CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Activistas de 16 organizaciones de la entidad, algunos de los cuales trabajaron en el gobierno de Javier Corral Jurado o formaron parte de la Alianza Ciudadana que apoyó su candidatura, denunciaron ante el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Alejandro Encinas Rodríguez, que han sido amenazados y hostigados después de las elecciones del 6 de junio pasado.

"Estas agresiones lo mismo van desde las amenazas verbales, los ataques en las redes sociales, los despidos de instituciones de educación pública o el acotamiento de los márgenes de libertad de quienes ahí prestan su servicio; las calumnias en columnas periodísticas, seguimiento sistemático a los vehículos de algunos activistas y difusión de información difamatoria que pone en alto riesgo a las personas que se denuestan, como es el caso reciente de una carta hecha pública del anterior gobernador de la entidad, César Duarte Jáquez, quien sobre nuestro compañero Víctor Quintana afirma que hizo 'arreglos' con la delincuencia organizada para acordar su muerte cuando llegara a Chihuahua, esto a través de un 'conocido sacerdote' que fungió como enlace para abrir la comunicación", dice una misiva que enviaron al funcionario federal.

En la denuncia detallan que quienes suscriben el documento son defensoras y defensores de los derechos humanos en diversas áreas y regiones de la entidad, que han trabajado por décadas en las condiciones más adversas y han logrado avances significativos en materia de derechos y libertades en Chihuahua.

"Los últimos meses, sobre todo después de las elecciones del 6 de junio, se han generado una serie de hechos que implican diversas formas de agresión a personas que se han distinguido por defender los derechos sociales, comunitarios e individuales, así como por denunciar las violaciones a los mismos y los diferentes actos y procesos de corrupción e impunidad en la administración pública".

El grupo de activistas alerta sobre la gravedad extrema del ambiente que se ha generado, porque los coloca en una alta vulnerabilidad con el descrédito público de su labor, dado que constituye el comienzo de una "verdadera" persecución política en contra del conjunto de personas comprometidas con los derechos, las libertades y la lucha contra la corrupción y la impunidad en el estado.

Asimismo, en la carta dirigida a Alejandro Encinas advierten que seguirán firmes en sus luchas a favor de los derechos humanos en la entidad, y hacen responsables de su integridad física, moral y patrimonial a los "correspondientes órdenes de gobierno” y demandan de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que se active y se amplíe el Mecanismo de Protección a Defensoras, Defensores y Periodistas.

Las organizaciones firmantes son: Abogadas Demócratas, Alianza Sierra Madre A. C, Barzón Chihuahua Bowerasa A.C, Casa Amiga Esther Chávez Cano A.C, Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua A. C, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C, Consultoría Técnica Comunitaria A.C, Derechos Humanos Integrales en Acción A.C, Ecos de Mirabal, Fátima IBP, Grupo Feminista Ocho de Marzo Chihuahua A.C, Justicia para Nuestras Hijas A.C, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C y Uno de Siete Migrando A.C.