CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Por la privación de la libertad de 95 personas migrantes que transitaban por Tamaulipas en 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 44VG/2021 a la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Nacional de Búsquedas de Personas, así como al gobernador y al fiscal General de Justicia de esa entidad.

La Recomendación está basada en los casos de personas en contexto de movilidad internacional secuestradas mientras viajaban en diversos autobuses por territorio tamaulipeco, el 19, 20 y 27 de febrero, así como 7 y 12 de marzo de ese año.

Tras la investigación, la CNDH halló elementos para acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad ciudadana, de acceso a la justicia en su modalidad de procuración y a la verdad, así como al principio del interés superior de la niñez y adolescencia, por dilación e irregular integración de las carpetas de investigación.

Además, encontró que las instancias de seguridad pública de los gobiernos federal y de Tamaulipas no garantizaron el derecho a la seguridad ciudadana de las víctimas ni implementaron estrategias y políticas públicas que garantizaran el respeto a sus derechos humanos. También omitieron aplicar los procedimientos e instrumentos jurídicos relacionados con la búsqueda de personas y rechazaron brindar información a la propia CNDH.

Los puntos recomendatorios

En la Recomendación, la CNDH solicitó a las autoridades señaladas la celebración de un convenio interinstitucional para identificar las zonas donde ocurre el secuestro de pasajeros de autobús y las rutas de tránsito de los migrantes en ese estado, para implementar operativos de seguridad que incluyan todas las zonas de alto riesgo y se eviten hechos similares. 

También deberán colaborar ampliamente en el trámite y seguimiento de las quejas que se presenten ante los Órganos Internos de Control en cada dependencia, contra las autoridades responsables, por las omisiones expuestas en la Recomendación.

Además, pidió impartir cursos de capacitación integral sobre derechos humanos relacionados con la aplicación de los protocolos referidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y con la privación de libertad de personas en contexto de migración, entre otros temas.

A la FGR solicitó que, a partir de la identificación de las víctimas directas e indirectas de los hechos, se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas y se les otorgue la atención médica y psicológica que requieran, además de una compensación y/o indemnización justa, para que accedan a la reparación integral que proceda conforme a lo previsto en la Ley General de Víctimas.

Para el Instituto Nacional de Migración, le recomendó capacitar en materia de derechos humanos a su personal adscrito y/o comisionado en Tamaulipas y a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas continuar, junto con la FGR, con la localización de las 95 personas relacionadas con el trámite de las indagatorias. 

En tanto, a la Fiscalía Estatal le solicitó ubicar las carpetas de investigación que existen por secuestro y/o privación de la libertad de personas migrantes en la entidad y, cuando las tenga, realizar un análisis de las mismas y diseñar un diagnóstico sobre la situación de incidencia delictiva en esa entidad federativa, así como identificación de grupos criminales.