Guanajuato cuenta con un “sistema de ciudades” interconectadas y de fácil acceso que desde siempre ha potenciado su desarrollo económico a la par que ha prohijado una lacerante desigualdad social. Ese “sistema de ciudades” facilitó hace 200 años la lucha por la Independencia tal como hoy favorece la expansión del crimen organizado. Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Acámbaro, Cortazar, Celaya y León –ciudades emblemáticas del inicio o de la consumación de la Independencia– son escenarios de cruentas disputas entre cárteles que han convertido a esta entidad en una de las más violentas y convulsas del país.

DOLORES HIDALGO (apro).- Las ciudades que forman parte de la Ruta de la Independencia y fueron escenarios de momentos previos a su consumación en Guanajuato están sitiadas ahora por otra guerra, otros saqueos, otra violencia.

El camino que se inició en 1810 en Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Guanajuato, cuya etapa final de 1821 tocó a Acámbaro, Cortazar, Celaya y León, es asaltado por otro tipo de ejércitos para los que no hay más ley que el exterminio del otro.

Frente a autoridades estatales y federales que en los últimos años han invertido miles de millones de pesos en tecnología, equipamiento y capacitación policiaca y de procuración de justicia, la guerra que se libra en estas ciudades ha dejado, sólo en la última década, más de 20 mil personas asesinadas violentamente.

Un recuento hecho con base en datos oficiales por el investigador Saúl Arellano para México Social, arroja que sólo entre el sexenio del gobernador panista Miguel Márquez Márquez y los casi tres años de su sucesor, Diego Sinhue Rodríguez, se han cometido 20 mil 401 homicidios en Guanajuato.

Aunque la proporción es totalmente disparada en el caso de este último, pues mientras en los seis años de Márquez (entre octubre de 2012 y septiembre de 2018) fueron asesinadas 9 mil 356 personas, de octubre de 2018 a junio del presente año las víctimas de este delito ya suman 11 mil 045, sin que se vea un fin cercano del embate criminal.

Además, varias de estas ciudades afrontan exclusión con zonas de pobreza; una evidente inequidad en la distribución del ingreso, crisis por el agua y problemas de salud por la contaminación elevada de los mantos freáticos, producto de su sobreexplotación.

“Sistema de ciudades”

El sistema de ciudades conocido como “corredor industrial” entre San Francisco del Rincón, León y las localidades de la región Laja-Bajío (con Celaya como epicentro) son favorecidas por la inversión en parques industriales y clústers automotrices. Pero los esquemas laborales de horarios y salarios mantienen a miles de familias precarizadas e inciden en problemas sociales en el entorno de estos centros de desarrollo económico, explica el historiador, analista y maestro en administración pública Arturo Miranda Montero.

“El gran fenómeno de Guanajuato es su gran sistema de ciudades, la gran razón de ser de esta entidad. Un sistema único en el país, no existe otro igual dadas las características que lo originaron”.

Y así lo describe: “San Miguel el Grande (ahora de Allende) como eje articulador de la parte norte del estado porque era el camino de la plata (la minería); al Sur Yuriria, de los primeros asentamientos, hacia Celaya y después las demás que fueron quedando cerca en la planicie agrícola del Bajío: Salamanca, Irapuato, León”.

Sin embargo, Miranda Montero también resalta la contradictoria realidad que desde la colonia marcó la evolución de estas ciudades.

“Guanajuato siempre fue una zona de exclusión: mineros con dinero (plata) que compraban títulos nobiliarios y por otro lado los trabajadores de las minas, en la miseria. Campesinos del Bajío trabajando para los dueños de la tierra o emigrando a los suburbios de las ciudades. Igual que hoy”.

El informe de Pobreza y Evaluación 2020 de la Comisión de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reflejó que en el estado, 43.4% de la población vivía en pobreza (poco más de 2.5 millones de personas, con datos de 2018), mientras que 39.1% estaba en situación de pobreza moderada y 4.2% en pobreza extrema (alrededor de 253 mil personas). “El porcentaje de pobreza en Guanajuato es 1.5 puntos mayor que la media nacional, que es de 41.9 %”, dice el informe.

El 29.4% de la población se clasificó como vulnerable por carencias sociales (esto es, casi 1.8 millones de personas con al menos una carencia) y 7.5% no tenía los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas (cerca de 450 mil guanajuatenses). Particularmente en el caso de los adultos mayores, el estado se ubicó en 2018 en el octavo lugar nacional por su porcentaje de este grupo de población en situación de pobreza.

“Los indicadores tienen a Guanajuato en los últimos lugares en educación y bajo en ingresos”, y en ellos las mujeres aparecen aún más abajo que los hombres, “por lo tanto hay más mujeres desempleadas y empobrecidas”, refiere Miranda en la entrevista.

