CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familias de la sierra de Chihuahua, desplazadas por la violencia en la región, denunciaron el abandono institucional de los gobiernos federal y estatal, así como la falta de garantías para retornar a sus comunidades.

En conferencia de prensa, acompañadas de sus representantes legales, integrantes de 23 familias de El Manzano, municipio de Uriachi, y de Monterde, en Guazapares, informaron que tuvieron que recurrir al Poder Judicial de la Federación, que les concedió amparos para obligar al Estado mexicano a dar respuesta a sus exigencias de pacificación en la sierra de Chihuahua, pues no son las únicas familias que han sido expulsadas de sus comunidades por el crimen organizado.

En el Senado de la República, Margarita Contreras, Gerardo Girón y Nubia Sánchez, habitantes de esas comunidades, explicaron que entre 2014 y 2016, hombres armados llegaron a las comunidades, quemaron viviendas y vehículos, y los amenazaron de muerte, todo para obligarlos a dejar sus tierras y animales.

Contaron que pese a conseguir medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015, han sido asesinados tres integrantes de los núcleos familiares afectados.

Denunciaron que el apoyo que han tenido de autoridades federales y estatales, de vivienda y alimentación, ha sido insuficiente, mientras que los crímenes por las muertes de sus familiares y el despojo de sus tierras se mantienen impunes.

Asentados en los municipios de Chihuahua y de Cuauhtémoc, los representantes de las familias sostuvieron que viven en la incertidumbre, porque hasta ahora no saben qué será de ellos, si serán reubicados o será pacificada la región para regresar a sus tierras.

“Queremos que nos escuchen, que se haga justicia, que agarren a los que han hecho daño”, clamó Nubia Sánchez, hermana de una de las víctimas mortales, quien recordó que durante seis horas hombres armados dispararon contra sus viviendas, sin recibir ayuda de los gobiernos federal o estatal, a pesar de haberlo solicitado.

En la conferencia de prensa, Isabel Saldívar, de la Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), explicó que ante las omisiones del Estado mexicano, 80 integrantes de las familias Sánchez Lagarda y Soto Contreras, recurrieron al Poder Judicial de la Federación, interponiendo amparos en mayo y junio pasados, “en contra del presidente de la República, en contra de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Gobernación, en contra del gobernador del estado, el fiscal general del estado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado, por omisión en respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las familias y por dejar de ejercer sus atribuciones constitucionales para protegerlos”.

La abogada destacó que en ambos casos los jueces concedieron las suspensiones de plano y provisional, en las que “se pedía a las autoridades que garantizaran condiciones dignas a las personas en desplazamiento y ampliaran medidas de protección para las personas no incluidas en los amparos”.

Saldívar agregó que, ante la falta de atención a los requerimientos judiciales, el pasado jueves 23 los jueces dieron un plazo de 24 horas para atender la suspensión de plano a favor de las familias desplazadas, que se ha convertido en “la primera suspensión lograda de la colectividad en condición de desplazamiento”.

Las audiencias constitucionales de los amparos se llevarán a cabo los días 7 y 25 de octubre próximo, y los jueces tendrán que pronunciarse sobre la reparación integral del daño, acceso a la justicia, condiciones de seguridad para el retorno a comunidades, medidas de restitución del patrimonio en las comunidades y medidas de no repetición, lo último ligado al establecimiento de la Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado Interno, hasta ahora inexistente.

Gabino Gómez Escárcega, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhem), recordó que la organización ha acompañado a estas familias desplazadas desde 2015, año en que se entrevistó con el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, quien entonces dijo que “no habría intervención para pacificar la zona”.

De igual manera, apuntó que el pasado 20 de agosto los desplazados y sus representantes fueron citados a las instalaciones de la 42 Zona Militar en Parral, donde les informaron que “no pueden hacer ningún operativo para pacificar, lo mismo que nos dijeron hace seis años”.

El defensor destacó que entre los obstáculos que han tenido las familias desplazadas es que ante la ley “no son consideradas víctimas, por lo que pedimos que el Congreso de la Unión ponga atención a esta situación, porque hay miles de familias desplazadas, ni siquiera hay cifras reales, por lo que requerimos que haya cambios en la legislación para que las personas desplazadas sean consideradas víctimas y las autoridades cumplan con su obligación”.

León Alberto Pérez, representante de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), resaltó que, de acuerdo con el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, durante el último año en México se registraron 9 mil 700 personas desplazadas, que se sumaron a las 357 mil que ya se encuentran en esa condición.

El defensor apuntó que, según ese registro no oficial, por derivarse de cálculos de la organización civil, los desplazamientos internos en México tienen como origen conflictos agrarios, por el uso y explotación de recursos naturales, por pleitos entre partidos políticos, por la imposición de mega proyectos y por violencia generada por el crimen organizado.