornos de Emilio Lozoya Austin para aprobar la reforma energética en 2013.