Comenta que “la gran exclusión es histórica, porque nunca se estructuró una economía para favorecer el desarrollo social de las ciudades. La minería se llevaba el dinero a la corona española. Ahora los canadienses se lo llevan”.

Y 200 años después de la consumación de la Independencia, este sistema de ciudades se ha vuelto útil para que sus habitantes sean sacudidos por otras convulsiones sociales: las del crimen organizado.

“Este sistema ha favorecido incluso al crimen organizado, porque efectivamente tienen la posibilidad de moverse, no sólo por todo el territorio para fincar sus empresas, sino para los movimientos tácticos, ante las posibles andanadas en su contra”, dice Miranda.

El dominio de Celaya permite al crimen organizado tener en sus manos un punto distribuidor, que se enlaza con Querétaro, la Ciudad de México, Michoacán y los distintos puntos dentro del propio estado.

“Por eso Celaya está tan conflictuada, porque tiene gran población a la que pueden explotar y además están los ductos que van a Salamanca –asevera–; por eso este fenómeno se desarrolló muchísimo y hacia los municipios del sur, el trasiego de cualquier cantidad de cosas”.

Así, añade, las empresas criminales pueden perfectamente aprovechar la posibilidad de desplazamiento entre varias de estas ciudades en no más de dos horas.

La cuna olvidada

Mientras tanto, aquí en Dolores Hidalgo se resiente la marginación.

Dice el cronista de Dolores, César Fernando Aguayo Juárez, que del trazo original alrededor de la parroquia –un tablero de ajedrez ideado por el fundador de la ciudad, el cura Álvaro de Osio y Ocampo, en 1710–, Dolores Hidalgo no creció sino que fue brutalmente castigado y bloqueado económicamente por la corona española después del inicio de la Independencia.

Hasta mediados del siglo XX tuvo una primera colonia fuera del centro de la ciudad, favorecida por el presidente Lázaro Cárdenas, el primer mandatario que celebraría un aniversario del inicio de Independencia desde esta ciudad (en 1940). “Un benefactor fue Adolfo López Mateos, con bastante obra pública. Fue cuando dejamos de ser pueblito y pasamos a ser, ahora sí, ciudad”.

Un informe de la Secretaría de Desarrollo Social sobre indicadores de pobreza de 2018 arrojó que Dolores Hidalgo figuraba entre los 10 municipios con mayor rezago:14% de sus viviendas carecía de drenaje, 3.5% no tenía electricidad. De los casi 160 mil habitantes del municipio en ese año, más de 89 mil no habían terminado sus estudios básicos.

La secretaria del Ayuntamiento –y alcaldesa interina durante el pasado proceso electoral–, Jennifer Elaine Cárdenas, señala sin rodeos: “Dolores es una ciudad discriminada. Es poco volteada a ver, a pesar de la importancia que tiene para la nación. En cuanto a su desarrollo social, no es una ciudad mejor que las demás de la región norte del estado (que presentan el mayor grado de marginación); podría ser una ciudad más fuerte, más desarrollada y no lo es, le faltan muchísimas cosas. Vas a las comunidades y encuentras un rezago y una pobreza impresionantes; gente que no tiene qué comer”.

Actualmente la población del municipio aún tiene una distribución equilibrada entre sus 550 comunidades rurales, donde viven unos 80 mil habitantes, y la cabecera, donde están otros 90 mil.

El municipio, dice, está “como en el limbo, porque de la región Norte no es considerado el más necesitado, pero tampoco somos parte del Bajío. Entonces nos quedamos en medio. Y todas las políticas públicas van encaminadas a detonar otra región, ahorita el tema es la ‘mente factura’ (el proyecto de innovación del gobernador Sinhue), mientras que tampoco estamos como San Miguel (municipio colindante) con grandes atractivos turísticos”.

Tampoco la instalación de varias agroindustrias de vegetales de exportación ha mejorado la calidad de vida de las comunidades. Las agroindustrias “generan migración laboral, pero de otros estados. Se traen gente de Guerrero, de Oaxaca, y no generan mayor beneficio a las comunidades cercanas”, expone.

Estas empresas han impactado, por el contrario, en otra crisis: la del agua.

“Se dice aquí que el agua se va a Estados Unidos en forma de lechuga, brócoli y todos esos vegetales. Mientras que hay un montón de comunidades que no tienen servicios de agua potable, aunque tampoco es fácil”, explica Cárdenas.

El saqueo del agua

Desde las oficinas del Centro de Desarrollo Agropecuario, AC (Cedesa), una de sus fundadoras, Graciela Martínez, y la actual directora, Mercedes Páramo, afirman que, además de la reforma salinista al Artículo 27 constitucional, el Tratado de Libre Comercio abrió las puertas no sólo al desmantelamiento de los ejidos y a una fuerte migración hacia Estados Unidos, sino también a la renta y venta de tierras a la agroindustria de hortalizas de exportación, de las que en Dolores hay de origen estadunidense, chino, árabe y de otros países.

