CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, señaló que la imposición de Reyes Rodríguez Mondragón como magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) carece de validez, pues la sesión en la que se realizó el nombramiento fue convocada de manera irregular, ante la supuesta ausencia del presidente destituido, José Luis Vargas.

El coordinador de Morena en el Senado publicó un análisis de lo acontecido ayer, cuando una mayoría de cinco magistrados del TEPJF estimó que su presidente debía ser removido del cargo.

Señaló que dicha sesión “no fue convocada con la anticipación razonablemente exigida, ni se transmitió por la vía idónea, sino que se hizo a través las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral”.

Sobre los argumentos para la destitución, el líder parlamentario sostuvo que el hecho de que el presidente realizó diferimiento de las sesiones sin razón justificada, no podría ser causa suficiente para su degradación, y que la cobertura incompleta de boletines de prensa institucionales y lo concerniente a que se negó a someter a discusión la remoción del secretario general de Acuerdos y la Subsecretaria General de Acuerdos, tendría que analizarse con seriedad.

De hecho, explicó que ni la Constitución ni la ley reconocen alguna facultad de las magistraturas del TEPJF para evaluar formalmente a su presidente y que la Constitución tampoco establece alguna facultad para destituirlo.

“No obsta que la petición de evaluación o remoción sea para garantizar el funcionamiento del Tribunal Electoral, con base en las atribuciones de cada magistrado para asegurar el funcionamiento del Tribunal”, aseguró el zacatecano.

De acuerdo con Monreal, el dejar sin efectos el mandato constitucional por el que el presidente ejerce su cargo por cuatro años, “en un ámbito de falta de regularidad y sin considerar las formas correspondientes, es un acto que no debe justificarse”, y debe ser valorado.

“En especial si atenta contra la estabilidad de una de las instituciones más importantes de este país: el Tribunal Electoral”, apuntó.

El legislador refirió que la mención al artículo 180, fraccio´n XV, de la Ley Orga´nica, es insuficiente para desvirtuar el mandato constitucional: "porque la ley no podría contradecir lo establecido por la Constitución en cuanto al tiempo de designación, pero además el artículo que citaron los magistrados de la mayoría sólo se refiere a las facultades genéricas que tienen para el correcto funcionamiento del Tribunal".

Por ello, estimó que el Senado de la República, conforme con sus facultades constitucionales, debe responder al llamado de restauración u observancia del orden constitucional en el Tribunal.

“El Tribunal se encuentra en potencial crisis institucional, pero también en una confrontación política, que sólo se superará con la voluntad de sus integrantes y a través de la interlocución de buena fe, tanto de la Suprema Corte de Justicia y en el Senado de la República”, apuntó.