CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante el primer semestre de este año, ocurrieron 362 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, con las que suman mil 663 ataques contra el gremio en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, lo que indica que “la violencia contra la prensa sigue sin mostrar alguna señal de revertirse”, denunció la organización Artículo 19.

De acuerdo con el informe de la situación de violencia contra la prensa durante el primer semestre de 2021, dado a conocer este martes, Artículo 19 resaltó que “cada 12 horas se agrede a una persona o medio en México”, y que los 362 ataques registrados revelan “un crecimiento sostenido de los niveles de violencia”.

Del total, 122 agresiones fueron dirigidos a mujeres, 198 a hombres y 42 a medios de comunicación, resaltando que en los primeros seis meses del año se cometieron los homicidios de Benjamín Morales en Sonora, Gustavo Sánchez Cabrera en Oaxaca y Saúl Tijerina Rentería en Coahuila. A ellos se sumaron más tarde Ricardo López Domínguez de Sonora y recientemente Jacinto Romero Flores de Veracruz.

Al destacarse que en lo que va del sexenio 22 periodistas han sido asesinados, cinco de ellos en el primer semestre de este año, la organización destacó que de acuerdo con los tipos de ataques, la intimidación y el hostigamiento, ocupó el primer lugar, con 113 reportes, de los cuales 38 están relacionados con campañas de desprestigio, 30 comunicaciones intimidatorias y 21 actos de intimidación.

Durante este periodo Artículo 19 registró 54 amenazas, de las cuales “casi cuatro de cada 10 (…) son de muerte”, en tanto que 26 se relacionaron con la integridad de los periodistas y siete con acciones legales y de violencia sexual, en tanto que en 14 casos, las víctimas fueron periodistas mujeres, utilizándose en el 53.7% de los 54 casos, redes sociales, llamadas telefónicas o mensajes de texto.

En tercer y cuarto lugar de las agresiones, Artículo 19 colocó a los ataques físicos, con 35 casos -de los cuales dos fueron catalogados como tentativa de homicidio—y uso ilegítimo del poder público con 22 reportes, “ya sea por medio de procesos electorales, civiles o penales contra medios de comunicación”, mostrando este último tipo de agresiones una tendencia ascendente, toda vez que en todo el año 2020 se presentaron 39 casos.

Como lo ha documentado desde hace años Artículo 19, en el primer semestre de 2021 “el Estado es el principal agresor de la prensa con 134 agresiones”, de las cuales en 83 agresiones están vinculadas “personas funcionarias civiles”, mientras que en 46 los agresores identificados son “fuerzas de seguridad civiles” y a las fuerzas armadas se les identificó en cinco casos, situación que para la organización “es de suma preocupación que el Estado, quien tiene la obligación de ser el garante de los derechos, persista en ser el principal agresor de estos”.

Por niveles de gobierno

En cuanto al nivel de gobierno, en 57 agresiones se identificó como presuntos agresores a funcionarios del ámbito estatal, en 47 del municipal, y en 30 en el federal, datos que “demuestran la animadversión y hostilidad de la prensa desde el poder público y la falta de políticas públicas coordinadas entre los tres niveles de gobierno para prevenir ataques contra la prensa y para proteger a las personas agredidas”.

A esta tendencia Artículo 19 destacó en su informe que, durante el primer semestre del año, en 56 ataques se identificó a “partidos políticos” como probables responsables; en 79 agresiones a individuos y grupos particulares, y sólo en 12 casos se señaló a “distintos grupos del crimen organizado”, cuyas agresiones “pueden ser mucho más graves, como las persecuciones o incluso los asesinatos”.

En cuanto a los estados que acumularon las denuncias, Artículo 19 destacó que en la Ciudad de México se concentró la mayor parte con 64 casos, probablemente motivadas por la existencia de mayor confianza para denunciar, seguida de Tamaulipas y Quintana Roo con 23 casos; Puebla con 22 y Guerrero con 21.