Estas empresas “pudieron comprar tierra, perforar su pozo, utilizar el agua e implementar las tecnologías que quisieran, uso de plaguicidas, fertilizantes y mano de obra barata. Eso vino a afectar muchísimo a la región porque aumentó el saqueo del agua, se acabó el agua joven y esto se identificó en un estudio que hizo la UNAM; se identificó la problemática y se cuantificaron más de 3 mil pozos, la mayoría agrícolas”, señalaron.

Esta organización –surgida a mediados de los sesenta en un proceso de pastoral rural desde el Secretariado Social del Episcopado Mexicano, órgano difusor de la doctrina social de la Iglesia– ha promovido la organización comunitaria, los proyectos de salud y autosustentabilidad y ha acompañado a comunidades de la región en la defensa del agua y el territorio.

Graciela Martínez hace referencia al estudio publicado en 2009 por el geohidrólogo de la UNAM Marcos Adrián Ortega Guerrero. Éste documentó mediante diversas pruebas, monitoreos y muestras de cientos de pozos analizados en laboratorios certificados, no sólo el acelerado abatimiento de los mantos freáticos, sino los elevados niveles de arsénico y flúor del agua en puntos de la cuenca del Alto Río Laja o Cuenca de la Independencia, que abarca por lo menos siete municipios de la región: San Felipe, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide y San Miguel de Allende.

En algunos puntos, hasta cinco y 10 veces más de los valores máximos permisibles de arsénico y flúor, respectivamente.

A partir de procesos de acercamiento para facilitar proyectos como las cisternas recolectoras de agua, Cedesa percibió cómo los habitantes de comunidades de estos municipios “empezaron a identificar síntomas que no conocían o no asociaban con consumir el agua (de los pozos) con fluoruro o arsénico, como dolores de cabeza, fragilidad en los huesos, fluorosis dental, muchos casos de insuficiencia renal”, expuso Graciela Martínez.

A pesar de la amplia difusión dada a estos resultados en la zona y que fueron entregados a las autoridades de Conagua, del gobierno estatal y los municipios –pues ya en 2009 se sugerían acciones urgentes– éstas se han negado rotundamente a admitir los niveles de contaminación y los impactos en la salud.

Para la Asociación Ayúdame, Enfermos Renales y de Cáncer, AC, la realidad es otra: en colonias y comunidades muy focalizadas de Dolores y la región hay familias enteras enfermas de insuficiencia renal que lo único que tienen en común es el agua que consumen”, explica Héctor Hurtado Medina, fundador de la organización no gubernamental y la primera persona en recibir un riñón en el Hospital de Alta Especialidad del Bajío, donde los médicos, al darse cuenta del número de dolorenses en esa misma situación, “me dijeron que llevara más gente”.

En 2015 Dolores Hidalgo estaba entre el cuarto y quinto lugar nacional en casos de insuficiencia renal. “Me decían las autoridades de Salud que en León también hay muchos casos. Pero además de que es la ciudad con más población, allá tienen muchos recursos y servicios, hay muchas asociaciones de ayuda. De este lado del estado la gente batalla más”.

Son más de 800 las personas con este padecimiento registradas por la asociación, en un estado que tiene una lista de mil 800 personas en espera de un trasplante y que el año pasado no tuvo más de 20 donadores.

“La hemodiálisis y la diálisis son muy costosas, la mayoría de la gente enferma no tiene seguro médico y se muere porque no puede costearlas”, dice Hurtado. “Los gobernadores no han querido reconocer el problema; el anterior, Miguel Márquez, sólo nos dio 535 mil pesos una vez, que se acabaron en menos de dos meses. Me fui a pelear porque al CRIT (Centro Teletón) le dan 16 millones de pesos”.

“En el periodo presidencial de Vicente Fox –exgobernador de Guanajuato– me aburrí de enviar cartas y cartas. Ya sabía cuál sería la respuesta”.

Precisamente sobre la alternancia política en Guanajuato marcada en 1991 por la denuncia de fraude de Fox como candidato a gobernador, Arturo Miranda Montero la resume como “un simple recambio de los priistas por los panistas”.

Aunque la clase panista gobernante en los últimos 30 años en el estado y particularmente en varias de las ciudades de la Ruta de la Independencia, “dejó de ser la doctrinaria que en el poder convivió con los empresarios a los que les abrió la puerta Carlos Salinas; los panistas actuales no son ni doctrinarios ni tradicionales ni empresarios. Y los otros partidos fueron desapareciendo, no le han hecho competencia al panismo en 30 años”.

Eso sí, en estos años el panismo, concluye el historiador y politólogo, “ha colonizado como lo hizo antes el PRI todas las instituciones: el Congreso, el Poder Judicial, las contralorías, los organismos de derechos humanos, hasta los observatorios ciudadanos. Las colonizaron en su beneficio”.