CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo un reconocimiento al Instituto Nacional Electoral (INE) por la organización de los comicios piloto en Centros Federales de Readaptación Social del país seleccionados previamente para el proceso electoral del pasado 6 de julio, y alentó a tomar en cuenta esa experiencia para el proceso electoral de 2024.

El organismo puntualizó que la actuación del INE “ha permitido demostrar que los comicios anticipados en prisión preventiva deben ser una realidad y no un obstáculo en el goce de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.

Tras recordar que, el ejercicio de los derechos políticos forman parte de “una obligación cívica que no debería ser suspendida o restringida con motivo de la situación jurídica de las personas”, la CNDH consideró que el plan piloto permitió “identificar las buenas prácticas, áreas de oportunidad y aspectos a mejorarse” en vistas a las elecciones de 2024.

En su Informe Especial del Modelo de Votación 2020-2021, la CNDH puntualizó que garantizar los derechos políticos a personas privadas de libertad “contribuirá a romper la invisibilización, estigmas y prejuicios creados a partir de la situación jurídica de las personas en prisión preventiva”.

Añadió que los prejuicios contra esa población, la ha colocado “en desventaja con respecto al ejercicio de sus derechos y el acceso efectivo a requerimientos específicos y necesidades básicas con respecto a la población en libertad, situación que transversalmente incide y repercute en su efectiva reinserción social”.

El organismo consideró de primordial relevancia “generara acciones a favor del reconocimiento pleno de los derechos humanos de las mujeres en reclusión, principalmente con respecto al incrementar su participación en este ejercicio democrático, involucrarlas y sensiblilizarlas respecto de su toma de decisiones, a través del ejercicio del voto es indispensable, a fin de eliminar las brechas de desigualdad que existen entre hombres y mujeres”.

El organismo alentó a que en los próximos comicios de 2024, “se prevea una mayor participación (de las mujeres) y que al menos refleje una proporción igual a la esperada con respecto a los hombres en prisión”.

La CNDH consideró importante que se considerara la participación política de personas sin sentencias sino también de las sentenciadas, a fin de que “sufran la menor restricción constitucional posible, para que les permita ejercer su derecho de opinión como miembros de una sociedad tendiente a decidir sobre el destino democrático de su país”.

De igual manera, sugirió que “las distintas plataformas políticas, por medio de sus representantes, candidatos y candidatos, consideren la importancia de acercarse y hacer llegar propuestas reales enfocadas a este grupo de personas”.

El organismo agregó que los actores políticos, “junto con las instituciones involucradas en dicho proceso, deben observar que la medida preventiva de libertad en muchos casos es temporal, y reviste como fin último la reinserción social, por lo que delegarlos o invisibilizarlos en sus propuestas y programas de gobierno, sólo contribuye a alimentar la sistemática discriminación que sufren”.

El organismo propuso que, en la organización de comicios dentro de los centros de reclusión de 2024, “la participación de observadores electorales, lo que permitirá garantizar la mayor y amplia transparencia en la realización de las actividades que se desarrollen durante el proceso electoral, así como contar con una adecuada retroalimentación respecto de ese ejercicio con miras a su mejoramiento y eficacia para las próximas elecciones”.

El organismo se comprometió a mantener se atento a las decisiones de las autoridades electorales para “no retroceder en el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, como en este caso, respecto de sus derechos políticos electorales, colocando como punto de partida frente a los próximos comicios, que la suspensión de tales derechos, en su modalidad de ejercer el voto, no debería representar una medida adicional a la pena privativa de la libertad impuesta, sino una puerta más, que les invite a participar en la toma de decisiones que contribuyan al desarrollo del bienestar que contribuyan al desarrollo y bienestar social de su país”.