Otras entidades que destacan por el cúmulo de registros son Baja California (19 agresiones), Yucatán y Veracruz (18 ataque en cada una), Sinaloa (16), Oaxaca y Guanajuato (15 en cada una), San Luis Potosí y Jalisco (14 en cada una) y Coahuila (12).

De acuerdo con informe, las temáticas que pudieron ser las causas de las agresiones fueron en 53.76% de la cobertura de corrupción y política (193 casos); en 15.60% seguridad y justicia (56 casos); en 14.48% derechos humanos (52 casos); 11.42% protesta o movimientos sociales (41 casos); y en 1.67% tierra y territorio (6 casos).

Articulo 19 destacó que “del total de 362 agresiones, 113 fueron en cobertura de las elecciones, es decir 31.48%, o 1 de cada 3”, siendo 18 los ataques registrados el mismo día de la elección.

En el contexto electoral, los ataques más frecuentes contra la prensa fueron “intimidaciones y hostigamientos, con 34 casos (30.09%), 19 amenazas (16.81%), 15 bloqueos informativos (13.27%), y 13 ataques físicos (11.50%)”, siendo las campañas de desprestigio en redes sociales una de las más utilizadas en el ámbito de las intimidaciones.

Agresiones en aumento

Artículo 19 resaltó la tendencia de aumento de la violencia en línea contra periodistas, sumando en el primer semestre de este año 132 agresiones, siendo una cifra muy superior a los del primer y segundo año de esta administración, 96 y 121, respectivamente, sumando en total 349 casos de este tipo de violencia. Cabe destacar que el 80.15% del total de las agresiones digitales en el primer semestre de 2021 ocurrieron en plataformas como Facebook, Twitter y YouTube.

La organización alertó que este tipo de violencia, fue recurrente para atacar a periodistas mujeres en 46 casos, y a periodistas transgénero, en dos ocasiones, superando lo documentado en todo 2020 en que se registraron 46 agresiones digitales contra mujeres periodistas.

En cuanto a los autores de este tipo de agresiones, Artículo 19 alertó que, de los 132 casos en la gran mayoría, 47 “provienen de ataques cuya identidad no pudo ser corroborada”, mientras que en 35 se ubicó con fuente de agresiones a funcionarios públicos, en 30 a particulares, en 17 a partidos políticos y en tres al crimen organizado.

La organización advirtió que, durante el primer semestre de 2021, se incrementó la violencia contra las mujeres periodistas, que registraron 118 agresiones, mientras que en cuatro casos se reportaron ataques a mujeres transgénero, “lo que implica un 33.15% de los ataques documentados, 50 casos fueron intimidaciones y hostigamientos, esto incluye 17 campañas de desprestigio y 15 comunicaciones intimidatorias”.

A ello se suman amenazas, de muerte (6 casos), contra su integridad (6), violencia sexual (2) y de tipo legal (1), siendo la mayoría de las amenazas transmitidas por redes sociales y aplicaciones de mensajería, apuntó la organización en su informe.

Ante la prevalencia de la violencia en contra de la prensa, Artículo 19 delineó 12 recomendaciones dirigidas a los gobiernos federal y estatales, al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y a las plataformas digitales.

Entre las acciones urgentes recomendadas destacan el reconocimiento de la prensa “para una sociedad democrática”;  fortalecimiento del Mecanismo de Protección con “recursos humanos y financieros” y asegurar la coordinación con las entidades federativas; integrar la violencia digital como “un factor de riesgo”, agilizar los procesos de incorporación de beneficiarios al Mecanismo y combatir las causas de riesgo; aplicar el “Protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión” y esclarecer los asesinatos.

A las plataformas digitales se les recomendó “compatibilizar sus políticas de moderación, supresión o restricción de contenidos con los estándares de protección al derecho a la libertad de expresión e información particularmente aquellos planteados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”; contar con “mecanismos sencillos y efectivos de reclamación, apelación y revisión y aplicación  de sus políticas de moderación, supresión y restricción de contenidos”, así como “contemplar excepciones en sus políticas de moderación en casos de libertad de expresión, interés público y actividades periodísticas”.